El oficialismo mantiene conversaciones con 18 mandatarios y confía en que en los próximos días cerrará un acuerdo que incluiría un compromiso de pago a partir de 2025.
Sin el Presupuesto 2025 aprobado, el Gobierno y las provincias apuran las negociaciones por las deudas que Nación tiene con las cajas previsionales no transferidas a la Anses. Una de las condiciones sobre la mesa es que los gobernadores dialoguistas retiren las demandas que realizaron ante la Corte Suprema de Justicia, pero los mandatarios proponen hacerse cargo de obras nacionales, entre otras concesiones
Según pudo saber TN, son 18 los mandatarios provinciales que negocian con el Gobierno de Javier Milei. En Balcarce 50 sostienen que el diálogo está “muy avanzado” y confían en que en los próximos días podrán cerrar un acuerdo que no incluya saldar las deudas de 2024, sino un compromiso de pago a partir de 2025.
Si bien los gobernadores dialoguistas aseguran que mantendrán las demandas judiciales y que jugarán otras monedas de cambio, algunos mandatarios apremiados por las cuentas provinciales podrían terminar cediendo. Es ahí donde tienen puesta la mira el Palacio de Hacienda y los negociadores de Milei.
a intención del oficialismo es cumplir con el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que se promocionó este año y que tuvo la adhesión de 18 provincias, para canjear deuda por rutas, tierras fiscales y obras públicas.
La posición del Gobierno y la situación de las provincias
La semana pasada, la Casa Rosada confirmó que obtuvo la aprobación de la mayoría de las provincias para avanzar con el Régimen, que tiene como objetivo “facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”, extinguiendo total o parcialmente las obligaciones entre la Nación y las provincias. Además, para seguir con las negociaciones, surgió la idea de frenar los procesos judiciales que existen en la Corte Suprema, en reclamo de los fondos.
Nosotros no nos sentamos poniendo una judicialización del reclamo arriba de la mesa. Es razonable que si uno está negociando se suspendan las acciones legales”, indicaron desde una de las provincias a favor del canje.
Hay jurisdicciones, como Entre Ríos, que firmaron el entendimiento, pero mantendrán las demandas: “Seguimos, salvo que se acuerde un documento final”. Aseguran que ven difícil esa posibilidad, frente a la cantidad de dinero que hay en el medio. El pedido de la provincia liderada por Rogelio Frigerio se estima en $9000 millones por mes, a fin de cubrir el déficit mensual de la caja de jubilaciones entrerriana.
En el caso de Santa cruz, cuentan como mínimo unos $82.000 millones de deudas que acumula el Tesoro nacional con la provincia gobernada por Claudio Vidal y hay varios temas en negociación. Ellos sí frenaron las demandas, pero desde hace tiempo que el distrito patagónico reclama la posesión sobre las represas y los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Para Santa Cruz es necesario que se reactiven las obras de las represas y que los fondos comprometidos para YCRT aparezcan el año que viene.
Sin embargo, hay otros distritos que no ceden ante el pedido, frente a la incertidumbre de acuerdos. Por ejemplo, Santa Fe no adhirió al plan del Gobierno. El gobernador Maximiliano Pullaro seguirá reclamando la deuda, pero en simultáneo también quiere hacerse cargo de determinadas rutas, como la 11 y la 34, que contabilizan 60 muertos por siniestros en 2024, según un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La deuda entre Santa Fe y el Gobierno Nacional es de US$800 millones.
“Las iniciativas que están en la Justicia quedan en tiempo suspendido y el que maneja el tiempo es una de las partes. Por eso entendemos que no es conveniente adherir”, dijo Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, en declaraciones a La Capital.
Las otras provincias que no aceptaron el canje de deuda fueron Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tres primeras, fuertemente enfrentadas al Gobierno de Milei. En año electoral, los recursos van a ser indispensables, pero también la posición de firmeza frente a la gestión libertaria.
Con precaución, integrantes del entorno de algunos gobernadores se atreven a decir que de acuerdo a la situación en la que se encuentra cada provincia, algunas podrán aceptar más o menos las condiciones de Nación.
