La soja pasará de 33% a 26% y los derivados como aceite y harina, de 31 a 24,5 por ciento. Otro grupo de productos pagarán hasta mitad de año 9,5% de impuesto. El recorte tendrá un costo fiscal que equivale casi a la mitad del superávit financiero de 2024.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción temporal en los derechos de exportación de los principales cultivos agropecuarios, así como una eliminación definitiva de las retenciones para productos de las economías regionales. La medida, que entrará en vigor el próximo 27 de enero y se extenderá hasta junio, implica una disminución significativa en las alícuotas de productos como soja, trigo, maíz y girasol, generando un impacto considerable en la recaudación fiscal.
Entre los principales cambios, la alícuota para la soja pasará del 33% al 26%, mientras que sus derivados, como harina y aceite, reducirán su tasa del 31% al 24,5%. Por otro lado, el trigo, maíz, cebada y sorgo verán una baja del 12% al 9,5%, y el girasol disminuirá su retención del 7% al 5,5%. Además, productos característicos de las economías regionales, como azúcar, tabaco, algodón, arroz y cuero bovino, quedarán exentos de manera permanente.
El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la decisión en el contexto de una sequía prolongada y precios internacionales a la baja: “Queremos darle al campo una señal de apoyo en un contexto de sequía y precios internacionales bajos. Estamos haciendo justicia, bajando impuestos de manera responsable”.
Sin embargo, esta medida le costará al Estado aproximadamente 800 millones de dólares, lo que equivale al 0,13% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del economista Claudio Caprarulo. Esto representa cerca de la mitad del superávit financiero registrado en 2024, que fue del 0,3% del PIB.
Caputo también se refirió a la incidencia de los impuestos provinciales y municipales, subrayando que el recorte en derechos de exportación aumentará la recaudación de tributos coparticipables, beneficiando a las provincias. “Un mensaje para todos los sectores: sería bueno que todas las exigencias o reclamos se concentren a nivel de provincias y municipios”, declaró.
El anuncio llega en medio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que presionó por modificaciones en el esquema cambiario. A pesar de esto, Caputo aseguró que “el programa económico continuará siendo el propuesto por Argentina”, descartando por el momento cambios en el denominado “dólar blend”.
La situación crítica del sector agropecuario fue destacada en distintos informes. La Fundación Mediterránea subrayó que el precio promedio de la soja en el mercado internacional cayó un 27% en diciembre de 2024 respecto del promedio histórico, alcanzando su nivel más bajo desde 2006. La institución también estimó que los derechos de exportación representaron entre el 1% y el 1,1% del PIB en 2024, marcando una caída en comparación con años anteriores. Lo que representa un obstáculo de cara al objetivo de eliminar por completo las retenciones.
Desde 1983, las retenciones fueron un eje central de la política económica argentina, con múltiples ajustes según el gobierno de turno. Durante el kirchnerismo, las tasas alcanzaron máximos históricos, mientras que la gestión de Mauricio Macri promovió reducciones significativas. Bajo la administración de Alberto Fernández, se reintrodujo un esquema progresivo con tasas altas para la soja y otros productos.
La Mesa de Enlace valoró la medida como un avance positivo, aunque insuficiente. Voceros de la organización subrayaron que esperan compromisos a largo plazo para garantizar la competitividad del sector. Además, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, informó que se implementará un mecanismo para agilizar la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y garantizar la liquidación de divisas en plazos reducidos.
Mientras el Gobierno planea oficializar los cambios el lunes en que las nuevas alícuotas entren en vigor, el futuro de las retenciones queda supeditado al desempeño económico de 2025. Proyecciones del Ministerio de Economía indican que un crecimiento del 5% podría generar una recaudación adicional de 1,2 puntos del PIB. No obstante, el consenso del mercado anticipa una expansión del 4%, lo que podría retrasar el objetivo de eliminar completamente este gravamen.
