Manifestantes campesinos, mineros y obreros reclamaron la renuncia del presidente boliviano y protagonizaron. Hay heridos, desabastecimiento y tensión por una posible reforma sobre el estado de excepción.
Manifestantes de sectores campesinos, mineros y obreros protagonizaron esta tarde violentos enfrentamientos con la Policía en pleno centro de la ciudad de La Paz, en medio de una creciente crisis política y social en Bolivia. Las protestas incluyeron reclamos por la renuncia del presidente y derivaron en choques en las inmediaciones de la calle Ayacucho, la avenida Camacho y del Prado.
Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, bombas de estruendo, vehículos blindados e hidrantes. Del otro lado, grupos de manifestantes respondieron con piedras, proyectiles lanzados con gomeras y la instalación de barricadas para impedir el avance policial.
Durante la jornada también se registraron intentos de los manifestantes por avanzar hacia la Plaza Murillo y el Palacio Quemado, dos de los principales puntos políticos de la capital boliviana.

En medio de los incidentes, se reportaron trabajadores de prensa heridos por impactos de piedras mientras realizaban la cobertura de las protestas.
Estado de sitio
En paralelo a los disturbios, el Senado boliviano analiza una modificación de la ley de estado de excepción para habilitar al Gobierno a declarar el estado de sitio sin necesidad de autorización parlamentaria.
La tensión ya había escalado en los días previos con incidentes en la ciudad de El Alto, donde manifestantes afectaron instalaciones vinculadas al Ministerio de Obras Públicas.

Los bloqueos instalados por los manifestantes y la resistencia a liberar rutas provocaron además el fracaso de los corredores humanitarios previstos para garantizar el ingreso de alimentos y otros insumos básicos.
En tanto, La Paz atraviesa una situación crítica de desabastecimiento de alimentos y combustible, en un contexto de creciente conflictividad social y política.
Rodrigo Paz Pereira intenta desactivar el conflicto social
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira busca desactivar el conflicto social que ya lleva un mes y mantiene paralizada gran parte de Bolivia. Mientras aguarda nuevas herramientas para intervenir, aseguró que avanzará con “todas las opciones disponibles dentro de los límites de la Constitución”.
“El Estado de excepción podrá ayudar a restaurar la concordia en Bolivia”, sostuvo el mandatario. En ese marco, el Congreso avanza con una iniciativa para restablecer esa herramienta, que había sido prohibida durante los gobiernos del MAS encabezados por Evo Morales y Luis Arce.

El Senado ya aprobó la derogación de esa restricción y envió el proyecto a la Cámara de Diputados.
Si la medida prospera, el Gobierno podrá ampliar los operativos de seguridad para despejar calles y rutas bloqueadas desde hace semanas, especialmente los accesos que mantienen aislada a La Paz.
En los últimos días, la presencia de efectivos fuertemente armados permitió habilitar algunos corredores y mejorar parcialmente el ingreso de combustible y alimentos a la capital boliviana. La situación alivió las extensas filas de automovilistas que pasaban días enteros esperando cargar nafta. Aunque persisten las demoras, el tiempo de espera se redujo a varias horas.
Después de un mes de protestas y cortes, Santa Cruz de la Sierra, uno de los principales centros económicos del país, también comenzó a registrar dificultades en los accesos y problemas en el abastecimiento de mercaderías.

















