En un operativo conjunto de ANDIS y Ministerio de Seguridad se corroboró que 131 prófugos eran beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Un operativo reciente expuso que 131 personas prófugas de la justicia cobraban pensiones no contributivas por invalidez laboral. De estas, 14 fueron detenidas en una acción coordinada entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, y el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Este operativo reveló un preocupante esquema de corrupción en el sistema de pensiones.
La investigación comenzó con auditorías de la ANDIS, que revelaron irregularidades en los registros de beneficiarios, donde prófugos de causas graves, desde robo agravado hasta intento de violación, accedían a estos beneficios. De un total de 10,000 beneficiarios de Buenos Aires auditados, el 57% no cumplía los requisitos, y un 33% no fue localizado en sus domicilios. En Mar del Plata, solo el 20% de los beneficiarios cumplieron con todos los requisitos.
Durante el operativo, las autoridades emitieron citaciones legales a los prófugos para someterse a auditorías médicas, logrando detener a 14 de ellos al asistir a las convocatorias. La Casa Rosada y el vocero presidencial, Manuel Adorni, elogiaron el esfuerzo, calificándolo como un avance significativo para combatir el abuso de los fondos públicos.
Nuevas medidas y Decreto 843/2024
Para abordar las irregularidades detectadas, el Gobierno implementó el Decreto 843/2024, que endurece los criterios de acceso y permanencia en las pensiones por invalidez. La norma excluye a personas con empleo formal, titulares de bienes, y aquellos con causas penales en curso. Solo personas con una incapacidad total y permanente podrán recibir este beneficio.
Estas reformas buscan proteger los recursos públicos y asegurar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan, restaurando la integridad del sistema y erradicando el uso indebido de estas ayudas sociales.
