Los litigios por la expropiaci\u00f3n de YPF, el cup\u00f3n PBI, los holdouts y los casos en el CIADI avanzan en distintas instancias y presionan sobre los activos del Estado. Todos los detalles.<\/p>\n
La Argentina ingresa al 2026 con un frente judicial externo tan pesado como sus compromisos financieros. Entre condenas firmes, apelaciones en marcha y reclamos que vuelven a activarse, el pa\u00eds enfrenta litigios en Estados Unidos, Reino Unido y ante el CIADI que, en conjunto, representan millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Mientras que varios de esos casos ya no tienen m\u00e1s instancias legales disponibles, otros atraviesan momentos clave y podr\u00edan escalar en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n
El expediente m\u00e1s voluminoso sigue siendo el de la expropiaci\u00f3n de YPF. Tras el fallo adverso en Nueva York, que fij\u00f3 una condena por US$16.100 millones, el pa\u00eds apel\u00f3 y el proceso entr\u00f3 en una fase compleja.<\/p>\n
La jueza Loretta Preska dict\u00f3 medidas para avanzar sobre activos y requerir comunicaciones oficiales, pero en las \u00faltimas horas dio un respiro parcial: accedi\u00f3 a un pedido de YPF y suspendi\u00f3 el \u201cdiscovery de alter ego\u201d, es decir, la investigaci\u00f3n sobre bienes de la petrolera susceptibles de embargo.<\/p>\n
\u201cElla hab\u00eda permitido dicho discovery e impidi\u00f3 a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo est\u00e1 haciendo en su lugar\u201c, explic\u00f3 Sebasti\u00e1n Maril, de Latam Advisors. Seg\u00fan el exprocurador del Tesoro, Sebasti\u00e1n Soler, la suspensi\u00f3n seguir\u00e1 vigente \u201chasta que la C\u00e1mara resuelva la apelaci\u00f3n de YPF\u201d, un tr\u00e1mite que deber\u00eda ser \u201cexpeditivo\u201d porque involucra cuestiones ligadas a la inmunidad de empresas estatales bajo la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos.<\/p>\n
Mientras tanto, los beneficiarios del fallo \u2014Eton Park y Petersen, financiados por Burford\u2014 presionan para cobrar. Reclaman chats, mails y mensajes de funcionarios, acusaron al pa\u00eds de \u201cmaniobras dilatorias\u201d y advirtieron que eval\u00faan sanciones. Buscan demostrar que organismos como Aerol\u00edneas Argentinas o el Banco Central son \u201calter egos\u201d del Estado para intentar embargar sus bienes. Adem\u00e1s, siguen vigentes apelaciones conexas: la entrega de acciones de YPF, la producci\u00f3n de mensajes, el planteo de la ONG RA4ARG y discusiones sobre la aplicaci\u00f3n de ley argentina.<\/p>\n
Cupones atados al PBI
\nM\u00e1s all\u00e1 de YPF, el segundo gran cap\u00edtulo es el de los cupones atados al PBI. En la versi\u00f3n en euros, la Justicia brit\u00e1nica conden\u00f3 a la Argentina y ya no quedan instancias legales. El pa\u00eds debe negociar un pago cercano a US$1800 millones, luego de que se ejecutara parte de la garant\u00eda depositada. En paralelo, por los cupones en d\u00f3lares, Aurelius y otros demandantes preparan un nuevo reclamo en Estados Unidos, luego de que Preska desestimara el caso original por un tecnicismo pero habilitara una nueva presentaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n persiste el frente de los holdouts del default de 2001. Attestor Master y otros fondos ya lograron embargar activos por unos US$300 millones y a\u00fan reclaman montos adicionales, sin m\u00e1s recursos disponibles para la Argentina. A su vez, Bainbridge Fund busca cobrar US$95 millones: tiene un fallo favorable para tomar posesi\u00f3n de acciones de YPF en manos del Estado y procura avanzar sobre el Banco Naci\u00f3n y Aerol\u00edneas Argentinas.<\/p>\n
Otro expediente sensible es el de la expropiaci\u00f3n de Aerol\u00edneas Argentinas. El pa\u00eds apel\u00f3 una sentencia que lo obliga a pagar alrededor de US$390 millones. Ese litigio convive con reclamos hist\u00f3ricos vinculados al mismo proceso, incluidos los que pasaron por el CIADI y siguen abiertos en distintos tribunales.<\/p>\n
Justamente el CIADI concentra \u201cm\u00faltiples casos abiertos y cerrados\u201d contra el pa\u00eds, con condenas recientes relevantes. El tribunal del Banco Mundial orden\u00f3 a la Argentina pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificaci\u00f3n de contratos en la represa de Alicur\u00e1, y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario\u2013Victoria. El Gobierno analiza alternativas y eval\u00faa intentar la nulidad de esos laudos.<\/p>\n
A ese panorama se suman viejas causas por deuda en default y disputas por concesiones, que elevan el total de litigios. Seg\u00fan c\u00e1lculos privados citados en expedientes, entre casos apelables y ejecutables el stock supera ampliamente los US$30.000 millones, con juicios activos en Nueva York, Londres y organismos arbitrales.<\/p>\n
El patr\u00f3n general se repite: el pa\u00eds apela, gana tiempo y busca negociar, mientras los acreedores endurecen estrategias para forzar pagos o embargos. Cada instancia que se resuelva en 2026 puede tener impacto directo sobre reservas, activos estrat\u00e9gicos y la capacidad de financiamiento del Estado.<\/p>\n
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