El expresidente obtuvo alivio procesal en un fallo con voto dividido.<\/p>\n
La Sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, con un voto mayoritario, hizo lugar esta mi\u00e9rcoles al pedido de Alberto Fern\u00e1ndez y anul\u00f3 la confirmaci\u00f3n del procesamiento por corrupci\u00f3n del ex presidente confirmado por la instancia anterior, en el marco de la causa Seguros.<\/p>\n
En funci\u00f3n de esta medida se orden\u00f3 que la C\u00e1mara Federal dicte un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, los jueces no discutieron el fondo del caso: no plantean la inocencia de Alberto Fern\u00e1ndez frente a los hechos de corrupci\u00f3n, sino que piden que el Tribunal que revisa los que hacen los jueces de instrucci\u00f3n vuelva a revisar el procedimiento que los condujo a confirmar la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
La mayor\u00eda que anul\u00f3 el procesamiento estuvo conformada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.<\/p>\n
Ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal el ex Presidente hab\u00eda requerido la nulidad de las acusaciones que pesan sobre \u00e9l y que lo podr\u00edan conducir a su primer juicio oral por corrupci\u00f3n.<\/p>\n
En este expediente el ex Jefe de Estado termin\u00f3 procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Un cuestionado decreto firmado por Fern\u00e1ndez, 45 contratos, 25 intermediarios de seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcion\u00f3 como financiera y un posible direccionamiento de los contratos son parte de las piezas que componen lo que la justicia denomin\u00f3 una \u201cestructura criminal\u201d para desviar fondos p\u00fablicos a privados.<\/p>\n
El monto de las comisiones pagadas a intermediarios de contratos entre organismos p\u00fablicos, supuestamente con irregularidades y direccionamientos -seg\u00fan consta en la acusaci\u00f3n- fue de 3.364.522.944 pesos.<\/p>\n
Despu\u00e9s de las apelaciones de los acusados ante las instancias superiores, el 23 de febrero la Sala IV de la Casaci\u00f3n Federal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirm\u00f3 los procesamientos de diez personas involucradas en el entramado de corrupci\u00f3n alrededor de los contratos del Estado con Naci\u00f3n Seguros y la intermediaci\u00f3n de brokers del rubro.<\/p>\n
Los delitos incluyen administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, como pilares centrales del procesamiento.<\/p>\n
Sin embargo, qued\u00f3 bajo revisi\u00f3n en el m\u00e1ximo tribunal penal la situaci\u00f3n procesal de Alberto Fern\u00e1ndez, principal implicado en el entramado de comisiones y favoritismos otorgados a su amigo y broker H\u00e9ctor Mart\u00ednez Sosa, quien se alz\u00f3 con el 59,6% de las comisiones pagadas a los comisionistas.<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9 la situaci\u00f3n est\u00e1 bajo an\u00e1lisis? Porque la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n hizo lugar a la queja de la defensa y decidi\u00f3 revisar su procesamiento debido a que, en la instancia anterior, el fiscal de C\u00e1mara -Jos\u00e9 Luis Aguero Iturbe-, consider\u00f3 que deb\u00edan escucharse a los testigos sugeridos por el ex presidente.<\/p>\n
La defensa del ex Jefe de Estado sostuvo que el pronunciamiento “resultaba arbitrario toda vez que se hab\u00eda confirmado el procesamiento de su asistido mediante una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la ley sustantiva y procesal, con vulneraci\u00f3n de diversas garant\u00edas constitucionales, entre las que destac\u00f3 el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio”.<\/p>\n
A ese planteo le asisti\u00f3 la raz\u00f3n dos de los integrantes de la Sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n. Ese voto conjunto sostiene ante la C\u00e1mara Federal, \u201cno existi\u00f3 controversia entre la defensa de Fern\u00e1ndez y el Ministerio P\u00fablico Fiscal ya que ambos hab\u00edan pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de m\u00e9rito\u201d.<\/p>\n
