El episodio dejó heridas abiertas. En las provincias aliadas sostienen que el Ejecutivo volvió a repetir una dinámica que ya generó ruido en otras discusiones: acordar un esquema y modificarlo sobre el final.
El Gobierno sufrió un traspié político que excedió la caída de un capítulo del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La decisión de incorporar a último momento el Capítulo XI, que incluía la derogación de la Ley de Discapacidad y del Financiamiento Universitario, desató un fuerte malestar entre gobernadores que venían acompañando a Javier Milei tras semanas de negociación. El resultado fue el apoyo a la ley en general, pero con un nuevo un límite que terminó volteando ese apartado clave.
El episodio dejó heridas abiertas. En las provincias aliadas sostienen que el Ejecutivo volvió a repetir una dinámica que ya generó ruido en otras discusiones: acordar un esquema y modificarlo sobre el final. Esa lectura explica por qué varios mandatarios ordenaron a sus diputados no acompañar el capítulo, aun cuando habían facilitado el avance del proyecto en términos generales.
Con el capítulo rechazado, el Presupuesto pasó al Senado y la Cámara Alta emitió dictamen tal como fue girado de Diputados, sin cambios ni incorporaciones. Las dudas sobre un posterior incumplimiento de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario profundizó la desconfianza entre los gobernadores dialoguistas.
La inclusión de último momento y el quiebre de confianza
En las provincias interpretaron que la insistencia con el Capítulo XI respondió a la presión por sostener el equilibrio fiscal. La derogación de ambas leyes implicaba un ahorro estimado en torno del 0,5% del PBI. El problema, señalan los gobernadores, fue haber avanzado sin aviso previo y fuera de los márgenes acordados y sobre temas sensibles cuyas leyes habían sido apalancadas por legisladores que les responden.
La modalidad de votación por capítulos terminó de complicar el escenario. Al concentrar varios artículos en un solo bloque, el rechazo fue total y dejó afuera también otras disposiciones, como actualizaciones y compensaciones que sí contaban con consenso. Para los aliados, fue una mala decisión política que el oficialismo pagó con una derrota evitable, pero que además volvió a tensar el vínculo entre Milei y los gobernadores, que nunca terminó de ordenarse.
La caída del capítulo se explicó en números. Diputados de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén y del bloque Provincias Unidas lo rechazaron, aun cuando habían acompañado el Presupuesto en general y cuando se perjudicaban en otras medidas. Fue un mensaje coordinado de que no estaban dispuestos a convalidar ese tipo de maniobras.
Según pudo sondear TN, en varias provincias lo calificaron como un error político evitable. No se trató solo del contenido, sino de la forma. La incorporación tardía del capítulo reordenó una votación que el oficialismo daba por controlada y expuso a los aliados a un costo político alto en temas especialmente sensibles.
En varias provincias coincidieron en que la presión por sostener el equilibrio fiscal terminó desbordando los márgenes del acuerdo posible. La lectura que circuló fue que el Ejecutivo buscó concentrar en un solo capítulo un ajuste que sabía resistido, con la expectativa de disciplinar votos a último momento. El efecto fue el inverso.
ATN, promesas y un respaldo que no alcanzó
Para conseguir los votos, el Gobierno intentó aceitar el vínculo con transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solo en diciembre se giraron unos $66.500 millones, según datos del IARAF. Tucumán recibió $20.000 millones; Misiones, $12.000 millones; Chaco, $11.000 millones; Catamarca, $10.500 millones; Entre Ríos, $7000 millones; y Salta, $6000 millones. Esas provincias concentraron el 33% de los $198.000 millones distribuidos en todo 2025.
Sin embargo, ese reparto no logró asegurar el apoyo al capítulo cuestionado. Incluso distritos que recibieron fondos ordenaron votar en contra, pero crearon un nuevo problema con otros temas que quedaron excluidos.
“Esta picardía legislativa parlamentaria de hacer votar todo por capítulo y haber rechazado en su totalidad este capítulo XI, también ha dejado afuera la actualización de la asignación universal por hijo, las tarifas de gas en la zona fría. Hay muchas cosas que han quedado afuera, que es lamentable”, cuestionó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en Radio Mitre. Y Agregó: “Introducir de golpe dos leyes muy sensibles, derogarlas o pretender derogarlas de un momento a otro también ha llevado a que suceda esto”.
A eso se sumaron los compromisos vinculados a cajas previsionales que, según las provincias, no quedaron reflejados de manera consistente en el Presupuesto 2026. El texto prevé $122.000 millones para las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, cuando las cifras son de al menos $149.333 millones solo en cuatro distritos: Córdoba ($20.000 millones), Entre Ríos ($36.000 millones), La Pampa ($60.000 millones) y Chaco ($33.333 millones). Esa diferencia alimentó el malestar y la sensación de que los acuerdos se anuncian, pero luego se relativizan en la letra fina.
El Senado, la advertencia y la pelea con el PRO
En la Cámara Alta, el dictamen respetó la versión de Diputados y dejó afuera el capítulo rechazado. El oficialismo apuesta a sancionar el Presupuesto sin reabrir esa discusión, consciente de que un nuevo intento de modificarlo podría reactivar el conflicto con los aliados.
Los gobernadores acompañarían el trámite final, pero con la advertencia de que lo sucedido encareció su respaldo futuro. La señal es que el Gobierno deberá reconstruir la confianza si pretende sostener mayorías en debates que vienen, como la reforma laboral.
Pero el malestar no quedó circunscripto a las provincias. La negociación paralela por los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) sumó tensión con el PRO, que acusó al oficialismo de cerrar acuerdos a sus espaldas con otros bloques y presentó un amparo judicial.
Para los gobernadores dialoguistas, ese conflicto funcionó como espejo de una forma de negociar que acumula aliados heridos. Si el Gobierno tensiona incluso con un socio central, la desconfianza se multiplica. El resultado es un escenario más áspero, con apoyos condicionados y la advertencia de que el acompañamiento existe, pero no es incondicional.
