El tribunal ratificó la suspensión de los efectos del DNU 70/2023. En consecuencia, protegió así la autonomía de la AFA en la gestión de los clubes y las selecciones nacionales.
La Cámara Federal de San Martín emitió un fallo clave en la causa que enfrenta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el Gobierno de Javier Milei sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Hoy, jueves 5, el tribunal decidió anular el artículo que permitía la entrada de capital privado en los clubes y otorgó una importante victoria a Claudio “Chiqui” Tapia en su conflicto con la Casa Rosada.
La sentencia, dictada en el expediente N° 22121, mantiene la suspensión cautelar de varios artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 y del Decreto Reglamentario 730/2024. Esta medida permanecerá hasta que se dicte una resolución definitiva sobre el caso.
La disputa sobre las SAD fue uno de los temas más polémicos desde la llegada de Milei a la presidencia. El Presidente había mostrado su apoyo a las SAD, incluso publicando en redes sociales un mensaje sobre su debate, tras la victoria de Botafogo en la Copa Libertadores, donde el club es gestionado por una empresa privada.
El fallo fue firmado por los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Moran y Juan Pablo Salas, con el secretario Matías José Sac. La resolución responde a un recurso del Estado Nacional, que apeló una medida anterior que había suspendido los efectos del decreto que buscaba modificar la estructura de las asociaciones deportivas.
Los jueces argumentaron que la normativa impugnada por la AFA afectaba la autonomía de las asociaciones deportivas, obligándolas a aceptar sociedades anónimas como afiliadas. Este cambio, indicaron, perjudicaría el funcionamiento independiente de estas entidades sin fines de lucro. Además, sostuvieron que no existía una situación de emergencia que justificara una reforma tan apresurada.
La AFA había señalado que la reforma favorecía a un pequeño sector y afectaba su derecho a organizarse libremente. Los jueces coincidieron con este planteo, considerando que los cambios no eran urgentes ni necesarios.
En cuanto a la competencia territorial, el Gobierno había argumentado que el caso debía ser tratado por la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial de CABA, pero la Cámara Federal optó por que un único tribunal se encargara del asunto, evitando posibles fallos contradictorios.
