La investigación contra “Chiqui” Tapia por retención de aportes entró en una fase decisiva

El presidente de la AFA enfrenta una posible imputación por presunta retención de aportes de la seguridad social. El juez tiene 10 días hábiles para decidir sobre procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito.

La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes entró en una etapa decisiva. Concluidas las indagatorias y presentados los escritos de defensa esta semana, el juez Pablo Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del dirigente.

A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para decidir si procesa a Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Según fuentes judiciales, las pruebas complican la situación tanto de Tapia como del tesorero Pablo Toviggino, y se inclinaría por procesarlos. La decisión sobre la prohibición de viajar al exterior aún no fue confirmada.

La investigación apunta a una presunta retención indebida de aportes por un monto de 19.300 millones de pesos. Según la acusación, la AFA no habría pagado en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

De acuerdo con la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde la fecha de vencimiento de los aportes. La investigación también detectó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos en pesos y dólares.

Las defensas

Durante las indagatorias, Tapia y Toviggino presentaron escritos de defensa en los que sostuvieron que no existió incumplimiento. Alegaron que existía una disposición de Arca que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas para asociaciones civiles, y que la deuda ya había sido regularizada.

Desde la AFA también argumentaron que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de Arca y del Ministerio de Economía que impiden exigir deudas fiscales. Además, señalaron que la denuncia presentada por el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2025 constituye una persecución, dado que los primeros incumplimientos investigados datan de marzo de ese año.

Tapia y Toviggino solicitaron el sobreseimiento, pero el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.