La fecha estipulada ser\u00e1 el d\u00eda en que el Senado trate la reforma laboral, impulsada por el Gobierno. La decisi\u00f3n fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza.<\/p>\n
Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante el mes de febrero. La fecha estipulada ser\u00e1 el d\u00eda en que el Senado trate la reforma laboral, impulsada por el Gobierno. La decisi\u00f3n fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza, al que consideran un ataque estructural a los derechos de los trabajadores formales e informales, en paralelo a un escenario de alta tensi\u00f3n pol\u00edtica, sindical y parlamentaria.<\/p>\n
La convocatoria tendr\u00e1 como protagonistas a los movimientos sociales nucleados en la Uni\u00f3n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom\u00eda Popular (Utep), junto a organizaciones piqueteras y sectores de la izquierda, que anticiparon una masiva presencia en las calles pese a algunas concesiones que ya realiz\u00f3 el Poder Ejecutivo. Para estos sectores, los cambios no alteran el coraz\u00f3n del proyecto de ley de \u201cmodernizaci\u00f3n laboral\u201d que, sostienen, profundiza la precarizaci\u00f3n laboral y debilita el entramado sindical.<\/p>\n
El Congreso, epicentro del conflicto<\/p>\n
El conflicto se reactiv\u00f3 con fuerza luego de que el presidente Javier Milei convocara a un nuevo per\u00edodo de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, mediante el decreto 24\/2026, firmado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida establece que el per\u00edodo se extender\u00e1 desde el 2 hasta el 27 de febrero, y ubica a la reforma laboral como uno de los cuatro proyectos centrales de la agenda legislativa del oficialismo.<\/p>\n
La Casa Rosada defini\u00f3 un cronograma pol\u00edtico acelerado con el objetivo de convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. En ese marco, el Gobierno prev\u00e9 llevar el proyecto al recinto de la C\u00e1mara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con fecha tentativa de tratamiento el 11 de febrero, d\u00eda en el que se espera la movilizaci\u00f3n frente al Congreso. Sin embargo, esa fecha est\u00e1 sujeta a modificaciones. Los organizadores entienden que ser\u00e1 \u201cun febrero caliente\u201d y de alto voltaje pol\u00edtico.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la iniciativa laboral, el temario incluye el pedido de aprobaci\u00f3n del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Uni\u00f3n Europea, el proyecto de adecuaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Presupuestos M\u00ednimos para la Preservaci\u00f3n de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y otras iniciativas consideradas estrat\u00e9gicas por la administraci\u00f3n libertaria.<\/p>\n
Una mayor\u00eda esquiva en el Senado<\/p>\n
Con una bancada propia minoritaria \u2014aunque mayor que antes de las anteriores elecciones legislativas\u2014, La Libertad Avanza (LLA) necesita reunir al menos 16 o 17 voluntades adicionales para alcanzar el qu\u00f3rum de 37 senadores y avanzar con la votaci\u00f3n. En ese escenario, el rol de Patricia Bullrich, jefa del interbloque oficialista y presidenta de la Comisi\u00f3n de Trabajo y Previsi\u00f3n Social, ser\u00e1 central para defender el proyecto y articular los acuerdos pol\u00edticos necesarios.<\/p>\n
El oficialismo despleg\u00f3 una estrategia de negociaci\u00f3n m\u00faltiple que incluye una comisi\u00f3n t\u00e9cnica, coordinada por la abogada Josefina Tajes, encargada de recopilar y ordenar las propuestas de modificaci\u00f3n impulsadas por sectores de la UCR, el PRO y la CGT. La intenci\u00f3n del Ejecutivo es evitar cambios de \u00faltimo momento que puedan poner en riesgo la sanci\u00f3n del proyecto.<\/p>\n
En paralelo, Bullrich inici\u00f3 una ronda de reuniones con jefes de bloques opositores considerados \u201cdialoguistas\u201d, con especial foco en los senadores radicales, los representantes del PRO y legisladores provinciales alineados con sus gobernadores.<\/p>\n
La negociaci\u00f3n con las provincias se volvi\u00f3 uno de los puntos m\u00e1s sensibles del debate. El proyecto de Modernizaci\u00f3n Laboral incluye cambios impositivos que impactan directamente en los recursos coparticipables, en un contexto en el que las provincias ya denuncian una fuerte ca\u00edda de ingresos durante la gesti\u00f3n actual.<\/p>\n
En particular, la iniciativa contempla una reducci\u00f3n de la al\u00edcuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, con un tope del 31,5% frente al 35% vigente, lo que implicar\u00eda una merma estimada de 1,6 billones de pesos en recaudaci\u00f3n, fondos que se distribuyen entre Naci\u00f3n y provincias. Esta situaci\u00f3n genera resistencias entre los gobernadores, que eval\u00faan el costo fiscal de acompa\u00f1ar la reforma.<\/p>\n
Los movimientos sociales endurecen su postura
\nPara los movimientos sociales y piqueteros, el escenario es a\u00fan m\u00e1s categ\u00f3rico. Desde la Utep, su secretario general Alejandro Gramajo afirm\u00f3 que la reforma \u201cest\u00e1 orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relaci\u00f3n salarial formal plena de derechos\u201d, y advirti\u00f3 que el nuevo esquema de indemnizaciones \u201cpropone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados\u201d.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, Gramajo rechaz\u00f3 el argumento oficial que sostiene que la quita de derechos generar\u00e1 m\u00e1s empleo formal. \u201cEs algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Desde una posici\u00f3n a\u00fan m\u00e1s confrontativa, el ex secretario general de la Utep, Esteban \u201cGringo\u201d Castro, afirm\u00f3 que \u201cno tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la econom\u00eda popular\u201d. Para Castro, cualquier avance en derechos para los sectores m\u00e1s postergados solo ser\u00e1 posible si la reforma laboral es rechazada en el Congreso.<\/p>\n
Por su parte, la Confederaci\u00f3n General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario complejo. Si bien mantiene su rechazo al proyecto, la central obrera opt\u00f3 por una estrategia de \u201creducci\u00f3n de da\u00f1os\u201d, intentando recortar los art\u00edculos m\u00e1s lesivos a trav\u00e9s de negociaciones con gobernadores y legisladores, mientras mantiene la presi\u00f3n en la calle.<\/p>\n
La CGT ya protagoniz\u00f3 una masiva movilizaci\u00f3n el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y no descarta nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si el Gobierno avanza sin modificar aspectos centrales de la reforma. Entre sus principales cr\u00edticas figuran la flexibilizaci\u00f3n de las condiciones de trabajo, la reducci\u00f3n de indemnizaciones, la limitaci\u00f3n del derecho de huelga, la ruptura de la negociaci\u00f3n colectiva y el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.<\/p>\n
Con el tratamiento previsto para febrero, el conflicto entra en una fase decisiva. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos pol\u00edticos para sancionar una de sus leyes emblem\u00e1ticas, mientras que la CGT, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras preparan una respuesta en las calles. La pregunta es: \u00bfconseguir\u00e1n masividad para demostrar fuerza contra las pol\u00edticas libertarias?<\/p>\n
El Congreso volver\u00e1 a ser el escenario donde se cruce la disputa entre el proyecto de transformaci\u00f3n laboral del oficialismo y la resistencia del movimiento obrero organizado y los sectores populares. Febrero se perfila as\u00ed como un mes clave, no solo para el futuro de la reforma laboral, sino para el equilibrio pol\u00edtico y social.<\/p>\n
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