El oficialismo cedi\u00f3 a las presiones del PRO y la UCR. Adem\u00e1s incorporar\u00e1 un art\u00edculo clave para el financiamiento del sistema en las provincias para la infraestructura y servicios, como la figura del supervisor que la ley crea y demanda.<\/p>\n
El Gobierno nacional retir\u00f3 el proyecto de R\u00e9gimen Penal Juvenil que hab\u00eda ingresado este lunes por la ma\u00f1ana a la C\u00e1mara de Diputados, al advertir que la insistencia en fijar la edad de imputabilidad en 13 a\u00f1os pon\u00eda en riesgo el respaldo de los bloques aliados en la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n
Seg\u00fan indicaron a Clar\u00edn fuentes parlamentarias, una de las razones centrales fue que el oficialismo incluy\u00f3 en el dictamen remitido fijar la edad imputabilidad en 13 a\u00f1os, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como hab\u00eda quedado asentado en el texto del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Ante la consulta de este diario acerca de los motivos por los que el proyecto se retir\u00f3 a menos de 24 horas de haber sido presentado, las fuentes consultadas indicaron que “en la nota donde solicitan el retiro no se establece el motivo”, pero reconocieron que est\u00e1 vinculado con el hecho de que “planteaba 13 a\u00f1os”.<\/p>\n
“La idea era volver a dictaminar el que perdi\u00f3 estado parlamentario con edad en 14 a\u00f1os”, indicaron fuentes parlamentarias, aunque aclararon que la Casa Rosada volver\u00e1 a remitir en las pr\u00f3ximas horas un nuevo proyecto que fijar\u00e1 la edad de imputabilidad en 14 a\u00f1os.<\/p>\n
De esta manera, el Gobierno cedi\u00f3 a las presiones del PRO y la UCR, sus principales aliados, para bajar de los 16 a los 14 a\u00f1os la edad de imputabilidad, retrocediendo en su intento por imponer la versi\u00f3n original que fijaba el l\u00edmite en los 13 a\u00f1os.<\/p>\n
Adem\u00e1s de aceptar que el R\u00e9gimen Penal Juvenil aplique a partir de los 14 a\u00f1os, y no de los 13 como planteaba el Gobierno, el oficialismo incorporar\u00e1 un art\u00edculo clave para el financiamiento del sistema en las provincias, que una vez aprobada la norma nacional deben adherir adecuando sus reg\u00edmenes procesales. El principal reclamo era que no ten\u00edan fondos para la infraestructura y servicios, como la figura del supervisor que la ley crea y demanda.<\/p>\n
La actividad arrancar\u00e1 este martes con la reuni\u00f3n constitutiva de las comisiones de Justicia y Familia, mientras que la de Legislaci\u00f3n Penal, que ser\u00e1 cabecera, ya fue conformada en las extraordinarias de diciembre cuando se debati\u00f3 la ley de inocencia fiscal.<\/p>\n
En tanto, el oficialismo buscar\u00e1 sacar despacho de comisi\u00f3n en un plenario que ser\u00e1 convocado para el mi\u00e9rcoles y un d\u00eda despu\u00e9s, es decir el jueves 12 de febrero, tratar\u00e1 de llevar el tema al recinto, donde el oficialismo asegura tener los votos para alzarse con la media sanci\u00f3n.<\/p>\n
El proyecto que hab\u00eda presentado la Casa Rosada inclu\u00eda un presupuesto detallado para su puesta en marcha. La iniciativa que hab\u00eda ingresado este lunes por la C\u00e1mara de Diputados calculaba un gasto total de $23.739 millones. El proyecto discriminaba adem\u00e1s c\u00f3mo se repartir\u00e1n esos fondos: $ 3.131 millones estar\u00edan a cargo del Ministerio de Justicia y $ 20.608 millones corresponder\u00edan a la Defensor\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
El oficialismo busca apoyos para alcanzar la mayor\u00eda en Diputados<\/p>\n
