El director general del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Cor\u00e9, fue denunciado y ahora investigado por ordenar la destrucci\u00f3n de registros que pueden guardar pruebas de cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos durante la \u00faltima dictadura c\u00edvico-militar.<\/p>\n
Mientras el gobierno nacional impulsa una reivindicaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas, la justicia federal investiga a un alto mando de la Armada por haber ordenado la destrucci\u00f3n de documentaci\u00f3n que podr\u00eda ser prueba en causas por cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n
A principios de mes, el fiscal F\u00e9lix Crous, responsable de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n, denunci\u00f3 al vicealmirante Juan Carlos Cor\u00e9, director general del Estado Mayor de la Armada.<\/p>\n
El 8 de enero, Cor\u00e9 hab\u00eda firmado un mensaje naval reservado que ordenaba el traslado del Archivo General de la Armada (AGA), del barrio de San Telmo al lugar conocido como Taller Central. Tambi\u00e9n se dispon\u00eda que, a partir del 10 de febrero, se triturara informaci\u00f3n.<\/p>\n
El tema tom\u00f3 estado p\u00fablico a partir de un comunicado de la Asociaci\u00f3n de Archivistas en la Funci\u00f3n P\u00fablica Argentina (Afpa), que advirti\u00f3 que entre los papeles a destruir podr\u00eda haber informaci\u00f3n clave para las investigaciones sobre los cr\u00edmenes cometidos durante los a\u00f1os del terrorismo de Estado.<\/p>\n
Querellas y fiscal\u00edas presentaron pedidos para evitar la mudanza y la eliminaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n. La primera jueza en frenar el traslado fue Alicia Vence, de San Mart\u00edn, pero hubo decisiones en la misma l\u00ednea de magistrados de otras jurisdicciones, como La Plata, Mar del Plata, Bah\u00eda Blanca y la Ciudad de Buenos Aires.<\/p>\n
Como cont\u00f3 este diario, la Armada intent\u00f3 ocultar qui\u00e9n hab\u00eda dado la orden de la mudanza y la destrucci\u00f3n de la informaci\u00f3n, aunque finalmente envi\u00f3 los documentos al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que juzga los cr\u00edmenes cometidos en el centro clandestino de detenci\u00f3n de la Escuela de Mec\u00e1nica de la Armada (Esma).<\/p>\n
Una vez establecido que la disposici\u00f3n fue tomada por Cor\u00e9, el fiscal Crous lo denunci\u00f3 por incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico \u2013ya que con su decisi\u00f3n se violaba incluso normativa interna sobre el tratamiento de archivos\u2013 y por tentativa de destrucci\u00f3n de medios de prueba. Seg\u00fan indicaron en Comodoro Py a P\u00e1gina\/12, el fiscal Ramiro Gonz\u00e1lez impuls\u00f3 la investigaci\u00f3n. La pesquisa tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas, el juez que tiene la causa m\u00e1s voluminosa por cr\u00edmenes de lesa humanidad en la Ciudad de Buenos Aires: la que se centra en el accionar del Primer Cuerpo de Ej\u00e9rcito.<\/p>\n
La intenci\u00f3n de destruir documentos debe leerse en su contexto, sostiene Crous en la denuncia. Entre otros hechos, destaca:<\/p>\n
En febrero de 2024, se hizo p\u00fablico que el subsecretario Guillermo Madero hab\u00eda rechazado enviar documentaci\u00f3n que la Comisi\u00f3n Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) \u2013encargada de buscar a los beb\u00e9s robados durante la dictadura\u2013 le estaba requiriendo al Ministerio de Defensa.<\/p>\n
El 26 de mayo de 2024, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tambi\u00e9n rechaz\u00f3 cooperar con la Conadi por ser un \u201corganismo militante\u201d.
\nEl 2 de julio de 2024, Luis Petri oficializ\u00f3 la resoluci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual eliminaba los equipos de relevamiento y an\u00e1lisis que trabajaban con los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad.
