Ambas Cámaras no lograron avanzar con la llamada ley de leyes. Tampoco, prosperaron los debates por la restitución del FONID y de los subsidios al transporte. Como, así la devolución de la alícuota de la ex AFIP a la masa coparticipable.
Durante 2024 el Ejecutivo Nacional dictó al menos 42 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En paralelo, el Congreso de la Nación sancionó 43 leyes, de las cuales 31 fueron ratificaciones de acuerdos y temas internacionales. De este total, dos fueron vetadas y no hubo acuerdo con el Presupuesto 2025, tampoco avanzaron las iniciativas que intentaron dar alivio a las arcas provinciales como la restitución del FONID y el pedido del subsidio al transporte.
El presidente de la Nación, Javier Milei, se sirvió de los decretos para dar rienda a las políticas de su administración. El Congreso fue un escenario de tensiones, acuerdos y desacuerdos. Incluso echaron a un senador nacional dialoguista, el entrerriano Edgardo Kueider, en medio de un escándalo por su detención en Paraguay por presunto tráfico de divisa. En la Cámara de Diputados de la Nación solo hubo 10 sesiones hasta diciembre y para el Gobierno se tomó como un triunfo la sanción de la Ley Bases y los vetos de las leyes de financiamiento universitario y de modificación de la fórmula de aumento previsional.
Sin embargo, quedaron pendientes leyes para las provincias. La principal es el Presupuesto 2025 que no logró tratarse en período Ordinario. Tampoco se incluyó en un posible temario de Extraordinarias, las cuales se anunciaron y, finalmente, no se convocaron en diciembre.
La Ley de Presupuesto es uno de los principales debates que se debió el Congreso de la Nación y que afecta directamente a las provincias. Sucede que el Gobierno nacional tendrá que prorrogar el Presupuesto 2025 y esto nuevamente repercutirá en una mayor discrecionalidad de la administración de las partidas en medio de un año electoral, en el cual está en disputa la composición de ambas cámaras nacionales.
Este año prácticamente no hubo obra pública nacional. Cayó la inversión real directa en todas las jurisdicciones subnacionales y hasta octubre los registros de transferencias discrecionales indicaban una reducción interanual real del 80%. En Corrientes este porcentaje ascendía al 86%.
En cuanto a la obra pública, este fue uno de los principales reclamos de los gobernadores, entre ellos, el del correntino Gustavo Valdés quien señaló en reiteradas ocasiones que la Provincia debió hacerse cargo de trabajos de infraestructura del Gobierno nacional, valuados en aproximadamente 60 millones de dólares. A cambio, le solicitaron al Ejecutivo Nacional tres proyectos clave: finalizar la autovía de Ruta Nacional N°12, la planta de tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad de Corrientes, y la Ruta 126 en el tramo que une Sauce y Curuzú Cuatiá.
“En 2025 tendremos que insistir con el proyecto de Presupuesto en el Congreso”, dijo a época semanas atrás el senador nacional por Corrientes y jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, al ser consultado sobre la iniciativa, la cual es fundamental para los gobernadores.
Los mandatarios del otrora interbloque de Juntos por el Cambio, entre ellos Valdés, habían firmado en noviembre un comunicado a través del cual solicitaban al Ejecutivo Nacional que impulse el tratamiento del Presupuesto 2025. Señalaban que “no querían retroceder” a los tiempos de discrecionalidad y que debían enviar un mensaje de seguridad a los mercados.
Sin embargo, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, reflotó la posibilidad de una convocatoria a sesiones Extraordinarias en febrero. “Estamos trabajando para ganar consensos”, dijo el integrante del gabinete de Javier Milei ayer en declaraciones a Radio Rivadavia. Allí esperan avanzar con leyes de reforma electoral, entre ellas, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Además de la eliminación de las PASO, otro de los proyectos que el oficialismo intentó colocar en el temario fue la privatización de Aerolíneas Argentinas, una iniciativa que un gran número de gobernadores estaban en desacuerdo durante el debate por la Ley Bases. También, La Libertad Avanza (LLA) promueve los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. En el caso del primer postulante, generó polémica con la Coalición Cívica y con un sector del radicalismo que se opone, tal es el caso del diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre.
Las tensiones en el bloque radical en el Congreso, además de la ruptura que se dio con la constitución de Democracia para Siempre, volvieron a florecer luego de una foto entre integrantes de la bancada, entre ellos su titular Rodrigo de Loredo y los “sancionados”, con el Presidente de la Nación. Varios le marcaron que deben reclamar por el tratamiento del Presupuesto 2025.
“Vamos a confluir todos y queremos ser parte de esa fuerza indudablemente porque, en este momento, hay que profundizar este cambio y seguir con el camino de transformación”, declaró el diputado nacional por Tucumán, Mariano Campero, con la prensa, uno de los sancionados por haber acompañado el veto al financiamiento de las universidades nacionales.
De dicho encuentro en la Casa Rosada también participó el diputado nacional por Corrientes, Federico Tournier, que pertenece a Encuentro Liberal (ELI). Su fuerza política mantiene una sintonía fina con el Gobierno nacional.
Mientras tanto, no prosperaron iniciativas que intentaban brindar alivio a las arcas provinciales. Este es el caso de la restitución por ley del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Al asumir, Milei decidió no prorrogar la iniciativa y los costos recayeron sobre los gobernadores. Tampoco avanzó un pedido de intendentes en el Congreso para que Nación libere fondos para el transporte público de pasajeros del interior.
En el Senado, a su vez, legisladores radicales presentaron un proyecto de ley para que la alícuota de coparticipación destinada a AFIP se devuelva a las provincias.
