El Presidente firmó un decreto donde advierte que la normativa pone en riesgo el déficit cero. Qué dicta la norma aprobada por el Congreso.
El Gobierno vetó este jueves 3 de octubre la Ley de Financiamiento Universitario, horas después de la masiva marcha en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei. La norma aprobada por el Congreso busca garantizar mayor presupuesto para las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. “Es un irresponsable proyecto de aumento del gasto público”, expresaron desde el Ejecutivo.
La norma fue impulsada por la UCR y aprobada por el Senado el pasado 12 de septiembre. Tiene como objetivo el aumento del presupuesto universitario. Esto incluye garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales e impulsar la actualización de las partidas de gastos de funcionamiento. También busca la mejora de salarial de docentes y no docentes.
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Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de la Ley equivale al 0,14% del PBI, equivalentes a unos $740.000 millones. De ese total, poco más de $441.000 millones (0,8% del Producto) corresponde a la recomposición de salarios docentes y no docentes.
Las principales claves de la Ley de Financiamiento Universitario que vetó Javier Milei
La ley vetada por Javier Milei tiene como fin garantizar el financiamiento sostenido de las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. A continuación, los principales puntos claves al respecto:
La Ley de Financiamiento Universitario busca aumentar el presupuesto de las universidades públicas de la Argentina.
Establece una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85% a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento.
Para los gastos de funcionamiento, introduce un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).
Propone una recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias.
Autoriza al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023 (211,4%).
Modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y establece nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión.
Por qué Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por 57 votos a favor y 10 en contra en el Senado el pasado 12 de septiembre. Este jueves, el presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario en el último día de plazo que tenía para hacerlo, dado que pone en riego el déficit cero. De esta manera, se convirtió en el segundo rechazo de una ley aprobada por el Congreso.
La decisión quedó formalizada a través del decreto 879. En los considerandos del documento, consideró que “el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
El presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”, justificó el Ejecutivo. La eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría “un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000″.
Por otro lado, la gestión de Milei consideró que “la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”.
