Un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto comenzó a analizar el proyecto de ley del Gobierno que amplía las sanciones por la explotación de recursos en las islas.
El Gobierno comenzó a defender en Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, durante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El proyecto es analizado desde las 12 en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. La primera reunión será de carácter informativo y contará con la exposición de funcionarios y especialistas.
El oficialismo trabaja con un cronograma acelerado. La intención es volver a reunir a las comisiones el martes 6 de octubre para intentar emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, en una sesión que también podría incluir proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento.
La iniciativa tiene 133 artículos y, según explicó el oficialismo, busca reforzar los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, aunque también incorpora modificaciones al sistema de defensa y un nuevo esquema de seguridad nacional.
El debate comenzó con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, que reclamó la presencia de los ministros responsables de las áreas involucradas y pidió conocer el cronograma de tratamiento. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, cuestionó la ausencia de los ministros y anticipó que su bancada buscará compatibilizar el debate con un pedido de sesión especial para rechazar el DNU 70/23.
Agustina Propato, también de Unión por la Patria, reclamó que concurran el canciller y el ministro de Defensa para explicar el proyecto y responder las preguntas de los bloques opositores.
Además, vinculó el debate con la derogación de la Ley de Tierras y sostuvo que el Gobierno debería restablecer esa normativa para evitar la extranjerización de tierras. “Tiene la posibilidad de demostrar que es un viraje de soberanía”, planteó Propato durante el plenario de comisiones.
Qué propone el Gobierno con la nueva ley de Soberanía Nacional
Durante la presentación, Paula Taddei, representante de Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, explicó que el proyecto se estructura sobre tres pilares: sancionar la explotación ilegítima de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental, generar incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de herramientas para responder ante amenazas externas.
Según explicaron por su parte, el secretario de Asuntos Estratégicos, Juan Ignacio Stampaglia y el general Jorge Puebla del Ministerio de Defensa, uno de los capítulos centrales está vinculado con la defensa de los recursos naturales.
La iniciativa busca derogar y reemplazar la ley 26.659 por un régimen con sanciones más severas, además de establecer mecanismos para el cese de actividades prohibidas y regular las responsabilidades para evitar que los infractores puedan eludir las normas.
Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (LLA), defendió el proyecto y remarcó que se trata de una iniciativa extensa, cuyo eje está puesto en la defensa de los derechos soberanos sobre Malvinas y el Atlántico Sur.
También destacó que el texto incorpora un régimen de protección de infraestructura crítica y modificaciones a la ley de Defensa Nacional vinculadas con las amenazas externas.
El oficialismo informó además que la semana próxima está previsto comenzar con la participación de expositores propuestos por los distintos bloques. La intención, según explicó el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Saúl Zapata, es establecer en una nueva reunión la semana próxima, una cantidad razonable de expositores por jornada en proporción a la representación de cada bloque.
Los cuestionamientos de la oposición: Consejo de Seguridad, Fuerzas Armadas y libertad de prensa
El debate subió de tono durante las intervenciones opositoras. Entre gritos, insultos y forcejeos al comienzo de la discusión, distintos diputados cuestionaron que el proyecto combine la cuestión Malvinas con modificaciones en materia de seguridad y defensa.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo a cargo de Jorge Taiana (Unión por la Patria), quien planteó dudas sobre el alcance del proyecto. El legislador criticó que la iniciativa avance sobre aspectos que, a su entender, exceden el objetivo específico de reafirmar la soberanía sobre Malvinas.
Por su parte, Esteban Paulón (Provincias Unidas) puso el foco en la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Durante el debate cuestionó que el proyecto reúna en una misma iniciativa la cuestión Malvinas y una nueva arquitectura de seguridad y planteó que ambos temas deberían discutirse por separado.
También advirtió sobre las facultades que podría concentrar el Poder Ejecutivo y el eventual involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Según la descripción realizada durante el debate, el organismo estaría integrado por los ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, además de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Otro de los puntos discutidos fue el eventual empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior.
Desde la oposición plantearon reparos sobre la posibilidad de modificar la separación entre defensa nacional y seguridad interior y sobre las facultades que tendría el Poder Ejecutivo bajo la nueva arquitectura institucional.
Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, centró su intervención en el DNU 70/23, la ley de Tierras y las políticas de seguridad. También cuestionó declaraciones del presidente Javier Milei sobre los “30.000 terroristas” y reclamó una sesión de la Cámara para tratar el decreto.
El diputado Pablo Juliano de la Unión Cívica Radical (UCR) puso el foco en las nuevas herramientas jurídicas que contempla la iniciativa y planteó interrogantes sobre el alcance de conceptos como “riesgos”, “amenazas”, “influencia” e “interferencia extranjera”.
Juliano preguntó qué situaciones podrían habilitar una respuesta rápida del Estado, cuáles serían los plazos y qué mecanismos de control mantendría el Congreso. También sostuvo que debía precisarse el alcance de las facultades que se otorgarían ante situaciones consideradas excepcionales.
Otro de los puntos que cuestionó fue el tratamiento de la información periodística. Juliano planteó cómo se determinaría cuándo una nota periodística constituye información falsa y pidió precisiones sobre el alcance del artículo 225 bis que se busca incorporar.
Durante esa parte del debate también se mencionaron informes y cartas de ADEPA vinculados con el impacto que podría tener la norma sobre la libertad de prensa. En la comisión se planteó la necesidad de establecer una diferenciación entre el trabajo periodístico, el debate político y las conductas que puedan constituir un delito.
El financiamiento y el rol del Congreso, otras dudas que surgieron en el debate
Otro de los interrogantes planteados durante el plenario estuvo relacionado con el financiamiento de las nuevas responsabilidades que tendría el Estado. En particular, se mencionó el Presupuesto 2027 y los recursos destinados a Defensa frente a las nuevas funciones previstas en el proyecto.
Desde la oposición también preguntaron a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos por qué se crea el Consejo de Seguridad Nacional y cómo se compatibilizará su funcionamiento con la ley de Seguridad Interior. El planteo apuntó a determinar si la nueva arquitectura institucional mantiene la
