Los planes de los bancos para reducirlas y lo que espera el Gobierno
La falta de acceso a financiamiento formal y las dificultades para encauzar el problema impulsaron a bancos públicos y provincias a lanzar programas de refinanciación, en un escenario atravesado por la presión inflacionaria y la preocupación por el consumo
La morosidad en los créditos familiares y comerciales se disparó a lo largo de los últimos meses y rompió todos los registros de los últimos veinte años. El último informe de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones financieras subió del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En empresas, el ratio avanzó del 3,3% al 3,5%, mientras que el total de préstamos al sector privado alcanzó el 7,7%. Estos datos sitúan a la Argentina en un escenario de alerta para el sistema financiero y para las posibilidades de recuperación del consumo interno.
El deterioro de la capacidad de pago de las familias se refleja en que más del 27% de quienes accedieron a un préstamo dejó de ser sujeto de crédito. Esta exclusión afecta a casi siete millones de personas, que no pueden acceder a nuevas líneas de financiamiento ni regularizar su situación por los canales tradicionales. La suma de saldos en mora, tanto en entidades bancarias como no bancarias, evidencia una pérdida de solvencia extendida en todo el entramado social.
El impacto de la crisis crediticia difiere por franja etaria. Los jóvenes aparecen como el segmento más golpeado: el 40% de las personas menores de 35 años con créditos activos tiene al menos una obligación en situación irregular. Entre los deudores de 18 a 25 años, el nivel de morosidad escala al 42,8%, mientras que en el grupo de 26 a 35 años llega al 39,3%. En las siguientes franjas, la proporción desciende, aunque se mantiene elevada: el 31% de quienes tienen entre 36 y 45 años y el 23,5% de quienes tienen entre 46 y 55 años registra algún atraso.
En el segmento de entidades no financieras, donde se concentra cerca del 17% del total de créditos a familias, el nivel de mora alcanzó el 32,2% en mayo, comparado con menos del 10% un año y medio atrás. Esta dinámica refuerza la idea de que la crisis trasciende el circuito bancario tradicional y se expande hacia alternativas de financiamiento informal, con consecuencias directas para la estabilidad de los hogares.
El deterioro de los indicadores crediticios ocurre en paralelo a una drástica reducción de la oferta de préstamos por parte de los bancos privados. Estas entidades optaron por limitar la concesión de nuevos créditos, endurecer los requisitos de aprobación y evitar la actualización de límites en productos como tarjetas de crédito. La decisión obedece a la necesidad de “limpiar” sus carteras, priorizar la liquidez y reducir el nivel de riesgo en un contexto de retracción del consumo y alta volatilidad macroeconómica.
El intento de los bancos por reflotar a sus clientes
Mientras tanto, la banca pública cumplió un rol de contención, sosteniendo el nivel de préstamos y lanzando programas específicos para mitigar el impacto de la morosidad. El Banco Provincia puso en marcha el plan “Ponete al día”, que permite a los clientes regularizar deudas en mora hasta el 31 de mayo mediante la reducción de tasas, la extensión de plazos hasta 72 meses y condiciones personalizadas según el perfil crediticio. El esquema diferencia entre mora temprana y avanzada. Para quienes presentan atrasos de hasta 90 días y cobran sueldos, jubilaciones o pensiones en la entidad, la tasa anual es del 50%, con una reducción al 39% para ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. En casos de mora avanzada, la tasa baja al 31% anual, dirigida a quienes estarían sobreendeudados bajo condiciones convencionales. El plan incluye una alternativa específica para refinanciar deudas con tarjetas de crédito, con tasas del 41% anual en 60 cuotas para atrasos de hasta 70 días y deudas de hasta 10 millones de pesos.
El foco de estos programas está puesto en los sectores más vulnerables. Según datos oficiales del banco, en los primeros cinco meses del año se concretaron más de 66.000 acuerdos de recuperación de deuda por un monto de 234.000 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento del 157% respecto a igual período del año anterior.
La presión sobre los ingresos familiares y la dificultad para afrontar vencimientos de préstamos se traduce en una preocupación central para la sociedad argentina. Una encuesta reciente de la consultora Zentrix reveló que el 53% de los votantes del oficialismo considera que el peso de las deudas personales es su máxima inquietud económica. En el universo opositor, la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo ocupan el primer lugar, seguidos por la preocupación por los ingresos y salarios. Entre quienes apoyan al oficialismo, la corrupción y la incertidumbre económica también figuran como temas relevantes, aunque en menor medida que el endeudamiento.
La evaluación sobre la relación entre salarios e inflación muestra que dos tercios de los votantes oficialistas percibe que sus ingresos no logran superar la suba de precios. A pesar de ello, la proporción que considera que puede ahorrar llega al 18,5%, una cifra tres veces mayor que la de los votantes opositores. En este último segmento, la posibilidad de ahorrar es casi inexistente y la mayoría declara que sus ingresos sólo alcanzan hasta el día 20 de cada mes.
El análisis del contexto crediticio muestra que los bancos no están dispuestos a expandir los préstamos hasta que consigan reducir el nivel de riesgo y “depurar” sus carteras. La falta de demanda de financiamiento, el estancamiento del consumo privado y la preferencia de las entidades por colocar fondos en deuda pública explican la retracción. La única excepción radica en el crédito en dólares, que creció por el buen desempeño del comercio exterior y la prefinanciación de exportaciones. Algunas entidades presionan para flexibilizar las condiciones para prestar en moneda extranjera, aunque se mantienen restricciones desde la crisis de 2001.
En paralelo, distintas provincias lanzaron programas de desendeudamiento para amortiguar el avance de la mora bancaria y aliviar la situación financiera de los sectores más afectados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, aprobó un plan de refinanciación para deudas bancarias por préstamos personales y tarjetas de crédito, con tasas máximas del 35% y plazos de devolución de al menos 24 cuotas mensuales. El acceso está limitado a familias con ingresos inferiores a diez salarios mínimos y que presenten atrasos de entre 60 y 180 días. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia ofrece plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según el nivel de atraso. Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba implementaron esquemas similares, con bonificaciones en tasas y condiciones especiales para empleados estatales, jubilados y trabajadores privados o autónomos.
El Congreso nacional mantiene en carpeta varios proyectos de desendeudamiento familiar, impulsados por distintos bloques legislativos. El debate refleja la preocupación política y social por el crecimiento del endeudamiento y la necesidad de encontrar soluciones que eviten una profundización de la exclusión financiera.
Desde el Gobierno, confían en que la marcha de la macro va a poner las cosas en su lugar. El portavoz presidencial Adrián Ravier aseguró en su primera conferencia de prensa que la recuperación del crédito depende de ganarle a la inflación y que la baja de tasas favorecerá la actividad económica, la inversión y el consumo.
El último dato de inflación, del 2,1%, alimenta las expectativas oficiales de que el próximo registro baje aún más y permita romper la inercia inflacionaria. Mientras tanto, la recaudación tributaria nacional muestra una caída real del 5,6% en comparación con el año anterior, lo que genera tensiones con los gobernadores y complica la posibilidad de alcanzar acuerdos fiscales entre la Nación, las provincias y los municipios.
