El jefe de Gabinete deberá presentar una justificación patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita esperan dos informes clave para avanzar. Profundizan las averiguaciones sobre las criptomonedas
Ya es un hecho. En las próximas semanas, Manuel Adorni deberá dar explicaciones en los tribunales federales de Comodoro Py. La Justicia está ultimando detalles para convocarlo por dos causas: la que investiga el crecimiento de su patrimonio y la que escarba sobre su vínculo con su amigo periodista Marcelo Grandio, quien ganó contratos con el Estado y le pagó al jefe de Gabinete y su familia un viaje en jet privado a Punta del Este.
A pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) prepara un informe que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Ese análisis contable también precisará la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito, en caso de verificarse las irregularidades.
Para lograr esto, los especialistas de la DAFI están cruzando toda la información obtenida durante la pesquisa, desde los ingresos de dinero, deudas y los pagos más grandes para comprar propiedades hasta los gastos corrientes del día a día.
La inspección de todos los movimientos financieros estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio
Cuando la DAFI le ponga una cifra al supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, el fiscal Pollicita estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que haga un requerimiento de justificación patrimonial.
En Comodoro Py dan por hecho que el requerimiento se firmará. Lo único que resta saber es cuándo. “Hay períodos en los que no cierran los números de ninguna manera”, resumió ante este medio un investigador al tanto de las cuentas que hacen en la Justicia.
La declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 que Manuel Adorni debe presentar ante la Oficina Anticorrupción tampoco parece poder ayudarlo a evitar que le pidan explicaciones en lo inmediato.
Al responder el eventual requerimiento de justificación patrimonial, el jefe de Gabinete tendrá la oportunidad de defenderse de las sospechas y contar cómo compró y remodeló dos propiedades -un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz- sin vender las posesiones que ya tenía antes de ser funcionario. También podrá explicar de dónde sacó el dinero para viajar por el país y el mundo, además de comprar una nueva camioneta, y cómo pensaba pagar antes de noviembre los 335.000 dólares que adeuda a distintos acreedores.
Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso de la Justicia sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.
Mientras termina de delinearse el análisis patrimonial, los investigadores buscan echar luz sobre un último rincón de la causa: las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Manuel Adorni. Pero sospechan que puede haber más, y no descartan que haya activos digitales que pertenezcan al jefe de Gabinete, pero no estén a su nombre. Las averiguaciones están en pleno desarrollo.
Grandio y Punta del Este
Las averiguaciones en torno a Adorni, el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio y el viaje que hicieron juntos a Punta del Este en febrero de este año también están prácticamente agotadas. Esta causa es por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que está analizando las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, quien ocupa el cargo de presidente de la productora ImHouse, empresa que logró seis contratos con la TV Pública y Radio Nacional en la gestión libertaria.
La pregunta que subyace es si Manuel Adorni tuvo alguna influencia irregular sobre estas contrataciones para beneficiar a su amigo Grandio y a su productora.
Para el último feriado de Carnaval, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos viajaron juntos a Punta del Este, Uruguay. Entre ida y vuelta, los boletos costaron 7.830 dólares.
El jefe de Gabinete dijo públicamente haber pagado su parte, pero hasta ahora no apareció algún comprobante que lo demuestre.
¿Pudo el viaje a Punta del Este haber sido un retorno a Manuel Adorni por los contratos con el Estado que ganó Imhouse? Para responder esa pregunta es que el juez Lijo podría llamar a indagatoria al jefe de Gabinete.
La citación aún no está firmada ni tiene fecha, pero también aparece casi como un hecho en el panorama judicial del jefe de los ministros.
Fuentes judiciales indicaron que el llamado a declarar ocurriría en las próximas semanas, pero recién cuando llegue el informe de la DAJuDeCO y luego de que el mismo sea estudiado por los investigadores. Ese organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia está a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo.
