El 31 de diciembre Milei firm\u00f3 el DNU 941, el cual recibe cuestionamientos en los \u00e1mbitos pol\u00edtico y judicial. M\u00e1s de 20 organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en contra del decreto, al que calificaron de \u201cmanifiestamente inconstitucional\u201d.<\/p>\n
Los cuestionamientos al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941\/2025 \u2014con el que el gobierno de Javier Milei reform\u00f3 el sistema de inteligencia\u2014 llegar\u00e1n en las pr\u00f3ximas horas a los estrados internacionales. Organismos de derechos humanos y ONGs trabajan en presentaciones para ser radicadas ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y distintas relator\u00edas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU). Denunciar\u00e1n que existe un plan de vigilancia masiva que pone en riesgo la protecci\u00f3n de derechos b\u00e1sicos.<\/p>\n
El 31 de diciembre pasado, horas despu\u00e9s de que terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso y cuando las preocupaciones estaban centradas en las celebraciones de fin de a\u00f1o, Milei firm\u00f3 el DNU 941, que viene recibiendo cuestionamientos en los \u00e1mbitos pol\u00edtico y judicial.<\/p>\n
M\u00e1s de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) se pronunciaron en contra del decreto, al que calificaron de \u201cmanifiestamente inconstitucional\u201d, y denunciaron que la administraci\u00f3n de La Libertad Avanza (LLA) avanza en la ruptura de consensos b\u00e1sicos.<\/p>\n
Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una se\u00f1al directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia\u201d, dice la declaraci\u00f3n que suscriben, entre otros, Amnist\u00eda Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Poder Ciudadano, la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundaci\u00f3n V\u00eda Libre, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Comisi\u00f3n Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), Andhes, la Fundaci\u00f3n Hu\u00e9sped y Greenpeace.<\/p>\n
La estrategia de las organizaciones es m\u00faltiple. A nivel judicial, el Cels ya present\u00f3 un amparo colectivo al que podr\u00edan sumarse distintos grupos. En el plano parlamentario, reclamar\u00e1n que se activen los mecanismos para rechazar el DNU y que se controle lo que ocurre en la Secretar\u00eda de Inteligencia de Estado (Side) a trav\u00e9s de la conformaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Bicameral de Fiscalizaci\u00f3n de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).<\/p>\n
“Es importante que el Congreso reciba estos pedidos para activar la CBI. La respuesta no debe ser solamente judicial. Los reclamos sociales deben tener una respuesta pol\u00edtica\u201d, sostiene Diego Morales, director de Litigio del Cels en di\u00e1logo con P\u00e1gina\/12.<\/p>\n
Muchas de estas organizaciones, explica Morales, est\u00e1n realizando presentaciones internacionales. Los cuestionamientos al DNU llegar\u00e1n a distintos funcionarios: Jos\u00e9 Luis Caballero Ochoa (presidente de la CIDH), Edgar Stuardo Rol\u00f3n Orellana (relator de la CIDH para Argentina), Pedro Vaca (relator especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la CIDH), Gina Romero (relatora especial sobre los derechos a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y asociaci\u00f3n de la ONU), Ben Saul (relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos de la ONU), Ana Brian Nougr\u00e8res (Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias) y Jan Jarab (representante en Am\u00e9rica del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).<\/p>\n
Muchos de estos expertos ya han manifestado su preocupaci\u00f3n por los retrocesos en materia de derechos humanos desde la llegada de Milei al gobierno. Sin ir m\u00e1s lejos, d\u00edas atr\u00e1s Gina Romero celebr\u00f3 en redes sociales que se haya declarado nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich.<\/p>\n
En 2019, el entonces relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, hab\u00eda visitado el pa\u00eds en medio de las filtraciones de escuchas \u2014sobre todo de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner y personas vinculadas a ella\u2014 y sostuvo que no alcanzaban los controles de la CBI. Hab\u00eda sugerido la creaci\u00f3n de un \u00f3rgano independiente con participaci\u00f3n de jueces de alto rango y expertos en tecnolog\u00eda.<\/p>\n
A partir de ese informe preliminar, la Corte Suprema se subi\u00f3 a la ola y firm\u00f3 una acordada en la que desalentaba, por ejemplo, la participaci\u00f3n de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en investigaciones judiciales. La convocatoria de esp\u00edas por parte de los tribunales qued\u00f3 rehabilitada con el DNU 614\/2024, mediante el cual Javier Milei elimin\u00f3 la AFI y resucit\u00f3 la Side.<\/p>\n
La situaci\u00f3n se agrav\u00f3 con el \u00faltimo decreto. \u201cUn primer aspecto a cuestionar es por qu\u00e9 se utiliza una vez m\u00e1s la v\u00eda del DNU para reformar algo que merece un debate profundo en el Congreso, sobre todo cuando no hab\u00eda una situaci\u00f3n de urgencia. En segundo lugar, el Gobierno presenta este decreto como si se tratara \u00fanicamente de modificaciones administrativas a la Ley de Inteligencia \u2014con el argumento de implementar un sistema m\u00e1s eficiente y moderno\u2014, pero lejos est\u00e1 de eso. Las principales preocupaciones que identifica Amnist\u00eda Internacional est\u00e1n asociadas justamente al debilitamiento de la protecci\u00f3n de derechos humanos b\u00e1sicos\u201d, explica Paola Garc\u00eda Rey, directora adjunta de Amnist\u00eda Internacional Argentina.<\/p>\n
Las principales cr\u00edticas al DNU son los siguientes:<\/p>\n
obliga a m\u00e1s de quince organismos p\u00fablicos a compartir datos personales con la SIDE, lo que favorecer\u00eda una vigilancia masiva;
\nno prev\u00e9 control ciudadano sobre la SIDE;
\ntodas las actividades tienen car\u00e1cter \u201cencubierto\u201d, lo que podr\u00eda frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado;
\npor primera vez en democracia, los agentes de la SIDE tienen la facultad de detener personas, lo que implicar\u00eda que este organismo podr\u00eda llegar a convertirse en una \u201cpolic\u00eda secreta\u201d;
\nla SIDE puede convocar a las Fuerzas Armadas e involucrarlas en tareas de inteligencia sobre \u201corganizaciones no estatales\u201d, lo que implicar\u00eda su participaci\u00f3n en acciones de seguridad interior;
\ncon la ampliaci\u00f3n de la noci\u00f3n de contrainteligencia, se rehabilita la noci\u00f3n del enemigo interno.<\/p>\n
\u201cNos preocupa no solo la falta de proceso y debate democr\u00e1tico al impulsar la reforma de una norma importante como la Ley de Inteligencia, sino tambi\u00e9n el debilitamiento de los controles democr\u00e1ticos que produce el decreto, al ampliar al m\u00e1ximo el secreto, volver a\u00fan m\u00e1s opaco el sistema y elevar el umbral de sospecha sobre el cual pasamos a quedar todas las personas y organizaciones en Argentina\u201d, remarca Garc\u00eda Rey.<\/p>\n
A nivel judicial, hay al menos cinco amparos contra el DNU 941. En las pr\u00f3ximas horas deber\u00eda saberse si la fiscal\u00eda considera que este tema \u2014con los riesgos que se\u00f1alan las organizaciones\u2014 amerita ser tratado durante el receso tribunalicio. El Gobierno defendi\u00f3 el DNU a trav\u00e9s de dos comunicados y dijo que enviar\u00e1 una reforma de ley m\u00e1s profunda al Congreso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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