El objetivo era tener la ley de leyes aprobada a fin de año, pero la negociación con los gobernadores es dificil. Por esto hay quienes dicen que al Presidente no le molestaría demasiado que la Argentina no tenga por tercer año consecutivo su presupuesto.
El presidente Javier Milei no oculta sus verdaderas intenciones. Quiere un trámite exprés para el Presupuesto 2026 y la denominada ley de Modernización Laboral.
La idea inicial era tener la ley de leyes aprobada a fin de año, pero como vienen las negociaciones por los votos, sobre todo con los gobernadores, ya hay quienes dicen que al Presidente no le molestaría demasiado que la Argentina no tenga por tercer año consecutivo su presupuesto.
En cambio, está obsesionado con modificar el régimen que regula el trabajo registrado en la Argentina. Se lo planteó al inicio de su gobierno con la Ley Bases, pero no pudo. Después intentó con el DNU 70/23, que se frenó por una cautelar, y luego por la ratificación de esa medida a través de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Ahora va por todo y hasta hace de esto una cuestión semántica. Para su Gobierno es una “modernización” de la actividad laboral en el país. No quiere saber nada que le digan reforma y muchísimo menos que la califiquen como “flexibilización”.
El futuro de la forma de trabajar en la Argentina estará en juego: desde los salarios hasta las indemnizaciones, pasando por los horarios, vacaciones, horas extras y licencias, entre otras cuestiones.
Lo que se dice un verdadero desafío para flexibilizar o modernizar las relaciones laborales. Mucho para tratar, en poco tiempo. Ese es el ritmo que impone Milei.
Mientras el Presupuesto fue a la Cámara de Diputados, la ley laboral entró por el Senado, donde La Libertad Avanza considera que estaría en condiciones de darle la media sanción antes de que termine el período de sesiones extraordinario a fin de año.
Es probable que los libertarios, en alianza con algunos legisladores del PRO, le den a Fuerza Patria de su propia medicina. El kirchnerismo, cuando gobernaba Cristina Kirchner, limitaba los debates en comisión y la presencia de opositores para pronunciarse sobre un proyecto de ley, cada vez que quería llevarlo al recinto con urgencia. Pero antes debía asegurarse los votos en el recinto.
La flamante senadora, Patricia Bullrich, será la encargada de poner en práctica la estrategia de Milei y de meter presión a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que no obstaculice esos planes.
El peronismo, el kirchnerismo y la CGT ya trabajan en una estrategia en común. Dentro y fuera del Congreso. En la calle y en los tribunales. La ausencia del dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la última reunión del Consejo de Mayo fue una clara señal del ánimo “cegetista”.
Por lo pronto, la oposición esperará el texto definitivo que apruebe el Congreso, en un plazo indeterminado porque nadie sabe realmente qué ocurrirá en ambas cámaras y qué actitud tomarán los gobernadores que todavía esperan una respuesta concreta a los reclamos que hicieron a la Casa Rosada en forma individual.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tuvo órdenes claras de Milei. Ir a fondo con las reformas que no pudo implementar en los primeros meses de su mandato, pero asegurarse de no dejar flancos débiles para que los gremios y Fuerza Patria la frene en la Justicia.
Esta reforma generó nuevas disputas internas libertarias porque el ala más dialoguista o negociadora con la CGT trató de no cerrarle todas las puertas al diálogo con los sindicalistas.
Por eso, Karina Milei, Santiago Caputo y los Menem, Lule y Martín, lograron que se excluya del proyecto el artículo que eliminaba la cuota solidaria, que los trabajadores aportan de manera voluntaria y que va a las cajas de los gremios.
Su inclusión hubiese sido un durísimo golpe. Sin embargo, el ala más intransigente, identificada con Sturzenegger, el hombre de la motosierra, y la senadora Bullrich, lograron que se mantengan algunos condicionamientos que no harán tan sencillo que la plata que sale de los sueldos de los trabajadores registrados vaya rápidamente a los sindicatos.
Lo concreto es que la semana que empieza marcará las dos estrategias muy claras. La del Gobierno y la de la CGT.
Villarruel convocó para el martes a la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria en el Senado. Para ese momento se espera que ya estén conformadas las comisiones de Trabajo y Previsión Social y también la de Presupuesto y Hacienda.
Entonces será el tiempo de definir cómo será el debate previo a la firma de los dictámenes que irán al recinto y cuánta gente podrá exponer en esas comisiones.
Dicen que hay un centenar de pedidos que extenderían el debate fuera de los plazos que imagina la Casa Rosada. Pero con los feriados de Navidad y Año Nuevo, los tiempos son muy limitados para tener la media sanción y con eso especulará la oposición.
Por eso, el Gobierno apuesta a tener dictamen como máximo el próximo viernes y darle sanción antes del 30 de diciembre, cuando terminan las sesiones extraordinarias.
En el medio estará la marcha a Plaza de Mayo y al Congreso que la CGT convocó para el próximo jueves 18. Se sumarán a esa protesta las dos CTA, el kirchnerismo y también los partidos de izquierda.
Promete ser importante, pero el Gobierno no quiere que haya choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Por eso, abrirá un diálogo con los organizadores.
La movilización, propuesta por uno de los tres jefes de la CGT, Jorge Sola (del sindicato del seguro), es una forma de contener a los más confrontativos que pugnan por la huelga general.
Nadie quiere cerrar las puertas al diálogo. Si todo sale como quiere el Presidente, la reforma se convertiría en ley, en una extensión de las extraordinarias a fines de enero o en febrero o en el inicio de las sesiones ordinarias en marzo.
Después se abriría, con seguridad, una disputa judicial por no pocos artículos de esa norma. Los que la CGT considera que violan la Constitución Nacional. Pero ya hubo un adelanto.
El diputado Esteban Paulón hizo una denuncia ante la Justicia federal por entender que el proyecto de modernización laboral incluye aspectos tributarios que no corresponde tratar en el senado.
En la interna palaciega de los libertarios trascendió que se le había advertido a Sturzenegger que esto podía ocurrir, pero que el ministro fue por todo, como le había pedido Milei.
Pero este no será el único flanco que deberá atender el Gobierno. La Asociación de Magistrados hizo conocer el viernes un duro documento en el que considera que los cambios que se quieren introducir en la Justicia nacional del trabajo pueden significar la disolución del fuero laboral y afectar la independencia judicial.
“Resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado”, sostienen los jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Esos artículos son los que condicionan y modifican el funcionamiento de la justicia laboral. Así, planteadas las cosas, la estrategia de Milei parece no tener marcha atrás con la reforma laboral. Pero, en definitiva, sabe que todo es cuestión de votos o de fallos judiciales.
