Y advirtió a empresas que operen en las islas
Desde el Gobierno advirtieron que profundizarán las medidas contra quienes exploten recursos sin autorización.
Cancillería rechazó una guía publicada por el Reino Unido para empresas y particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas Malvinas y volvió a advirtir que profundizará las medidas contra quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
El documento, titulado “Doing business with the Falkland Islands”, está dirigido a compañías y personas que realicen actividades económicas en las islas, suministren bienes o servicios o intervengan directa o indirectamente en el desarrollo de sus recursos naturales. Allí, el gobierno del Reino Unido sostiene que la legislación argentina no se aplica en el territorio y ofrece respaldo a las empresas.
La guía también recomienda a las compañías que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas que busquen asesoramiento jurídico independiente. Además, señala que está dispuesto a respaldar a empresas, subsidiarias o proveedores que enfrenten presiones en terceros países por sus actividades vinculadas con las Malvinas.
Frente a la publicación, la Cancillería expresó su “más enérgico rechazo” y cuestionó que Reino Unido impulse actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
El Gobierno argentino reafirmó su posición sobre la soberanía de los archipiélagos y sostuvo que se encuentran “ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”. Al mismo tiempo, advirtió que profundizará las medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra empresas, inversores y proveedores que participen en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
El conflicto por el proyecto Sea Lion
La respuesta de Cancillería se da además en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El Gobierno argentino ya había cuestionado la denominada Decisión Final de Inversión del proyecto y convocado a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta.
