Tras la inspección ocular realizada en 9 de Julio, el equipo de fiscales estuvo en el programa “O sea… digamos” y brindó detalles sobre esta acción previa al juicio por la desaparición del menor.
En una entrevista exclusiva este miércoles con el programa de streaming “O sea… digamos” de El Litoral, el equipo del Ministerio Público Fiscal que participó de la inspección ocular en 9 de Julio habló sobre la experiencia.
La fiscal general Tamara Pourcel y los auxiliares Gabriel Romero Olivello y María Soledad Branchi dieron detalles de las siete horas de recorrida por el naranjal, la casa de la abuela Catalina y el hotel céntrico. Revelaron que la fisonomía del terreno descarta un extravío voluntario, ratificaron la hipótesis de sustracción y confesaron su máxima esperanza: “Que alguno de los imputados rompa el pacto de silencio en el juicio”.
Siete horas de recorrida y una hipótesis certera
La inspección ocular previa al inicio del debate oral, fijado para el próximo 16 de junio a las 9, significó una caminata de más de 8 kilómetros por los escenarios clave de la causa.
Para la fiscal general Tamara Pourcel, el resultado del procedimiento es concluyente: “Lo que nosotros sacamos de esta inspección ocular es justamente reforzar la hipótesis que teníamos, que es que Loan fue sustraído, Loan no desapareció solo, a Loan lo sacaron del ámbito de custodia de su papá”.
Por su parte, el fiscal auxiliar Gabriel Romero Olivello explicó que el objetivo era que el tribunal tuviera una percepción directa de los lugares para contextualizar las declaraciones de los 160 testigos que pasarán por el debate.
Al recorrer el monte, los funcionarios se sorprendieron con las características del terreno, Romero Olivello detalló: “Yendo para la zona del botín, es una zona lejana de difícil acceso. Entre la maleza es difícil acceder, hay que agacharse mucho, hay muchas espinas. Son lugares complicados que nos refuerzan la teoría de que efectivamente a Loan lo sustrajeron”.
Esta impresión descarta las versiones que en su momento dio Laudelina sobre un supuesto accidente.
El misterio de las ventanas tapadas en el hotel
Un punto crítico de la inspección fue el relevamiento del hotel “Despertar del Iberá”, ubicado en el centro de la localidad de 9 de Julio, donde se alojaron diez de los sospechosos acusados de entorpecer la investigación inicial simulando ser miembros de una fundación benéfica.
“Accedimos al hotel y nos indicaron que por ejemplo las ventanas estaban todas tapadas, entonces no se veía de afuera para adentro”, comentó Romero Olivello y continnuó diciendo que “la hipótesis más fuerte que tiene este Ministerio Público Fiscal es que esos vidrios fueron tapados por las personas que estaban alojadas ahí con los menores adentro”.
Además, aportaron un dato insólito sobre el manejo del lugar: el propio dueño del establecimiento les manifestó a los jueces en la inspección que no conocía la identidad de los sospechosos y que “tuvo que buscar en Google los nombres de las personas que se habían alojado ahí”, dijo Romero Olivello, mientras que Pourcel ratificó que “está corroborado que no pertenecían a la Fundación Dupuy”.
El rol de la familia y el “pacto de silencio”
Los fiscales destacaron el acompañamiento y la entereza de los padres de Loan, María y José, junto a sus hermanos, quienes participaron de todo el trayecto en calidad de querellantes y principales damnificados de la apropiación del menor. “María estaba muy conmovida. José, su papá, estuvo muy predispuesto buscando todos los lugares. Los hermanos estuvieron en todo momento ayudando al tribunal con las ubicaciones”, explicaron.
Ante la inminencia del juicio, la fiscal auxiliar María Soledad Branchi no ocultó cuál es el principal anhelo del equipo acusador dentro de la sala de audiencias: “Que alguno de los imputados rompa el pacto de silencio, se quiebre… esa es la máxima expectativa que tenemos. La esperanza de saber la verdad a raíz del juicio, poder darle una respuesta a la familia, una respuesta a la sociedad”.
La batalla legal por los “siete fiscales”
Finalmente, las autoridades explicaron la complejidad técnica que rodea al debate, justificando el pedido para que el tribunal admita la conformación de un equipo ampliado de siete fiscales (dos generales y cinco auxiliares), un planteo que la defensa de los 17 imputados busca trabar alegando una supuesta “desigualdad de armas”.
“La igualdad de armas no es una cuestión aritmética. El código no establece cuántos fiscales pueden ser y nosotros como fiscalía somos uno solo, la Unidad Fiscal es una sola representación en bloque”, fundamentó Pourcel.
Romero Olivello respaldó la postura citando jurisprudencia del máximo tribunal penal: “Hay antecedentes recientes. La Cámara Federal de Casación ha dicho en la causa del ARA San Juan que no existe limitación alguna en la norma procesal que disponga un número de fiscales, y que limitar la actuación es ir en contra de la autonomía del Ministerio Público”.
Además, recordaron que se enfrentan a un expediente masivo que supera los 90 cuerpos de documentación bajo el nuevo sistema acusatorio, lo que demandará un esfuerzo físico e intelectual sin precedentes para el cual la Procuraduría de Trata (Protex) ya se encuentra plenamente autorizada a intervenir.
