El juez Mart\u00edn Cormick orden\u00f3 al Ejecutivo que cumpla con la medida y avance en la recomposici\u00f3n salarial de docentes y no docentes.<\/p>\n
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 11 declar\u00f3 inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y orden\u00f3 al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.<\/p>\n
El fallo firmado por el juez Mart\u00edn Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759\/2025.<\/p>\n
De esta forma, orden\u00f3 al Poder Ejecutivo el \u201ccumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin\u201d, seg\u00fan el escrito.<\/p>\n
El Gobierno hab\u00eda intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechaz\u00f3 y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo pod\u00eda ejecutarse \u201cuna vez que se determine las fuentes espec\u00edficas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general\u201d.<\/p>\n
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.<\/p>\n
El juez consider\u00f3 en el fallo que el decreto del Gobierno \u201cno supera un test m\u00ednimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicaci\u00f3n de un art\u00edculo de una ley anterior, la aplicaci\u00f3n de una ley en donde el Congreso insisti\u00f3 con las mayor\u00edas agravadas requeridas\u201d.<\/p>\n
Apunt\u00f3 que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto \u201cha funcionado como un mecanismo extraconstitucional\u201d que, seg\u00fan su mirada, configur\u00f3 \u201cuna figura de instancia de veto no prevista en la Constituci\u00f3n Nacional\u201d.<\/p>\n
Cormick tambi\u00e9n remarc\u00f3 que \u201cel control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisi\u00f3n extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado\u201d.<\/p>\n
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencion\u00f3 que en 2024 y 2025 no hab\u00eda Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y se\u00f1al\u00f3 que seg\u00fan la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el a\u00f1o 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.<\/p>\n
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