“Lo estamos monitoreando”
Fuentes inobjetables de la Presidencia aseguraron que están siguiendo el episodio de España, aunque no hay modificaciones puntuales previstas. Las decisiones que ya tomó la Casa Rosada en el pasado
Ceuta intenta volver a la normalidad luego de que decenas de miles de personas llegaran a esa ciudad desde Marruecos, configurando uno de los episodios migratorios más graves en la historia reciente de España. El caso implicó un sacudón político al interior de la Unión Europea luego de que 22 de sus socios cuestionaran abiertamente la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez y pidieran mayores medidas para “combatir la inmigración ilegal”.
Esta crisis no se quedó solamente en territorio europeo, sino que generó una repercusión inmediata en los principales países de Occidente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agarró el episodio y opinó que “eso es lo que va a pasar en tres años si el bando equivocado llega al poder”. El mandatario calificó lo sucedido como “una invasión” y auguró que eso es lo que sucederá si es que “los demócratas llegan al poder” en su país.
No es una interpretación diferente a la que hizo el gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, el Presidente compartió en su cuenta personal de X diferentes interpretaciones por parte de figuras del ámbito libertario. Uno de los textos más extensos fue el del Director Ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, que atribuyó esa crisis a varios actores y estructuras.
Laje afirmó que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”, señalando así a los “globalistas al frente de la Unión Europea” como uno de los principales culpables. Además, responsabiliza a la “industria de las ONG”, a la “ideología multicultural” y al “wokismo”, al que define como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos: opresores históricos de buena parte del mundo según esta narrativa habrían contraído una deuda moral permanente que hoy debería saldarse mediante políticas de fronteras abiertas”.
Se trata de lecturas que apuntan directamente sobre el funcionamiento de la política migratoria europea, pero que sugieren que puede haber aspectos que puedan seguir reviéndose en el plano local.
Infobae consultó con una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo y supo que Javier Milei está muy atento a la crisis migratoria en Ceuta. Ante la consulta sobre si hay en evaluación más medidas vinculadas a la normativa migratoria argentina, la respuesta fue “lo estamos monitoreando”.
Por pura coincidencia, horas antes de que emergieran las primeras novedades desde Ceuta, el Gobierno había anunciado el miércoles por la noche la publicación de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilita impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por su nacionalidad, así como a quienes ultrajen símbolos patrios, una decisión que en Casa Rosada atribuyeron como respuesta a la supuesta “campaña antiargentina”.
La Oficina del Presidente sostuvo que el endurecimiento del régimen migratorio busca preservar la integridad social, el respeto hacia la Argentina y sus símbolos, además de prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia y el orden institucional. La comunicación oficial afirmó que la decisión responde a episodios recientes de tensión derivados de declaraciones interpretadas como ofensas a la República y a sus habitantes.
Un funcionario del Gobierno atribuyó esta medida a algo más vinculado a la denominada “batalla cultural” y que su disparador no se debió a algún tipo de preocupación ligada a la inmigración. Aun así, vistos los episodios recientes, la normativa migratoria podría estar sujeta a nuevas modificaciones, si es que el Presidente lo considera apropiado.
De todas maneras, uno de los miembros de la mesa política del Gobierno ratificó ante Infobae que “al momento no se está hablando de eso”.
Frontera de Argentina y Bolivia
La administración libertaria ya había realizado cambios en mayo del año pasado a través de la publicación de otro DNU, el 366/2025, el cual modificó la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros.
Allí, el Poder Ejecutivo redefinió categorías de residencia e incorporó criterios más estrictos para la admisión y permanencia en el país. El objetivo declarado era impedir el ingreso de personas que puedan “representar un riesgo” para la seguridad pública y asegurar que quienes entren lo hagan de manera legal y con intenciones claras.
La normativa publicada puso de manera tácita que los extranjeros deben presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina. Allí deben informar los motivos de su entrada y comprometerse a no desvirtuarlos. El texto también refuerza el control sobre la documentación migratoria y endurece las sanciones para quienes ingresen de forma irregular o utilicen documentos falsos.
En la plataforma que la alianza nacional de La Libertad Avanza presentó ante la Cámara Nacional Electoral se establecieron las siguientes propuestas en términos de política migratoria: 1) “Prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales”; 2) “Incorporar sensores móviles, vehículos, drones, satélites y todo equipamiento necesario para el control de fronteras y lograr la recopilación de información para prevenir delitos complejos y monitorear fronteras de manera remota”; y 3) “Deportación Inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país”.
