El abogado del exministro publicó un comunicado con críticas a la Corte; ayer quedó firme la condena por la tragedia de Once y el exfuncionario debe presentarse mañana para ser arrestado
El exministro de Planificación Federal Julio de Vido anunció que se presentará ante un consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar hacer caer su detención, que debe materializarse mañana, según lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 4, que lo condenó por fraude al Estado en el marco de la tragedia ferroviaria ocurrida en 2012 en la estación de Once, que provocó la muerte de 51 personas.
El movimiento fue anunciado por su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, en un texto con duras críticas a la Corte Suprema por haber rechazado ayer uno de sus recursos de queja y haber dejado firme la condena a cuatro años de prisión ordenada en 2018 por el TOF 4, que lo consideró partícipe del delito de administración fraudulenta.
En paralelo, De Vido, de 75 años, pidió ante el tribunal cumplir la pena en su casa, confiaron fuentes allegadas al exfuncionario.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente, en contra de sus propios antecedentes y en un absoluto exceso de jurisdicción, ha rechazado, sin siquiera tratarlo, un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal”, dice el comunicado.
Según Rusconi, el máximo tribunal “no tenía jurisdicción” para pronunciarse sobre el caso, puesto que aún se encontraba pendiente de resolución un planteo de prescripción de la acción penal.
Por eso, además de haber presentado ya un recurso de reposición ante la propia Corte Suprema, dio a conocer que haría otro distinto ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, un órgano de expertos de la ONU dedicado a examinar denuncias de presuntas detenciones irregulares que como resultado de su trabajo emite una “opinión” no vinculante.
“Solicitaremos a ese grupo de expertos, ante lo preocupante de la situación y ante la inminente privación de libertad arbitraria del arquitecto De Vido, que actúe mediante el procedimiento de ‘acción urgente’ instando al gobierno argentino a que las autoridades judiciales adopten las medidas necesarias para evitar que esa privación de libertad ilegal se materialice”, continúa el texto.
La defensa del exfuncionario del kirchnerismo argumenta que el delito por el que fue condenado en 2017 -administración fraudulenta- tiene un máximo de 6 años de pena, y que el plazo de prescripción se cumplió el 10 de diciembre de 2024.
“Pasaron casi siete años sin que se haya contado con una sentencia completa (esto es, integrada con la determinación de la responsabilidad por la materialidad del hecho y la imposición de una pena). Cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales”, argumenta la defensa del exfuncionario.
Ayer, luego de que la Corte rechazara la queja, el juez del TOF encargado de ejecutar la pena, Ricardo Basílico, convocó al exministro a presentarse ante el tribunal para ser detenido. Primero se lo convocó a las 10 de la mañana, pero el horario coincidía con el inicio de la segunda audiencia del juicio por los cuadernos de las coimas, por lo que se adelantó para las 8:30. “Se arbitrarán los medios necesarios -decía la rectificación- para garantizarle la conexión al debate referido.”
De Vido se encuentra en libertad. Además de la sentencia por la tragedia de Once, pesan sobre él otras dos condenas: una por fraude, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, a 4 años, y otra, también por fraude, por la compra de gas natural licuado, un expediente que forma parte del caso ampliado de los cuadernos.
Antecedente
En noviembre de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU al que acudirá De Vido emitió una opinión contra el arresto de la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru Milagro Sala. Sostuvo que su detención fue “arbitraria”. Consideró que la dirigente fue detenida en el marco de una protesta pacífica en una plaza -Plaza Belgrano, en Jujuy- y que las imputaciones en su contra no estaban claras, además de que era miembro del Parlasur.
Sala nunca fue liberada y en mayo de este año la Corte Suprema dejó firme una condena unificada contra ella a 15 años de prisión por extorsión, asociación ilícita, fraude y amenazas.
