El 15 de julio, el gobernador Valdés nombró a Alfredo Vallejos al frente del Ministerio de Seguridad. El acceso al cargo del renunciante diputado nacional llegó de la mano de una podadora: se cambió al Jefe y Subjefe de la Policía y a otros 19 altos mandos.
Continúan las sacudidas en la cúpula policial correntina: el Gobierno removió a otros nueve altos funcionarios dentro de la estructura de la fuerza del orden. Con estos, ya son 21 los cambios que se implementaron luego de que el gobernador, Gustavo Valdés, echó a Buenaventura Duarte del Ministerio de Seguridad y nombró a Alfredo Vallejos en un cargo “caliente”.
El pasado 15 de julio, el gobernador Valdés resolvió relevar de su cargo al por entonces ministro de Seguridad, Duarte, tras las duras críticas por el accionar de la Policía en el caso Loan. La desaparición del niño de cinco años sirvió como una suerte de “erupción” social por los duros cuestionamientos tras el notable incremento de hechos delictivos y la deficiente detención de los malvivientes. Si bien este último punto no se le puede endilgar a la fuerza del orden, porque el nuevo Código Procesal Penal transformó a las comisarías en puertas giratorias, lo llamativo es que los vecinos tardan más tiempo en las sedes policiales radicando sus denuncias que los malhechores en las celdas.
El descontento social se evidencia en un dato concreto, lamentable y alarmante: en lo que va de 2024, son cinco los casos en Corrientes en los que las víctimas de los malvivientes tomaron la justicia por mano propia y asesinaron a sus agresores. Y los casos de vecinos justicieros en los que le propinaron tremendas palizas a los delincuentes que atraparon se cuentan de a decenas. Estas situaciones época los reflejó en numerosas ediciones.
En ese complejo panorama, Vallejos asumió tras renunciar a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Tres días después, el 18 de julio, el Gobernador puso en funciones a los nuevos Jefe y Subjefe de la Policía, los comisario general Miguel Ángel Leguizamón y Walter Darío Aceval, respectivamente. Al día siguiente, la poda llegó a nueve direcciones generales cuyos mandos fueron reemplazados. También se nombró a un nuevo titular en la Unidad Regional con asiento en Goya, del que depende la comisaría de 9 de Julio, localidad en la que desapareció Loan y cuyo anterior jefe a cargo, Walter Maciel, es uno de los detenidos por orden de la Justicia Federal.
Otro de los puntos que definen la nueva orientación de la Policía es que la Dirección de Asuntos Internos ya no responderá a la cúpula de la fuerza sino directamente al Ministerio de Seguridad. Esta decisión tiene una razón de ser: el ahora excomisario Maciel tenía numerosas denuncias en su contra, incluso una por abuso sexual de una subalterna cuyo juicio está próximo, pero, sin embargo, ejercía su labor al frente de una sede policial. No fueron pocos quienes aseguraron que “no lo tocaron” porque tenía “protección” de sus superiores.
Con esos cambios ya se modificó la estructura de la plana mayor de la cuestionada Policía correntina. Sin embargo, tanto el gobernador Valdés como el ministro Vallejos habían adelantado que estudiaban más remociones y que no debería sorprender nuevas “jubilaciones” y el acceso a los principales cargos de nuevos oficiales.
Y así fue.
Los últimos cambios alcanzaron a la dirección de Control y Gestión (que depende de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito) y la dirección de Investigación Científica y Pericias. Pero, además, se removieron a los jefes de las comisarías Decimocuarta, Decimonovena, Vigésima, Vigésima Primera y la Segunda de la Mujer y el Menor.
Por si no fuera poco, se nombró a un nuevo director en el Instituto Superior de Formación Policial y al jefe de la división Escuela de Policía.
Reiterancia, para frenar las “puertas giratorias”
El pasado 10 de mayo, durante la inauguración de la comisaría de El Perichón, el Gobernador admitió la grave falencia del Código Procesal Penal (que el 8 de noviembre de 2022 se implementó en todas las circunscripciones judiciales de la provincia) que transformó a las comisarías en “puertas giratorias” aún más rápidas.
“Tenemos que trabajar en un proyecto que sume figuras como la reiterancia, para que aquellos que cometen delitos todos los días no salgan al poco tiempo para volver a delinquir”, dijo, por entonces, el Mandatario provincial.
Poco más de un mes después, el 19 de junio, Valdés envió al Senado provincial un proyecto que propone endurecer el proceso penal contra delincuentes que incurran en reiterancia como factor agravante para que los fiscales puedan pedir al juez de Garantías la detención de quienes incurran en “la repetición de conductas delictivas”.
En la sesión del 27 de junio, los senadores hicieron el ingreso formal del expediente y lo mandaron a comisión “para su estudio”. Pasó más de un mes y poco se sabe de la suerte que correrá la iniciativa.
El Congreso analiza tenencia de armas, imputabilidad y SIDE
Con diversos posicionamientos, la Cámara de Diputados de la Nación analiza un paquete de leyes relacionados con la seguridad. En medio de los cuestionamientos de la UCR y de Unión por la Patria (UP) por el reflote de la SIDE, las diversas posturas a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad, este miércoles 7 de agosto se convocará a una sesión especial a pedido de La Libertad Avanza.
Los temas centrales serán el proyecto de ley de regularización sobre armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, como así, la iniciativa que propone la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. En el caso del primero, desde la oposición advierten que la flexibilización para el blanqueo podría generar riesgos para la población civil.
El martes, en tanto, continuará el plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda para analizar la reforma del Régimen Juvenil Penal. El oficialismo impulsa una baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. En ese sentido, el diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, pidió que la edad sea de 14 años y que se otorgue un mayor financiamiento a las provincias.
Por otra parte, la UCR y UP expresaron su preocupación por el DNU que reflota la SIDE y piden su rechazo.
