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<\/p>\nEl juez federal Mart\u00edn Cormick dispuso una sanci\u00f3n econ\u00f3mica contra el jefe de Gabinete por no cumplir con una medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios docentes y no docentes, adem\u00e1s de garantizar los fondos para las becas estudiantiles.<\/p>\n
El juez federal Mart\u00edn Cormick orden\u00f3 aplicar una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la ley de Financiamiento Universitario. La decisi\u00f3n se conoci\u00f3 este mi\u00e9rcoles, luego de que las autoridades universitarias denunciaran que el Gobierno no hab\u00eda ejecutado las actualizaciones salariales y presupuestarias exigidas por la Justicia.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n estableci\u00f3 que la sanci\u00f3n econ\u00f3mica se mantendr\u00e1 por cada d\u00eda de demora en el cumplimiento de la orden judicial. Adem\u00e1s, el magistrado advirti\u00f3 que podr\u00e1 modificar el monto de la multa e incluso extenderla a otros funcionarios si persiste el incumplimiento.<\/p>\n
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La medida respondi\u00f3 a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que hab\u00eda solicitado la aplicaci\u00f3n de sanciones ante la falta de avances en la recomposici\u00f3n de los salarios universitarios y en la actualizaci\u00f3n de los recursos destinados a las becas.<\/p>\n
En su resoluci\u00f3n, Cormick consider\u00f3 acreditado el incumplimiento y decidi\u00f3 hacer efectivo el apercibimiento que hab\u00eda dictado el pasado 30 de septiembre.<\/p>\n
Por qu\u00e9 la Justicia sancion\u00f3 al Gobierno
\nEl conflicto judicial se origin\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades nacionales y actualizar los fondos destinados a los estudiantes.<\/p>\n
La normativa dispone que los salarios del personal docente y no docente deben recomponerse de acuerdo con la inflaci\u00f3n acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025.<\/p>\n
Seg\u00fan los c\u00e1lculos incorporados al expediente, esa actualizaci\u00f3n representa un incremento del 40,25% sobre los salarios b\u00e1sicos de julio de 2025. A su vez, la legislaci\u00f3n contempla ajustes mensuales vinculados con la evoluci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC).<\/p>\n
La medida cautelar tambi\u00e9n obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la recomposici\u00f3n de los recursos para las becas estudiantiles, otro de los puntos cuestionados por las autoridades universitarias.<\/p>\n
El Gobierno hab\u00eda presentado documentaci\u00f3n para sostener que estaba cumpliendo con las obligaciones, con argumentos relacionados con los incrementos salariales y las negociaciones paritarias. Sin embargo, el magistrado concluy\u00f3 que no se hab\u00eda demostrado el cumplimiento integral de la medida.<\/p>\n
Antes de imponer la sanci\u00f3n, Cormick hab\u00eda intimado al Ejecutivo a regularizar la situaci\u00f3n en un plazo de cinco d\u00edas, que venci\u00f3 el 22 de septiembre. Posteriormente, concedi\u00f3 una pr\u00f3rroga por otros cinco d\u00edas, pero el CIN insisti\u00f3 en que las obligaciones continuaban pendientes.<\/p>\n
Qu\u00e9 puede pasar con la multa y el fallo sobre las universidades<\/p>\n
La sanci\u00f3n contra Santilli se instrument\u00f3 mediante astreintes, multas econ\u00f3micas que la Justicia utiliza para exigir el cumplimiento de una resoluci\u00f3n.<\/p>\n
En este caso, los $100.000 diarios buscan que el Ejecutivo ejecute las actualizaciones establecidas en la cautelar. El juez dej\u00f3 abierta la posibilidad de incrementar la cifra si considera que la sanci\u00f3n resulta insuficiente.<\/p>\n
Mientras tanto, el conflicto judicial por el financiamiento universitario contin\u00faa en dos instancias diferentes. Por un lado, la medida cautelar sobre salarios y becas permanece vigente. La C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo Federal ya la hab\u00eda confirmado y la Corte Suprema rechaz\u00f3, el 25 de junio, un recurso extraordinario presentado por el Estado.<\/p>\n
Por otro lado, la C\u00e1mara todav\u00eda debe resolver una apelaci\u00f3n del Gobierno contra una sentencia de Cormick que declar\u00f3 inconstitucional una cl\u00e1usula del decreto 759\/2025, mediante la cual el Ejecutivo condicionaba la implementaci\u00f3n de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios.<\/p>\n
Esa discusi\u00f3n corresponde al fondo del conflicto y no suspende la obligaci\u00f3n de cumplir con la cautelar.<\/p>\n
De esta manera, el Gobierno qued\u00f3 nuevamente bajo presi\u00f3n judicial para aplicar las disposiciones de la ley de Financiamiento Universitario, mientras la multa diaria contra el jefe de Gabinete busca acelerar la ejecuci\u00f3n de las medidas pendientes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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