\nEl 13 de agosto de 2024, el presidente Javier Milei elimin\u00f3, por decreto, la Unidad Especial de Investigaci\u00f3n (UEI) que funcionaba en el interior de la Conadi y le otorgaba la facultad de acceder a archivos estatales.
\nEn mayo de este a\u00f1o, Milei degrad\u00f3 la Secretar\u00eda de Derechos Humanos de la Naci\u00f3n a subsecretar\u00eda. En el mismo movimiento, desjerarquiz\u00f3 el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se resguarda el fondo documental de la Comisi\u00f3n Nacional sobre la Desaparici\u00f3n de Personas (Conadep), y el Museo Sitio ESMA.
\n\u201cLa negativa a contestar requerimientos de la Comisi\u00f3n Nacional por el Derecho a la Identidad, la eliminaci\u00f3n del Grupo de Trabajo Permanente de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y la disoluci\u00f3n de la Unidad de Investigaci\u00f3n de la Desaparici\u00f3n de Ni\u00f1os resultaron los proleg\u00f3menos del mensaje naval reservado GFH R 080240\u201d, sostuvo Crous en su denuncia, que fue impulsada por Gonz\u00e1lez.<\/p>\n
\u201cAsimismo, la esterilizaci\u00f3n del Archivo Nacional de la Memoria unos pocos meses despu\u00e9s de verse frustrado el intento de eliminaci\u00f3n de los documentos en guarda en el Archivo General de la Armada no hace m\u00e1s que exhibir el esfuerzo persistente y coordinado dirigido a obstruir la preservaci\u00f3n de la prueba de los delitos cometidos durante la \u00faltima dictadura, cuyos m\u00e1ximos responsables deben determinarse mediante la investigaci\u00f3n pertinente\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n
La Armada tiene un largo historial de destrucci\u00f3n de documentaci\u00f3n, que comenz\u00f3 durante la dictadura. Entre 1982 y 1984, funcion\u00f3 la Comisi\u00f3n Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese), que se ocup\u00f3 de eliminar los archivos del accionar del grupo de tareas de la Esma, entre otros. En democracia, la Marina tambi\u00e9n adulter\u00f3 los legajos de algunos de sus integrantes, como Alfredo Astiz y Horacio Luis Ferrari \u2013tema que tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigado por la justicia federal.<\/p>\n
Tras las elecciones del 26 de octubre, el gobierno redobl\u00f3 su apuesta negacionista. El 6 de noviembre, Petri celebr\u00f3 como un hito de su gesti\u00f3n haber desarmado el \u201cnefasto grupo de trabajo\u201d de archivos, que, seg\u00fan \u00e9l, se dedicaba a \u201ccarpetear\u201d a quienes ten\u00edan \u201cantepasados\u201d vinculados a los a\u00f1os \u201870.<\/p>\n
El s\u00e1bado, el ciclo se complet\u00f3 con el anuncio de que el jefe del Ej\u00e9rcito, Carlos Presti, pasar\u00e1 a reemplazar a Petri en el Ministerio de Defensa. Seguir\u00e1 teniendo estado militar, lo que rompe con una tradici\u00f3n de m\u00e1s de 40 a\u00f1os, que busca la desmilitarizaci\u00f3n de la Defensa y la no partidizaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas. Presti es, adem\u00e1s, hijo de Roque Presti, quien, como jefe del Regimiento de Infanter\u00eda 7 de La Plata, fue responsable de secuestros y desapariciones durante los primeros a\u00f1os de la dictadura.<\/p>\n
En paralelo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Ba\u00f1os, acudi\u00f3 a una cita ante un comit\u00e9 de Naciones Unidas y aprovech\u00f3 esa plataforma para relativizar la magnitud de los cr\u00edmenes de la dictadura y acusar a los organismos de falsear la verdad.<\/p>\n
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