En medio de un fuerte operativo de seguridad, a las 9:30 de la mañana de este miércoles Alberto Fernández se hizo presente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como imputado en un caso por presuntos hechos de corrupción. Tres horas después, dejó el edificio de Retiro luego de haber cumplido con el trámite.
En ese lapso, el expresidente presento escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas del juez Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rivolo. Solo respondió preguntas de su defensora.
Fernandez fue indagado en el marco del expediente que analizó los 45 contratos que organismos estatales firmaron con Nación Seguros y en los que intermediaron 25 brokers. El ex Jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.
El ex presidente ingresó a la indagatoria y saludó formalmente a todos los que se encontraban en el despacho. Al comienzo de la declaración, con un manifiesto enojo, sostuvo que insistirán con la recusación del juez.
Finalmente, la abogada le preguntó a Fernández sobre unos mensajes que se detectaron en el celular de María Cantero -su ex secretaria-, donde él dijo que hablaría con Cancillería. “Yo me enteré que había un pícaro que se quería meter ahí y por eso dije que iba a hablar para saber que pasaba, nada más”, adujo Fernández
Dirigiéndose a Ercolini, Fernandez volvió a negar las acusaciones: “Voy a hacer dos cosas, primero voy a dejar un escrito que voy a firmar en este mismo acto, donde trato de dar respuesta a las acusaciones que constan en el decreto, y los cargos que me formulan que, la verdad, no logro comprenderlos.”
“En primer lugar, quiero decir que yo creo que este acto es nulo, porque no cumple con ninguno de los requisitos que el sistema procesal argentino prevé. Con una velocidad admirable fue rechazado, pero será apelado. Por lo tanto, como entiendo que es nulo el llamado, creo que es nula la declaración que voy a prestar”, fue lo primero que señaló.
Sin embargo, de inmediato dijo que “como soy un hombre que aprendió derecho con Esteban Righi y que cumple las obligaciones que el Estado de derecho impone, estoy aquí prestando declaración”.
El expresidente sostuvo que “el juez y yo sabemos por qué no existe imparcialidad de su parte, y está escrito en mi presentación. Quiero recordar que mi recusación al juez que interviene en esta causa está todavía pendiente de resolución en la Corte”.
Al concluir esos dos puntos, Alberto Fernández se desvinculó de cualquier maniobra presuntamente corrupta en relación a los seguros.
“Durante más de cuatro décadas, el Estado Argentino aseguró sus empresas en una empresa del Estado, que además intervenía en otros rubros, que era La Caja Nacional de Ahorro y Seguro. A su vez, en ese mismo período, la Argentina contó con un reasegurador monopólico, que era el Instituto Nacional de Reaseguros.
En los años 90, que era yo Superintendente de Seguros, el gobierno dispuso la privatización de La Caja Nacional de Ahorro y Seguro y el cierre del Instituto Nacional de Reaseguros”, explicó.
Buscando correrse de la imputación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el ex Jefe de Estado indicó que hasta la firma del controvertido decreto 823/2021 “el Estado se aseguró con empresas privadas con intermediarios en un sistema que favoreció la cartelización del sistema asegurador y los más espurios negocios”.
Las empresas de seguros -consideró- se “repartían las entidades a asegurar entre si, simulaban licitaciones, y además, usaban productores de seguros. Lo que quiero significar es que es una práctica desde hace muchos años que los bienes de los Estados provinciales se aseguren con empresas del estado provincial. “.
