La causa conexa contra los presuntos integrantes de la fundación Dupuy también busca esclarecer los pagos por más de 1.8 millón de pesos, recibidos por parte de la Intendencia de 9 de Julio.
En ese punto se considera que no corresponderían con servicios autorizados. Mencionan como ejemplo el caso Federico Colombo que “se identificó como psicólogo, pero solo tenía licencia en su provincia”, Tucumán. Según la asesora de menores, Pablo Núñez dijo “haber dado apoyo moral y psicológico a menores a pesar de no tener un título habilitante”, misma situación que Verónica Machuca Juni.
Una de las preocupaciones más graves reportadas por la defensa pública fue que, bajo el amparo de una fundación sin su verdadera legalidad, realizaron reconstrucciones con menores, grabaron videos que los expusieron públicamente y cobraron por servicios no profesionales, alertó una publicación de Infobae. También el caso de Delfina Taborda, que se presentó como abogada de Camila, y buscó instalar en diversas entrevistas hipótesis relacionadas con la trata de personas, algo que no se condecían con el expediente, alertaron.
