En el decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, detallaron que las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el Gobierno nacional confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial. Las funciones del exorganismo quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud.
En las páginas publicadas, explicaron que tras el Decreto N° 601/25, en el que se dispuso la intervención de la ANDIS para realizar una investigación del organismo y, promover una reorganización funcional que “permita el cumplimiento de las funciones que se le han encomendado, ajustado a los principios rectores de transparencia, de igualdad en el trato, de eficacia y de eficiencia”.
Como consecuencia se elaboró un “Informe final de intervención”, donde el Gobierno detectó “un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos, con falta de interoperabilidad y ausencia de estándares comunes, lo que afecta de manera directa la gestión del Certificado Único de Discapacidad, de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y del Programa Federal Incluir Salud, generando duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para seguir trayectorias de vida de las personas beneficiarias”.
Además encontraron “irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud”.
Por lo que el Gobierno tomó la decisión de disponer la centralización orgánica y funcional de la ANDIS en una Secretaría del Ministerio de Salud y, en consecuencia, la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama de dicho ministerio.
Eso no es todo, sino que también en el mismo decreto explicaron que “con el objeto de dotar al Ministerio de Salud y sus entes descentralizados de herramientas ágiles para el cumplimiento de los objetivos planteados resulta necesario prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026”.
Ya que de no prorrogarse la emergencia sanitaria “sin la adopción de medidas de transición y compensación adecuadas implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, afectaría el acceso de la población a la atención sanitaria y podría generar consecuencias irreversibles en la red asistencial”.
