Casaci\u00f3n ordena investigar la represi\u00f3n a jubilados<\/p>\n
Los camaristas Alejandro Slokar y \u00c1ngela Ledesma dijeron que debe investigarse el ataque que sufri\u00f3 en octubre pasado un manifestante de 75 a\u00f1os.<\/p>\n
La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal orden\u00f3 investigar una represi\u00f3n orquestada por Patricia Bullrich que termin\u00f3 con un jubilado arrojado al piso por cuatro efectivos de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) y con una fractura producto de los golpes. En su fallo, el m\u00e1ximo tribunal penal advirti\u00f3 sobre la crueldad y deshumanizaci\u00f3n que se registra frente a quienes se manifiestan por sus derechos. \u201cLa fuerza p\u00fablica debi\u00f3 ser utilizada para que no se impidiera el ejercicio de las libertades que compromet\u00eda el reclamo social, jam\u00e1s para su irrazonable represi\u00f3n\u201d, afirm\u00f3 Alejandro Slokar, el camarista que lider\u00f3 el acuerdo y que advirti\u00f3 sobre un deterioro de la democracia.<\/p>\n
El 22 de octubre pasado, todos los canales de televisi\u00f3n mostraron c\u00f3mo la PFA arremet\u00eda contra un grupo de jubilados que circulaba por Hip\u00f3lito Yrigoyen hacia la Avenida Entre R\u00edos.<\/p>\n
Egidio Contreras, de 75 a\u00f1os, ten\u00eda la \u201cinconducta\u201d de portar una bandera sobre sus hombros. Llevaba tambi\u00e9n una peque\u00f1a pancarta. Eso bast\u00f3 para que los agentes lo arrojaran al piso. Termin\u00f3 con una fractura de h\u00famero izquierdo.<\/p>\n
No era la primera vez que lo reprim\u00edan. Ya hab\u00eda sido gaseado en trece oportunidades. Tambi\u00e9n lo hab\u00edan amenazado cuando volv\u00eda a su casa en la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
Al d\u00eda siguiente de la represi\u00f3n, la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM) denunci\u00f3 los hechos. La presentaci\u00f3n fue hecha por Adolfo P\u00e9rez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano Garc\u00eda. El organismo bonaerense tambi\u00e9n aport\u00f3 videos para documentar la agresi\u00f3n que hab\u00eda sufrido Contreras.<\/p>\n
La denuncia qued\u00f3 radicada en el juzgado federal de Mar\u00eda Servini. Contreras se present\u00f3 como querellante junto con la abogada Mar\u00eda del Carmen Verd\u00fa, referente de la Coordinadora contra la Represi\u00f3n Policial e Institucional (Correpi).<\/p>\n
A los pocos d\u00edas, el fiscal Eduardo Taiano \u2013el mismo que fue denunciado por su inacci\u00f3n en el caso de la criptoestafa $LIBRA\u2013 pidi\u00f3 desestimar la denuncia por inexistencia de delito. Sin impulso fiscal, la jueza Servini la archiv\u00f3 el 11 de noviembre pasado.<\/p>\n
El 18 de diciembre, la Sala I de la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a valid\u00f3 lo resuelto por Servini, y fue m\u00e1s all\u00e1. \u201cLas im\u00e1genes muestran una actuaci\u00f3n funcional de los agentes, sin que se observe el empleo de una fuerza excesiva o desvinculada de las circunstancias concretas del caso\u201d, afirmaron.<\/p>\n
Verd\u00fa insisti\u00f3. Afirm\u00f3 que no solo dec\u00edan que no era delito, sino que legitimaban el obrar de las fuerzas de seguridad en las represiones de cada mi\u00e9rcoles. La abogada denunci\u00f3 que en el juzgado no se hab\u00edan practicado ni las medidas obvias, como llamar a declarar a la v\u00edctima.<\/p>\n
Javier de Luca, fiscal ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, respald\u00f3 los planteos de la querella. El representante del Ministerio P\u00fablico explic\u00f3 que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deben satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Nada de eso se comprob\u00f3 en este caso.<\/p>\n
Para De Luca, Contreras estaba en pleno ejercicio pac\u00edfico de un derecho de jerarqu\u00eda constitucional, como es la libre expresi\u00f3n (protesta) o la libre asociaci\u00f3n (reuni\u00f3n). No estaba cometiendo un delito, como muchas veces se plantea desde el Gobierno al demonizar una manifestaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
De acuerdo con el fiscal De Luca, la desestimaci\u00f3n prematura de la denuncia implica dos tipos de violaciones por parte del Estado: a los derechos de Contreras de manifestarse y a la obligaci\u00f3n del Poder Judicial de investigar violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n
