“Por los casos Hotesur y Los Sauces”
Los debates se harán por separado. El primero comenzará el 23 de octubre y el segundo el 19 de marzo de 2027, según resolvió el Tribunal Oral Federal 5. También están acusados Máximo Kirchner y Cristóbal López
El Tribunal Oral Federal 5 dispuso el desdoblamiento de los juicios por Hotesur y Los Sauces que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, al concluir el 17 de septiembre de 2026 que las acusaciones tienen objetos distintos y que un debate unificado podría extenderse por más de dos años.
El proceso por Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00, mientras que el debate por Hotesur fue fijado para el viernes 19 de marzo de 2027 a la misma hora. Ambos juicios serán presenciales.
La decisión separa las causas que habían sido acumuladas por su conexión procesal, pero que, según el tribunal, presentan mecanismos atribuidos, sociedades, bienes, fuentes de fondos y pruebas diferenciadas. La medida no altera las acusaciones, la prueba admitida ni el derecho de defensa de las partes.
El tribunal evaluó que cada expediente cuenta con casi 200 testigos propios y que las listas coinciden parcialmente en poco más de 20 personas. Un juicio conjunto obligaría a defensas, querellas y abogados con intervención limitada a uno de los casos a asistir a audiencias dedicadas a pruebas ajenas a sus representados.
La resolución sostuvo que esa dinámica “no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión”. Para los jueces, el desdoblamiento permitirá convocar a cada testigo en el proceso que le corresponde y ordenar bloques de prueba homogéneos.
Las dos causas
En Los Sauces, la acusación sostiene que la sociedad facturó $25.968.042,30 entre 2009 y 2016 por alquileres a empresas de los grupos Báez e Indalo, una suma que habría representado 88 % de su facturación durante ese período.
La causa Hotesur examina una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que habrían provenido de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez.
La hipótesis sostiene que parte de esos recursos habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de establecimientos hoteleros y la intervención de la firma Valle Mitre.
El requerimiento de elevación a juicio señaló que Valle Mitre pagó a Hotesur más de $28 millones durante la relación comercial y atribuyó la canalización de cerca de $6,9 millones hacia el hotel Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013. La pesquisa indica que los fondos habrían sido presentados como rentas legítimas de la actividad hotelera.
En Los Sauces, en cambio, la acusación incluyó una presunta asociación ilícita y lavado de activos a través de contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras.
Los fiscales vincularon los pagos tanto con empresas de Báez como con compañías del Grupo Indalo, cuyos desembolsos fueron relacionados con supuestos beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.
Audiencias presenciales
Los jueces resolvieron habilitar los sábados 24 y 31 de octubre de 2026 y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 para garantizar la continuidad del juicio por Los Sauces. La segunda semana de la feria quedó reservada para una eventual habilitación.
Las audiencias de ese debate se realizarán los lunes, viernes y sábados, aunque el esquema podrá ajustarse para compatibilizar las agendas de los magistrados. El tribunal indicó que sus integrantes pertenecen a distintos tribunales orales federales y mantienen intervención en otros debates ya iniciados.
La resolución remarcó que Los Sauces presenta un mayor avance en las medidas de instrucción suplementaria y que no correspondía sujetar su inicio a diligencias aún pendientes en Hotesur. “No existe razón para que el expediente más avanzado deba aguardar diligencias pendientes del otro”, afirmaron los jueces.
El Tribunal Oral Federal 5 también solicitó a los poderes del Estado información sobre la situación laboral y los cargos públicos actuales o anteriores de las personas imputadas en Los Sauces. Además, requirió informes socioeconómicos, antecedentes penales y registros de la Policía Federal Argentina y de la Dirección Nacional de Reincidencia.