Para avanzar con la reforma, el oficialismo necesita reunir al menos 129 votos afirmativos en la C\u00e1mara de Diputados y parte de un piso de 95 bancas propias de La Libertad Avanza. A ese n\u00famero se suman unos 20 votos del PRO, la UCR y el MID, bloques que ya hab\u00edan acompa\u00f1ado y firmado el dictamen del proyecto durante el tratamiento legislativo del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
En el armado de mayor\u00edas, el Gobierno tambi\u00e9n cuenta con el respaldo de bloques federales alineados con gobernadores aliados, entre ellos los siete diputados de Innovaci\u00f3n \u2014referenciados en Misiones y Salta\u2014 y los tres tucumanos del bloque Independencia. A ese esquema se agregan dos legisladores exlibertarios que conformaron el bloque Pa\u00eds Federal.<\/p>\n
Dentro del interbloque Unidos se prev\u00e9 un escenario de posiciones divididas, aunque fuentes parlamentarias estiman que la mayor\u00eda terminar\u00eda acompa\u00f1ando la iniciativa. En ese espacio se ubican Miguel \u00c1ngel Pichetto y los diputados santafesinos cercanos al gobernador Maximiliano Pullaro, mientras que otros, como Nicol\u00e1s Massot \u2014autor de un proyecto alternativo que no modificaba la edad de imputabilidad\u2014, a\u00fan no definieron su postura.<\/p>\n
En tanto, en Uni\u00f3n por la Patria las posiciones tambi\u00e9n aparecen fragmentadas. Si bien el sector del Frente Renovador, que responde a Sergio Massa, sostuvo hist\u00f3ricamente la baja de la edad de imputabilidad, mantiene reparos sobre el texto impulsado por el Ejecutivo.<\/p>\n
El pasado 5 de febrero, Massa se reuni\u00f3 con sus alfiles en la C\u00e1mara de Diputados para fijar una postura frente al debate por la baja de la edad de imputabilidad, que volvi\u00f3 a ganar centralidad en la agenda legislativa. Fuentes del massismo indicaron a Clar\u00edn que, si bien todav\u00eda no hay definiciones concretas, es probable que el sector avance con un “despacho propio” cuando la iniciativa sea tratada en el recinto de la C\u00e1mara baja.<\/p>\n
Seg\u00fan record\u00f3 uno de los presentes en el encuentro, el espacio cuenta desde 2014 con un proyecto de C\u00f3digo Penal Juvenil: “La baja es un t\u00edtulo. Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil, estructura judicial, infraestructura y un debate serio sobre qu\u00e9 hacer con los pibes en conflicto con la ley. Esconder el debate no lo resuelve”.<\/p>\n
El cambio frente al proyecto original
\nEn la versi\u00f3n presentada en 2024, el financiamiento quedaba abierto. El texto se limitaba a se\u00f1alar que los gastos se cubrir\u00edan con partidas previstas en el presupuesto o mediante reasignaciones decididas por la Jefatura de Gabinete, sin precisar montos ni responsables.<\/p>\n
Ahora, el Ejecutivo busc\u00f3 despejar ese flanco con cifras concretas y una asignaci\u00f3n expl\u00edcita de recursos, en un intento por destrabar el debate legislativo.<\/p>\n
Adem\u00e1s, hubo modificaciones en el r\u00e9gimen de penas. El proyecto original fijaba un m\u00e1ximo de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n para adolescentes y descartaba la perpetua. Durante la negociaci\u00f3n parlamentaria, el tope se redujo a 15 a\u00f1os.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se endurecieron los requisitos para disponer prisi\u00f3n efectiva. Solo quedaba habilitada para delitos con escalas penales de diez a\u00f1os o m\u00e1s, siempre dentro del l\u00edmite m\u00e1ximo, y se priorizaban sanciones alternativas para otros casos, salvo homicidios u hechos de violencia extrema<\/p>\n
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