La C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo habilit\u00f3 el tr\u00e1mite de un nuevo recurso del Ejecutivo contra las sanciones por incumplir la ley. Ahora, la causa vuelve a primera instancia, pero no define la pelea de fondo con el CIN.<\/p>\n
Mientras este martes se discut\u00eda en la Comisi\u00f3n de Presupuesto de Diputados el presupuesto educativo y sobre todo, el de las universidades para 2027, la Justicia habilit\u00f3 una nueva apelaci\u00f3n del Poder Ejecutivo Nacional contra la medida cautelar que, entre otras cosas, sancionaba al Gobierno con multas diarias por no aplicar la ley de financiamiento universitario. Ahora, esa parte de la causa vuelve a ser tramitada en un juzgado de primera instancia.<\/p>\n
La Sala III de la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo orden\u00f3 este martes que se tramite el recurso contra la decisi\u00f3n del juez Mart\u00edn Cormick de continuar con la ejecuci\u00f3n de la medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. Esa cautelar tambi\u00e9n establec\u00eda que de no hacerlo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deber\u00eda pagar $100.000 diarios como multa.<\/p>\n
Ahora, el juez de primera instancia deber\u00e1 analizar si el Ejecutivo est\u00e1 cumpliendo o no la medida cautelar y si se le debe aplicar lo que en t\u00e9rminos judiciales se conoce como “astreintes” (multas).<\/p>\n
Cuando el magistrado dict\u00f3 la medida cautelar y dispuso que el Gobierno deb\u00eda comenzar a cumplir la ley, advirti\u00f3 que en caso de que no lo hiciera iba a aplicar una multa por cada d\u00eda que de incumplimiento. La medida fue confirmada por la C\u00e1mara y por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, la Casa Rosada apel\u00f3 la decisi\u00f3n de que se aplique una multa. Esa apelaci\u00f3n fue rechazada por el juez, pero ante esa negativa fue directamente a la C\u00e1mara para que intervenga en el caso.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n que lleg\u00f3 ahora a la C\u00e1mara, se origin\u00f3 en una resoluci\u00f3n del 9 de octubre firmada por el juez Cormick en la que se dispuso que se elevara a la C\u00e1mara la causa principal (en la que ya hab\u00eda dictado una sentencia de primera instancia) y, al mismo tiempo, hizo saber a las partes que continuar\u00eda el tr\u00e1mite para ejecutar la cautelar dentro de un incidente separado.<\/p>\n
El Gobierno apel\u00f3 esa \u00faltima decisi\u00f3n, aunque el juez rechaz\u00f3 el recurso el 14 de octubre.<\/p>\n
El Ministerio de Capital Humano y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n presentaron entonces una queja ante la C\u00e1mara para que revisara esa denegatoria. La Sala III hizo lugar al planteo y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n, que deber\u00e1 tramitarse en primera instancia.<\/p>\n
La nueva decisi\u00f3n se suma a la resoluci\u00f3n del 15 de octubre, cuando la misma Sala III admiti\u00f3 una queja oficial y dispuso que se tramitara con efecto suspensivo la apelaci\u00f3n contra las multas de $100.000 diarios impuestas a Santilli.<\/p>\n
Esa medida dej\u00f3 las sanciones en pausa mientras avanza el recurso, pero tampoco resolvi\u00f3 si el Gobierno hab\u00eda cumplido con la cautelar.<\/p>\n
La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759\/2025, que condicion\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos.<\/p>\n