Puntualmente, dijo el camarista Borinsky, la confirmaci\u00f3n del procesamiento por parte del tribunal de apelaciones \u201cimplic\u00f3 resolver en exceso de la pretensi\u00f3n acusatoria y afect\u00f3 el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso\u201d.<\/p>\n
Cuando el reclamo lleg\u00f3 ante el m\u00e1ximo tribunal penal, el fiscal general ante dicha instancia, Ra\u00fal Ple\u00e9, rechaz\u00f3 los argumentos de la defensa de Fern\u00e1ndez considerando que en el mismo, no hab\u00eda sustento jur\u00eddico suficiente para retrotraer la decisi\u00f3n de la confirmaci\u00f3n del procesamiento.<\/p>\n
Al respecto los camaristas expresaron que dicha intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico \u201cno subsanaba el problema\u201d ya que ese dictamen \u201cno ofreci\u00f3 razones concretas, ajustadas al caso, que justificaran apartarse de la postura fiscal anterior; se apoy\u00f3 en invocaciones generales al principio de unidad de actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal y no alcanz\u00f3 para sostener la inadmisibilidad ni el rechazo del recurso defensista\u201d.<\/p>\n
Por su lado, el juez Carbajo consider\u00f3 que la confirmaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Apelaciones que revisa las decisiones de los jueces de instrucci\u00f3n, hab\u00eda sido dictada en \u201cexceso de la pretensi\u00f3n oportunamente expuesta por la acusaci\u00f3n\u201d. Ese argumento central lo condujo a acompa\u00f1ar el voto de su par de la Sala IV, Mariano Borinsky.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se\u00f1alaron los magistrados que correspond\u00eda hacer lugar a la anulaci\u00f3n del procesamiento por corrupci\u00f3n contra Alberto Fern\u00e1ndez. En consecuencia, de devolvi\u00f3 el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo.<\/p>\n
El voto disidente
\nDe manera contraria vot\u00f3 el juez Gustavo Hornos quien consider\u00f3 que hab\u00eda que declarar inadmisible el recurso, ya que el fallo e la C\u00e1mara de Apelaciones, “no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que no superaba el l\u00edmite de impugnabilidad objetiva” que contempla el C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
En consonancia con lo que hab\u00eda argumentado el fiscal de la Casaci\u00f3n, Ra\u00fal Ple\u00e9, el camarista sostuvo que la abogada de Alberto Fern\u00e1ndez “no demostr\u00f3 un agravio actual de imposible o tard\u00eda reparaci\u00f3n ulterior”.<\/p>\n
Respecto al rol del Ministerio P\u00fablico Fiscal y en la vereda opuesta a la tesis de su par Mariano Borinsky, Hornos se\u00f1al\u00f3 que el fiscal general ante Casaci\u00f3n “hab\u00eda propiciado la inadmisibilidad y, subsidiariamente, el rechazo del recurso, reafirmando la continuidad del proceso”.<\/p>\n
A partir de ello, entendi\u00f3 que quedaba descartada la existencia de una cuesti\u00f3n federal suficiente. En su criterio, la postura institucional del Ministerio P\u00fablico Fiscal en Casaci\u00f3n disipaba el agravio construido sobre la supuesta falta de acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Finalmente, en el voto en disidencia se expres\u00f3 que el procesamiento dictado sin prisi\u00f3n preventiva y confirmado por la C\u00e1mara de Apelaciones se encontraba \u201csuficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa\u201d, en relaci\u00f3n con los hechos investigados. En ese sentido, destac\u00f3 que su postura se apoya en la corroboraci\u00f3n -en esta etapa- respecto a “la existencia de un esquema de direccionamiento irregular en la contrataci\u00f3n de seguros estatales”.<\/p>\n
En ese sentido, record\u00f3 que el esquema bajo investigaci\u00f3n “habr\u00eda operado mediante el aprovechamiento de la centralizaci\u00f3n dispuesta por el Decreto 823\/2021, lo que permiti\u00f3 la indebida incorporaci\u00f3n de intermediarios y coaseguradoras privadas”.<\/p>\n
Ello habr\u00eda derivado en el “pago de comisiones superiores a las de mercado y en la eventual contrataci\u00f3n de servicios innecesarios o sobrefacturados, con el consiguiente perjuicio econ\u00f3mico para el Estado”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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