El monto fue transferido por parte del Tribunal, a cargo de N\u00e9stor Costabel, tras la orden de avanzar con el decomiso de los bienes hasta cubrir m\u00e1s de 60 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que recibi\u00f3 238.720 d\u00f3lares incautados al empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez de distintas cuentas y poco m\u00e1s de 4 millones de pesos de la subasta de dos aviones.<\/p>\n
El dinero fue transferido por parte del Tribunal Oral Federal 4, a cargo de N\u00e9stor Costabel, tras la orden de avanzar con el decomiso de los bienes hasta cubrir m\u00e1s de 60 millones de d\u00f3lares en el marco de la causa conocida como “Ruta del dinero K”.<\/p>\n
A principio de este mes, la Corte comenz\u00f3 el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre del empresario condenado.<\/p>\n
Para ello, orden\u00f3 que se proceda a “su inscripci\u00f3n registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los art\u00edculos 23 y 305 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n, y 522 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n”.<\/p>\n
De acuerdo con la condena emitida en abril de 2021 por el TOF 4, los montos decomisados ascienden a aproximadamente 61,13 millones de d\u00f3lares, distribuidos en varias partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 d\u00f3lares. A esto se suman montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, ajustados por inflaci\u00f3n seg\u00fan el \u00edndice del INDEC.<\/p>\n
El fallo original establec\u00eda que, una vez firme, se proceder\u00eda a ejecutar los decomisos sobre todos los bienes embargados. Esta decisi\u00f3n fue ratificada por la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal en febrero de 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos interpuestos por los condenados.<\/p>\n
Desde que se conoci\u00f3 la sentencia el proceso de decomiso present\u00f3 controversias cuando el Gobierno nacional emiti\u00f3 el Decreto 575\/2025, que cre\u00f3 un Consejo de Bienes Recuperados bajo el ala del Ministerio de Justicia, con el fin de supervisar estos activos.<\/p>\n
Esto gener\u00f3 tensiones, ya que la Corte hab\u00eda establecido previamente que corresponde a los jueces penales manejar estos procedimientos para garantizar la independencia judicial.<\/p>\n
La Uni\u00f3n de Empleados de la Justicia de la Naci\u00f3n (UEJN) present\u00f3 entonces una demanda argumentando una intromisi\u00f3n en las competencias del Poder Judicial.<\/p>\n
En octubre de este a\u00f1o, el juez federal Pablo Cayssials concedi\u00f3 una medida cautelar que fren\u00f3 la aplicaci\u00f3n del decreto, al considerar que este altera el sistema de gesti\u00f3n de bienes il\u00edcitos de manera inconstitucional, afectando la autonom\u00eda de la Corte Suprema y su autarqu\u00eda presupuestaria.<\/p>\n
La ruta del dinero K<\/p>\n
Durante la instrucci\u00f3n de esta causa, la Justicia determin\u00f3 que existi\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realiz\u00f3 maniobras de lavado de dinero implicados principalmente con el manejo de la empresa Austral Construcciones que dirig\u00eda B\u00e1ez, a trav\u00e9s de la financiera SGI, mediante un entramado que funcion\u00f3 en el pa\u00eds y en el exterior, y que logr\u00f3 la expatriaci\u00f3n de fondos de origen il\u00edcito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.<\/p>\n
Seg\u00fan se estableci\u00f3, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales \u2013generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jur\u00eddicas.<\/p>\n
Luego se adquirieron bonos de deuda p\u00fablica que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversi\u00f3n multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcci\u00f3n S.A. (ACSA).<\/p>\n
Adem\u00e1s del cap\u00edtulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendi\u00f3 acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado en avenida Del Libertador), por Leonardo Fari\u00f1a.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fari\u00f1a y la modelo Karina Jelinek, y la adquisici\u00f3n de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervenci\u00f3n de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.<\/p>\n
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