Se buscará vender el 44% de las acciones de las acciones de la empresa que maneja Atucha I, II y Embalse.
El Gobierno se prepara para privatizar de manera parcial Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), la empresa que opera las tres centrales nucleares del país.
Este miércoles, a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, se modificó el estatuto de la compañía mediante asambleas y se fijó un capital de $6,69 billones.
La medida forma parte del proceso para avanzar con la venta parcial de la empresa, autorizada por la Ley Bases de julio de 2024, y la implementación de un programa de propiedad participada.
El paquete accionario de la empresa está distribuido entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), que tiene el 1% restante.
Nucleoeléctrica es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I -fuera de servicio desde septiembre de 2024 para extender su vida útil-, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país.
El Gobierno anunció el plan de privatización en septiembre de 2025. En ese momento, la Secretaría de Energía explicó que la incorporación de capital privado permitirá obtener los fondos necesarios para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de la vida útil de la central nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).
Según Energía, la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva.
Cómo será el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
El plan del Gobierno contempla vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional.
Además, se organizará un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, que permitirá incorporar a los trabajadores de la empresa como accionistas.
En tanto, el 51% restante quedará en manos del Estado. Así lo había adelantado el Gobierno a mediados de 2025 en cumplimiento con la Ley Bases.
