![\"\"](\"https:\/\/radioinfinitagoya.com.ar\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/las-universidades-convocaron-a-la-cuarta-marcha-federal-en-reclamo-de-que-el-gobierno-cunpla-con-la-ley-de-financiamiento-foto-tnjuan-pablo-chaves-md65phts7nghlmucxbna3il77y-600x338.jpg\")
<\/p>\nEl juez federal Mart\u00edn Cormick hizo lugar a los planteos del Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA. La resoluci\u00f3n dej\u00f3 sin efecto la condici\u00f3n que hab\u00eda impuesto el Gobierno para ejecutar la norma y orden\u00f3 avanzar con su cumplimiento inmediato.<\/p>\n
La Justicia volvi\u00f3 a intervenir en la disputa por el financiamiento de las universidades nacionales y orden\u00f3 al Gobierno de Javier Milei aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento de la Educaci\u00f3n Universitaria y Recomposici\u00f3n del Salario Docente. El juez federal Mart\u00edn Cormick declar\u00f3 inconstitucional el tramo del Decreto 759\/2025 que hab\u00eda condicionado la ejecuci\u00f3n de la norma a la existencia de partidas presupuestarias espec\u00edficas.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 11, en el marco de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, adem\u00e1s de la presentaci\u00f3n realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).<\/p>\n
En su resoluci\u00f3n, Cormick orden\u00f3 al Poder Ejecutivo avanzar con el cumplimiento de la Ley 27.795 y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en pr\u00e1ctica. La medida se suma a las decisiones judiciales que ya hab\u00edan cuestionado la suspensi\u00f3n de la normativa.<\/p>\n
Qu\u00e9 cuestion\u00f3 el juez del decreto de Milei
\nEl punto central del conflicto est\u00e1 en el Decreto 759\/2025, mediante el cual el Gobierno hab\u00eda condicionado la ejecuci\u00f3n de la ley de financiamiento universitario a que se determinaran las fuentes espec\u00edficas para cubrir los gastos y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.<\/p>\n
La norma hab\u00eda quedado atada de esa manera al art\u00edculo 5 de la Ley de Administraci\u00f3n Financiera, que establece que las leyes que autoricen o dispongan gastos deben prever expresamente su financiamiento. Si no cuentan con las partidas correspondientes, su ejecuci\u00f3n queda suspendida hasta que sean incorporadas al presupuesto.<\/p>\n
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Para Cormick, esa condici\u00f3n no pod\u00eda utilizarse para impedir la aplicaci\u00f3n de una ley sancionada por el Congreso. En una resoluci\u00f3n anterior sobre el mismo conflicto, el magistrado hab\u00eda se\u00f1alado que la suspensi\u00f3n dispuesta por el Ejecutivo presentaba, en principio, rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.<\/p>\n
La discusi\u00f3n por los salarios y las becas universitarias
\nUno de los principales puntos de la Ley 27.795 est\u00e1 relacionado con la actualizaci\u00f3n de los recursos destinados a salarios docentes y becas estudiantiles. La Justicia ya hab\u00eda dictado una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de esos art\u00edculos.<\/p>\n
El magistrado record\u00f3 ese antecedente al analizar el nuevo planteo y consider\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de la normativa no pod\u00eda quedar suspendida por la condici\u00f3n establecida posteriormente mediante el decreto presidencial.<\/p>\n
En septiembre, Cormick hab\u00eda hecho lugar a una cautelar presentada espec\u00edficamente por la UBA y ordenado al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con distintos art\u00edculos de la Ley 27.795 vinculados con funcionamiento, recomposici\u00f3n salarial, becas e investigaci\u00f3n.<\/p>\n
El argumento sobre el impacto presupuestario
\nOtro de los elementos considerados por el juez fue el impacto fiscal que tendr\u00eda la aplicaci\u00f3n de la ley. En ese sentido, la resoluci\u00f3n toma como referencia una estimaci\u00f3n de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que hab\u00eda calculado que el costo de la norma para 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI.<\/p>\n
Para el magistrado, ese dato deb\u00eda ser considerado al evaluar el inter\u00e9s p\u00fablico involucrado en la disputa. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el deterioro de los ingresos del sector universitario pod\u00eda afectar tanto a los trabajadores como al desarrollo de sus tareas y, en consecuencia, al derecho a ense\u00f1ar y aprender.<\/p>\n
Qu\u00e9 hab\u00eda hecho el Gobierno con la ley
\nLa disputa comenz\u00f3 luego de que el Poder Ejecutivo condicionara la ejecuci\u00f3n de la Ley 27.795 a la determinaci\u00f3n de las fuentes de financiamiento y la incorporaci\u00f3n de las partidas correspondientes.<\/p>\n
El Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario recurrieron entonces a la Justicia para cuestionar la validez de esa decisi\u00f3n y reclamar la aplicaci\u00f3n efectiva de la norma.<\/p>\n
El proceso qued\u00f3 radicado ante el fuero Contencioso Administrativo Federal y deriv\u00f3 en distintas resoluciones cautelares favorables a los reclamos del sistema universitario.<\/p>\n
Con la nueva decisi\u00f3n de Cormick, el Ejecutivo queda obligado en esta instancia a avanzar con la aplicaci\u00f3n de la Ley de Financiamiento Universitario y dejar de lado la condici\u00f3n que hab\u00eda establecido el Decreto 759\/2025. La resoluci\u00f3n corresponde a primera instancia, por lo que el conflicto judicial todav\u00eda puede continuar en las instancias superiores.<\/p>\n
En pocas palabras<\/p>\n
Justicia declar\u00f3 inconstitucional: El decreto presidencial que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario fue anulado por inconstitucionalidad.<\/p>\n
Orden de cumplimiento: El juez Mart\u00edn Cormick orden\u00f3 al Gobierno de Javier Milei aplicar de inmediato la ley.<\/p>\n
Argumentos del juez: Cormick consider\u00f3 inconstitucional la condici\u00f3n impuesta por el Decreto 759\/2025 para ejecutar la norma, bas\u00e1ndose en planteos del CIN y la UBA.<\/p>\n
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