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<\/p>\n“Qu\u00e9 implica la medida”<\/p>\n
El juzgado laboral N\u00b0 74 suspendi\u00f3 la declaraci\u00f3n de esencialidad para la educaci\u00f3n, que limitaba el ejercicio del derecho de huelga, prevista en la Ley N.\u00ba 27.802. El planteo lo hizo la Uni\u00f3n Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero<\/p>\n
La justicia del trabajo suspendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 101 de la reforma laboral que declar\u00f3 a la educaci\u00f3n como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector est\u00e1n obligados a mantener un 75% de prestaci\u00f3n normal de la actividad si disponen una huelga.<\/p>\n
El planteo judicial contra la aplicaci\u00f3n de la ley lo hizo la Uni\u00f3n Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunci\u00f3 la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N\u00b0 74, Jos\u00e9 Ignacio Ramonet, y afirm\u00f3 a Infobae: \u201cLa Justicia nos dio la raz\u00f3n y nos garantizan los derechos hist\u00f3ricos\u201d.<\/p>\n
\u201cEsencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones\u201d, dijo el sindicalista, que adem\u00e1s es secretario de Pol\u00edticas Educativas de la CGT.<\/p>\n
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En un comunicado de prensa, el gremio inform\u00f3 que \u201cla Justicia Nacional del Trabajo resolvi\u00f3 que la acci\u00f3n promovida por la UDA contin\u00fae su tr\u00e1mite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N\u00b0 63, donde ya se hab\u00eda dictado una medida cautelar de alcance general”.<\/p>\n
\u201cLa resoluci\u00f3n judicial dej\u00f3 expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteni\u00e9ndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicaci\u00f3n de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educaci\u00f3n como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acci\u00f3n sindical\u201d, sostuvo la UDA.<\/p>\n
De este modo -agreg\u00f3-, y hasta tanto exista una decisi\u00f3n definitiva sobre el fondo de la cuesti\u00f3n, contin\u00faa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociaci\u00f3n colectiva”.<\/p>\n
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\u201cDesde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisi\u00f3n judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podr\u00edan afectar el n\u00facleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educaci\u00f3n\u201d, concluye el comunicado.<\/p>\n
El art\u00edculo 101 de la Ley de Modernizaci\u00f3n Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios m\u00ednimos obligatorios (75% y 50%) en actividades consideradas \u201cesenciales\u201d y \u201ctrascendentales\u201d de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educaci\u00f3n, entre otras, para evitar la paralizaci\u00f3n total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumi\u00f3 su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.<\/p>\n
En concreto, el primer inciso del art\u00edculo, al detallar las actividades que deber\u00e1n mantener el 75% de la actividad normal en caso de huelga, dice: \u201cEl cuidado de menores y educaci\u00f3n de niveles guarder\u00eda, preescolar, primario y secundario, as\u00ed como la educaci\u00f3n especial\u201d.<\/p>\n
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En la \u00faltima versi\u00f3n del proyecto se incorpor\u00f3 la recolecci\u00f3n de residuos entre las actividades esenciales que deber\u00e1n garantizar un 75% de servicios m\u00ednimos en caso de huelga, y se incluy\u00f3 que las fuerzas de seguridad no podr\u00e1n brindar una cobertura menor al 100% de la prestaci\u00f3n normal de su servicio.<\/p>\n
En rigor, el art\u00edculo que reglamenta el derecho de huelga en los servicios esenciales ya estaba comprendido en el fallo que dict\u00f3 el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N\u00b0 63, que este lunes suspendi\u00f3 de manera provisoria la aplicaci\u00f3n de 83 art\u00edculos de la Ley 27.802 de Modernizaci\u00f3n laboral, a partir de una acci\u00f3n impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.<\/p>\n
El viernes pasado, como anticip\u00f3 Infobae, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N\u00b0 2 de San Mart\u00edn orden\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional de los art\u00edculos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernizaci\u00f3n Laboral en el \u00e1mbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acci\u00f3n presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Mart\u00edn.<\/p>\n
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La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N\u00b0 130\/75, adem\u00e1s de otros convenios suscriptos por la Federaci\u00f3n Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781\/20 y el CCT 547\/08. En consecuencia, el Estado Nacional deber\u00e1 abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.<\/p>\n
El sindicato hab\u00eda solicitado la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad \u2014o, en su defecto, la inaplicabilidad\u2014 de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el r\u00e9gimen de ultraactividad de los convenios y establecen l\u00edmites a las cuotas solidarias de los sindicatos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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