La Cámara Baja sancionó la modificación de la ley de creación de IOSAP. Por otra parte, el integrante de ELI, Horacio Pozo, hizo un duro cuestionamiento a algunos intendentes del oficialismo provincial. “El pueblo no quiere violencia”, aseveró.
“Por una serie de episodios que se han sucedido en distintas localidades de la provincia podemos considerar el inicio de una ola de violencia política”, acusó el diputado provincial Horacio Pozo. En medio de un tenso silencio del oficialismo, el integrante del bloque ELI describió tres casos que consideró de gravedad, adhirieron al pedido de reflexión legisladores de Unión por la Patria. Además, el cuerpo sancionó el proyecto de ley que modifica la N°3.146 de creación del Instituto de Obra Social para Abogados y Procuradores (IOSAP).
“Me voy a referir a tres casos. En la ciudad de Concepción, una persona con actividad política ante la pregunta de un joven en la puerta de un kiosco no le gustó y reaccionó violentamente, produciéndole lesiones a este joven. Hablo del señor Ibarra chofer del senador Pellegrini (Diego) en un caso conocido”, señaló el legislador. “En la república hay igualdad ante la ley y las relaciones políticas no dan derecho a ejercer violencia. Mucho nos ha costado la democracia, la paz y nos tiene que preocupar a todos los que queremos una democracia tranquila”, aseveró
Indicó que la Policía “se habría negado a recibir la denuncia”, aunque aclaró que sería materia de investigación. Y enfatizó: “No queremos que la incipiente violencia política escale. Preferimos la libertad y el respeto”.
Pozo también apuntó contra el intendente de Itatí Francisco Romero al sostener que se habría retirado una bomba de perforación que provee de agua potable a una parte de la población de paraje Yacareí. El legislador acusó en el recinto que el motivo habría sido político. “Mandar a castigar y perseguir o pensar que le deben algún favor o adhesión y sumisión”, acusó y prosiguió con énfasis: “No quiero Intendentes matones. Los intendentes tienen facultades para ser servidores públicos”.
“Violenta los deberes de funcionario”, indicó el diputado, quien señaló que el Código Penal hace una referencia “al agua potable”, ya que se trata de un servicio vital. No obstante, aclaró que la bomba fue restituida.
“No queremos violencia política. No vamos a dejar pasar”, reiteró Pozo.
Además, recordó el caso de Esteban Miño de Mburucuyá, quien, según informó trabajó en la construcción de vivienda a través del programa Oñondivei. “El Intendente (Pablo Guastavino) no encontró mejor cosa que, como adhería a otra alianza, sacarlo del programa y lo privó de la casa que le correspondía”, acusó el diputado. “Pareciera que alguien dio la orden, o son iniciativas individuales pero se olvidan de que existe el Código Penal”, arguyó el integrante de ELI. “Mucho nos costó en Corrientes alejarnos de las 18 intervenciones que sufrió la provincia”, advirtió.
“En la república hay igualdad ante la Ley y las relaciones políticas no dan derecho a ejercer violencia”
Queremos plantear el llamado a la reflexión”, manifestó Pozo. “Podríamos hacer venir a los Ministros para que den informe pero lo que queremos en realidad es la reflexión y el compromiso para conservar la paz dentro de la democracia, que exista el respeto y el apego al cumplimiento de la ley”, manifestó el diputado provincial.
“No creamos que son pequeñas cosas, errores o matonería de Intendentes. Debemos colaborar para cortar y erradicar la violencia”, aseveró el legislador. Las críticas de ELI se acrecentaron en medio de un escenario electoral en el cual el partido se alejó del oficialismo para trabajar en la construcción de un frente con otros sectores opositores al Gobierno Provincial.
