En la oposición denuncian que se trata de un nuevo blanqueo de capitales que beneficia, una vez más, a grandes evasores, y que podrían aprovechar narcotraficantes, tratantes de personas y contrabandistas de armas.
El gobierno de Javier Milei se alzó en la madrugada de este jueves con la media sanción en Diputados del proyecto de Inocencia Fiscal. La polémica iniciativa, caratulada por la oposición como un nuevo blanqueo de capitales disfrazado, introduce profundos cambios en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.
La media sanción -que ahora se girará al Senado- se aprobó con 130 votos afirmativos, 107 en contra y dos abstenciones. El oficialismo logró su objetivo junto a sus aliados de PRO, la UCR, el MID y los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).
La iniciativa parte de una premisa central: el contribuyente es considerado inocente hasta que Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) demuestre lo contrario, invirtiendo la lógica histórica de presunción de evasión. El objetivo declarado es permitir que quienes ahorraron dólares sin declararlos puedan utilizar esos fondos sin enfrentar persecución penal.
En esa línea, el proyecto eleva de manera significativa los umbrales a partir de los cuales se configura un delito de evasión. El piso para investigar evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones pesos, mientras que el de evasión agravada se incrementa de 15 millones de pesos a mil millones de pesos. De esta manera grandes evasores podrían utilizar los fondos evadidos del fisco sin despertar sospechas, lo que en la práctica funciona como un blanqueo de capitales.
Además, acorta los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias: de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya presentado en término la declaración jurada y cancelado deudas e intereses. Este beneficio, que rige por única vez por persona, limita el período que el Estado puede revisar hacia atrás.
El proyecto también crea un régimen simplificado y voluntario de declaración jurada de Ganancias para personas humanas, destinado a contribuyentes con ingresos de hasta mil millones de pesos y un patrimonio de hasta 10 mil millones de pesos. A diferencia del esquema vigente -que exige justificar la evolución patrimonial y el nivel de consumo año a año-, el nuevo sistema elimina el control detallado del gasto mensual. Si los bienes al cierre del ejercicio son compatibles con los ingresos declarados, el consumo deja de ser un factor de fiscalización, lo que apunta a incentivar la exteriorización y el uso de dinero no declarado.
El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois acusó a los libertarios de avanzar con un proyecto en favor del narcotráfico. “Es un proyecto para (Lorena) Villaverde”, denunció Grabois en referencia a la diputada libertaria con estrechos vínculos con el narcotráfico que además no pudo jurar como senadora por tener un pasado opaco con la justicia norteamericana y su cercanía con el narco Federico “Fred” Machado, extraditado a los Estados Unidos.
