El procurador general brasileño, Paulo Gonet, presentó cargos contra el expresidente y 33 colaboradores por el asalto en Brasili de 2023; el Tribunal Supremo analizará el caso y decidirá si va a juicio
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, acusó al expresidente Jair Bolsonaro, por un intento de un golpe de Estado para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022, en un plan que incluía envenenar a su sucesor y actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y asesinar a un juez del máximo tribunal del país.
Gonet alega que Bolsonaro y 33 personas más participaron en un complot para mantenerse en el cargo. El plan, escribió el fiscal, pretendía envenenar a Lula y matar a tiros al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, un adversario del expresidente.
Por medio de un comunicado, el organismo detalló que presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho” y agregó: ”La organización tenía como líderes al entonces presidente [Jair Bolsonaro] y su candidato a vicepresidente [Walter Braga Netto]“.
“Los miembros de la organización criminal estructuraron en el palacio presidencial un plan para atacar instituciones, con el objetivo de derribar el sistema de poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de ‘Daga Verde y Amarilla’”, dijo Gonet en el acta de acusación de 272 páginas. Bolsonaro suele mostrarse con la camiseta amarilla y verde de la selección de Brasil, y estos colores se han asociado con su movimiento político.
El equipo legal del expresidente dijo que recibió las acusaciones con “consternación e indignación”, y señaló en un comunicado que el expresidente “nunca ha estado de acuerdo con ningún movimiento cuyo objetivo sea el de desmantelar el estado de derecho democrático o las instituciones que lo sustentan”.
Uno de los hijos del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, dijo en la red social X que la acusación era “vacía” y que no había evidencia de irregularidades. Acusó a la fiscalía de servir “a los nefastos intereses de Lula”.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil analizará los cargos y, si son aceptados, Bolsonaro será sometido a un juicio. Los delitos conllevan distintas penas. Si el expresidente es declarado culpable de un intento de golpe y abolición violenta del estado de derecho democrático, podría recibir una sentencia de hasta 20 años en prisión, según el código penal brasileño.
Informe
En noviembre de 2024, la Policía Federal presentó un informe de 884 páginas ante Gonet en el que explicó el supuesto plan encabezado por Bolsonaro. En tanto, indicaron que las intenciones del expresidente eran sembrar desconfianza en el sistema electoral entre la población, redactar un decreto para dar al complot una apariencia de legalidad, presionar a los altos mandos militares para que apoyaran el plan e incitar a un disturbio en la capital.
Según precisó la Policía, en diciembre de 2022 -un mes después de las elecciones- la trama golpista a cargo de Bolsonaro se “abortó” por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército brasileño. Sin embargo, realizaron otro intento el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del candidato de derecha atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia [la plaza de los Tres Poderes] por “incentivo” del expresidente.
Gonet afirmó que Bolsonaro adoptó “un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus reiteradas declaraciones públicas, en las que expresó su descontento con decisiones de tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente”. Además, remarcó que el expresidente “se volvió más antidemocrático” y sumó: “Esta escalada ganó mayor impulso cuando Lula, visto como el contendiente más fuerte en la carrera electoral, se volvió elegible, debido a la anulación de sus condenas penales”.
El expresidente niega haber cometido irregularidades. “No tengo preocupaciones sobre las acusaciones, cero”, comentó Bolsonaro a los periodistas horas antes el martes durante una visita al Senado en Brasilia. “¿De casualidad han visto el decreto del golpe? No lo han visto. Yo tampoco”, añadió.
Además de participar en un intento golpe de Estado, las 34 personas imputadas enfrentan acusaciones de haber participado en una organización criminal armada, de intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, de daños calificados por violencia y grave amenaza contra los bienes del Estado, y de deterioro del patrimonio catalogado, según un comunicado de la oficina de prensa del procurador general.
Los cargos son “históricos”, dijo Luis Henrique Machado, abogado penalista y profesor en la universidad IDP en Brasilia, añadiendo que anticipa que el Supremo Tribunal Federal acepte los cargos y lleve a Bolsonaro a juicio antes de que finalice el próximo año. “Los cargos demuestran que las instituciones de Brasil son sólidas, independientes y ágiles”, opinó. “Son un modelo a seguir para otros países donde la democracia está en riesgo”.
Bolsonaro tiene prohibido postularse en las elecciones de 2026 después de que los jueces del máximo tribunal electoral del país dictaminaron que abusó de su poder y planteó dudas infundadas sobre la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país.
Después de la acusación formal del martes, Bolsonaro “se hará pasar como una víctima”, dijo Carlos Melo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Insper de Sao Paulo. Bolsonaro ya dijo que sus problemas legales son un intento para impedir que regrese a la presidencia.
“Hay encuestas que dicen que sería competitivo en las elecciones de 2026 contra Lula, una de ellas publicada hoy mismo”, subrayó Melo. “Va a haber una polvareda política, pero se asentará”.
La fiscalía excluyó al único argentino acusado
Tras los incidentes de 2023, la fiscalía había incluido en la lista de acusados al argentino Fernando Cerimedo, un experto en marketing digital que fue consultor político del presidente Javier Milei en sus inicios en la política. Cercano a la familia Bolsonaro, se lo inculpaba por haber difundido información falsa durante transmisiones en línea sobre el conteo de votos en las presidenciales de 2022.
Sin embargo, Cerimedo fue quitado de la investigación, por lo que expresó en sus redes sociales: “Finalmente y como siempre sostuve, nunca participe de ningún intento de golpe de estado en Brasil. Hoy la fiscalía me excluyó de la denuncia por no tener relación con ese presunto hecho“.
Además, sostuvo: “Aquellos que usaron esto para pegarme, operarme y desprestigiarme, todo bien con ustedes. No hay rencor. La vida les cobrara todo el veneno que tienen adentro. Escribo esto con lagrimas en los ojos, porque fueron meses muy duros por este tema. Con mucha impotencia. Tengo la convicción que la batalla cultural hay que darla cueste lo que cueste. Y exponer a todos los que atenten contra la vida, la libertad y la propiedad privada“.