El tema escal\u00f3 hasta la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n, el m\u00e1ximo tribunal penal del pa\u00eds. All\u00ed, los camaristas Slokar y \u00c1ngela Ledesma entendieron que la investigaci\u00f3n debe sustanciarse y decidieron apartar a la Sala I de la C\u00e1mara Federal \u2013integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia\u2013. Por el contrario, el tercer integrante de la Sala II de Casaci\u00f3n, Guillermo Yacobucci, valid\u00f3 la clausura de la denuncia.<\/p>\n
Slokar llev\u00f3 la voz cantante en el fallo. Sostuvo que la resoluci\u00f3n no cumpl\u00eda con las exigencias m\u00ednimas de fundamentaci\u00f3n y que constitu\u00eda una interpretaci\u00f3n contraria a los est\u00e1ndares constitucionales e internacionales vigentes. Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que la v\u00edctima del accionar policial es un adulto mayor, que es uno de los grupos de personas considerados particularmente vulnerables y, por ende, sujetos a una tutela preferente.<\/p>\n
\u201cEl mecanismo empleado se inscribe en la realizaci\u00f3n de niveles crecientes de excepcionalidad jur\u00eddica inconciliables con el imperio de una democracia constitucional y la vigencia irrestricta de los derechos humanos \u2013m\u00e1s a\u00fan de colectivos esencialmente vulnerables\u2013, en tanto amenaza a la convivencia pac\u00edfica basada en los valores de la libertad, el respeto y el disenso\u201d, remarc\u00f3 Slokar.<\/p>\n
En su voto, Slokar habl\u00f3 de un modelo de control en el que los integrantes de la sociedad son concebidos como objetos, \u201cdonde la deshumanizaci\u00f3n y la crueldad \u2013categor\u00edas jur\u00eddicas constitucionalmente prohibidas de modo expreso\u2013 se presentan lamentablemente de modo recurrente\u201d.<\/p>\n
El camarista subray\u00f3 que la \u201ctruculencia policial\u201d no solo es inaceptable para un Estado constitucional sino que tampoco puede ser validada judicialmente. \u201cAdvi\u00e9rtase que bajo el paradigma beligerante de \u2018combate\u2019, la violencia estatal contra los m\u00e1s d\u00e9biles no solo es contraria al sistema democr\u00e1tico, sino que tambi\u00e9n provoca efectos deteriorantes en aquellos efectivos que, en t\u00e9rminos de obediencia lesiva, concretan la actividad represiva ilegal. Nada de ello debe ocurrir con fuerzas de seguridad comprometidas con la estricta vigencia de los derechos de la poblaci\u00f3n, y tambi\u00e9n de los propios. Empero, servidores p\u00fablicos con ingresos indignos y derechos desprotegidos frente a las consecuencias que conllevan sus elevadas e indispensables funciones dif\u00edcilmente podr\u00e1n preterir la legalidad. Ahora, m\u00e1s all\u00e1 del compromiso y apego a deberes de tantos uniformados, sea por baja calidad t\u00e9cnica o por desv\u00edos de conducta, el Poder Judicial no puede tolerar el il\u00edcito institucional practicado mediante la ejecuci\u00f3n de un dispositivo brutal\u201d, destac\u00f3 Slokar.<\/p>\n
En el fallo, Slokar tambi\u00e9n afirm\u00f3 que el silencio judicial provoca desaliento y termina atrofiando el debate p\u00fablico. \u201cDe admitirse el mentado escenario de silencio judicial, se instituye una barrera simb\u00f3lica que suprime la libre expresi\u00f3n y la petici\u00f3n ante las autoridades, violentando de este modo el n\u00facleo esencial de las garant\u00edas constitucionales y convencionales en juego. Tal temperamento se proyecta sobre el conjunto del entramado social y coadyuva a la instauraci\u00f3n de una parcela de a-juridicidad, cuya ominosa aceptaci\u00f3n erosiona los cimientos de la convivencia pac\u00edfica y torna nula la obligaci\u00f3n de evitar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n
El fallo de la Sala II de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal se conoce d\u00edas despu\u00e9s de que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtiera sobre la represi\u00f3n de la protesta pac\u00edfica \u2013marca registrada de la gesti\u00f3n de Javier Milei\u2013 y sobre la independencia judicial.<\/p>\n
En breve, la Corte Suprema deber\u00e1 analizar la validez del llamado protocolo antipiquetes con el que Bullrich y, despu\u00e9s, su sucesora, Alejandra Monteoliva, han controlado las calles e impedido el ejercicio de la protesta. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya anunci\u00f3 que llevar\u00e1 el tema al m\u00e1ximo tribunal despu\u00e9s de que la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo revocara el fallo del juez Mart\u00edn Cormick que anulaba la resoluci\u00f3n 943\/2023 del Ministerio de Seguridad.<\/p>\n
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