Por mayoría, el Tribunal dispuso que el conflicto sobre el futuro de la causa que ya pasó por tres juzgados sea resuelto nuevamente con “celeridad”
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la investigación por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA al juzgado federal de Campana y resolvió que el conflicto de competencia sea definido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.
El futuro del caso será resuelto así por este Tribunal de Apelaciones intermedio, decidió por mayoría la sala I de Casación, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín que en enero pasado envió el expediente al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay. Este magistrado seguirá al frente de la pesquisa hasta que haya una nueva decisión judicial.
Una decisión dilatada
Se trata de una disputa clave que podría cambiar otra vez de manos la investigación, que va por su tercer juez desde que se presentó la denuncia ante la sospecha de que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habría comprado la mansión escriturada en 1.8 millones de dólares como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.
En un allanamiento ordenado por el primer juez del caso, Daniel Rafecas, se encontró una flota de autos de colección dentro de un galpón
La investigación incluye una flota de autos de colección encontrada en un galpón durante un allanamiento al lugar, que además tiene helipuerto y caballerizas y está orientada a establecer si todo pertenece en realidad a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio “Chiqui” Tapia, entre ellos su tesorero Pablo Toviggino.
La decisión abrió un nuevo capítulo en las idas y vueltas de esta investigación y volvió a dilatar una resolución. Por mayoría con los votos de los jueces que integraron para este caso la sala I del máximo tribunal penal federal del país, Angela Ledesma y Javier Carbajo, se decidió que la apelación de la fiscalía contra esa decisión de mandar el caso a Campana sea resuelta por otro tribunal, la Cámara en lo Penal Económico. Este último está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Son los mismos magistrados que analizan por estos días si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.
Al hacer lugar a lo planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas consideraron que era allí donde debió debatirse el asunto y no en San Martín, porque el último juzgado que intervino, el penal económico 10 por entonces subrogado por Marcelo Aguinsky, es de ese fuero. En disidencia, el juez Mariano Borinsky postuló que el recurso fiscal debía declararse inadmisible porque no se trató de una sentencia definitiva ni “equiparable a tal” y no se advirtió cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.
Además sostuvo que no se demostró “acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural” y que se incurrió en un “excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia” que derivó en una “solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal”.
Borinsky sí acompañó la postura del juez Carbajo a la hora de resolver que la nueva decisión se tome de manera colegiada y “con celeridad” en la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La competencia y la causa
El voto mayoritario de Casación concluyó que el juez federal de San Martín durante la feria de enero Alberto Lugones no tenía jurisdicción para resolver esa disputa que se originó por un planteo del acusado Pantano, quien pidió que el caso se lleve en Campana. La jueza Ledesma sostuvo que “las cuestiones de competencia que se susciten entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiere prevenido en la causa”.
En esa línea, el tribunal advirtió que apartarse de esas reglas “compromete la garantía del juez natural consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
Carbajo reforzó ese criterio al señalar que “la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia positivo entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10”. También destacó que la causa ya estaba radicada en el juzgado penal económico cuando Pantano promovió la inhibitoria ante Campana y remarcó que “ése es el ‘juez que previno’”.
Qué había pedido la fiscalía
Desde el 18 de marzo pasado, cuando la Sala I de Casación aceptó una queja y reabrió la discusión por la competencia entre González Charvay y Aguisnky, quien se había negado a dejar el caso, el tema estaba en discusión.
El fiscal ante Casación Mario Villar mantuvo la apelación de su colega de San Martín Carlos Cearras. Pidió que la causa por la mansión de Pilar volviera al primer juez que intervino tras la denuncia de Elisa Carrió, el federal porteño Daniel Rafecas, como segunda posibilidad pidió que siguiera en el juzgado penal económico 10 y como tercera, que se decidiera en la Cámara en lo Penal Económico. Esta fue la opción que tomó ahora Casación.
El helipuerto de la casaquinta de Pilar (foto Gaston Taylor)
La marcha del caso
En Campana, el juez González Charvay ordenó la semana pasada una batería de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos árabes y se construyó un helipuerto.
Cuando el caso estuvo a cargo de Aguinsky se comprobó que Pantano usaba una tarjeta de crédito corporativa de AFA, donde se cargaban los telepases de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos que están en la mira judicial. Por su parte, el primer juez del caso, Rafecas, allanó el lugar y mandó tasar todo. Allí se estableció que los bienes rondan los 20 millones de dólares, casaquinta incluida. La sociedad de los Pantano escrituró por 1,8 millones de dólares.
González Charvay, por su parte, ordenó peritajes contables y tasaciones de bienes, y dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la AFA, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, para determinar si el dinero para la quinta pudo haber salido de allí.
El juez de Campana recibió el caso porque ante el pedido de Pantano, reclamó la inhibición de la Justicia de CABA por un tema de territorio: la mansión y otras propiedades investigadas están en Pilar, bajo su jurisdicción. Pero al apelar, el fiscal Villar advirtió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito” en un entramado de lavado de activos que excede el lugar físico donde están las propiedades.
