Los isleños piden convocar a un referéndum
Los 3.500 habitantes de las islas están divididos sobre el emprendimiento, que traería inversión y empleo, pero los críticos afirman que el costo ambiental sería demasiado alto, según el diario inglés The Guardian
El debate sobre la instalación de granjas de salmón en las Islas Malvinas quedó atravesado por un pedido de referéndum impulsado por vecinos que rechazan el proyecto y cuestionan la instancia de consulta abierta por las autoridades del archipiélago, según informó el diario británico The Guardian. La discusión divide a una población de 3.500 habitantes entre la expectativa de inversión y empleo y las advertencias por posibles daños sobre uno de los ecosistemas costeros más sensibles del Atlántico sur.
El artículo del medio británico describió a las Islas Malvinas como “uno de los últimos territorios vírgenes del planeta”. El diario británico señaló que sus aguas costeras, ricas en kril y calamares, sostienen poblaciones de lobos marinos, elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies locales de pingüinos, que superan en número a las personas.
El eje económico de la iniciativa está en manos de Unity Marine, una sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. De acuerdo con el reporte de The Guardian, la empresa propone criar 50.000 toneladas de salmón al año en 16 ubicaciones, lo que daría lugar al mayor desarrollo industrial costero en la historia del archipiélago. Una evaluación encargada por el gobierno malvinense estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría sumar 35 millones de libras esterlinas (casi USD 48 millones) por año a la economía local, equivalente al 11% del PBI del territorio, además de generar 133 puestos de trabajo.
Frente a esa proyección, la organización Salmon Free Falklands (SFF), creada por residentes para oponerse al emprendimiento, pidió que la definición quede en manos de la población. “Entonces será la gente la que decida qué ocurre en su propio país”, afirmó Sally Poncet en declaraciones recogidas por The Guardian. La activista sostuvo que perdió la confianza en la consulta iniciada el 7 de agosto y prevista hasta el 30 de octubre.
Imagen de archivo de un bote aproximándose a la costa en Puerto Argentino, en Islas Malvinas. REUTERS/Marcos Brindicci
La objeción principal del grupo apunta a la calidad de la información puesta a disposición del público. Poncet afirmó que los informes encargados por las autoridades como parte del procedimiento se apoyan en datos aportados por Unity Marine que, según su planteo, no pueden verificarse de manera independiente. También sostuvo que existe “información insuficiente” sobre el impacto que la industria tendría sobre las islas y remarcó su preocupación por la posibilidad de que los desechos del salmón afecten los bosques de algas, las áreas de desove del calamar y otras especies silvestres.
En otro tramo citado por The Guardian, Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental australiana y actual asesora de SFF, calificó los documentos oficiales como “casi carentes de valor”. La especialista cuestionó que todavía no exista una determinación científica rigurosa de la capacidad de carga ambiental, es decir, de cuántos peces de cultivo podría soportar la zona sin alterar el equilibrio del ecosistema.
Cherrie agregó una crítica más amplia al diseño de la evaluación estatal. “La capacidad de carga todavía no fue determinada mediante un proceso científico riguroso”, dijo al diario británico. A continuación sostuvo: “Los costos de la regulación y de los efectos todavía no fueron calculados, de modo que los habitantes de las Malvinas no cuentan con un análisis de costo-beneficio que les permita tomar una decisión informada”. Entre otras omisiones, señaló la falta de precisiones sobre cómo se eliminarían peces muertos en casos de mortandades masivas, episodios que ya se registraron en otros polos de producción salmonera.
A esas objeciones se sumó Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la organización Blue Marine Foundation. El especialista consideró “extraordinario” que el gobierno de las Malvinas presente al público informes que no emplean datos primarios verificados de manera independiente. Su crítica fue aún más lejos al afirmar: “Los informes están tan cargados de aclaraciones sobre las fuentes de información que terminan careciendo de sentido”.
El gobierno local sostuvo una posición formal de neutralidad. Un portavoz dijo al diario que la administración no está ni a favor ni en contra de la salmonicultura y explicó que los estudios encargados buscan alimentar la discusión pública a partir de distintos escenarios posibles, y no otorgar aprobaciones definitivas a un proyecto concreto. También rechazó la idea de que los riesgos ambientales no hayan sido expuestos con claridad.
Según esa explicación oficial, el informe sobre capacidad de carga fue solicitado “solo para mostrar cómo se aplicaría el proceso de modelización a un proyecto potencial”, y no para fijar la capacidad real de las Malvinas. Un tercer documento, centrado en los impactos socioeconómicos, tampoco incluyó una cuantificación de futuros costos regulatorios porque, según el gobierno, no pueden estimarse con precisión en esta etapa del proceso.
Los antecedentes del proyecto
El conflicto arrastra antecedentes políticos y judiciales. En 2022, las autoridades del archipiélago habían rechazado la instalación de una granja de salmón. Más tarde, Unity Marine promovió una revisión judicial con el argumento de que antes de aquella decisión debía haberse realizado una consulta en toda la isla. Ambas partes alcanzaron luego una orden consensuada que anuló la resolución de 2022 y abrió el procedimiento de consulta que hoy vuelve a poner el tema en el centro del debate público.
Desde el sector empresario, James Wallace, director gerente de Fortuna, defendió el camino adoptado. Explicó a The Guardian que Unity Marine no solicitó una licencia de operación inmediata, sino que permitió al gobierno contar con tiempo para investigar la viabilidad de la cría comercial de salmón a gran escala, incluidos sus efectos sociales, ambientales y económicos. También señaló que la administración pidió a la compañía un plan de negocios indicativo para ayudar a proyectar qué podría ser posible desde la perspectiva empresarial.
Vista del cartel de bienvenida a las Islas Malvinas. EFE/Felipe Trueba/Archivo
Wallace sostuvo además que el proceso actual todavía está en fase de investigación y destacó la publicación de informes preliminares independientes y la realización de consultas públicas. En ese marco, afirmó: “Esperamos que un proceso de decisión informado sobre si la salmonicultura a gran escala es adecuada para las Islas Malvinas incluya una evaluación de impacto ambiental sólida”. Añadió que ese análisis debería responder a las preguntas planteadas por los residentes y ayudar a determinar si los riesgos pueden mitigarse con éxito y si los beneficios prometidos llegarían a concretarse.
El artículo de The Guardian expone así una disputa que combina economía, ambiente y legitimidad institucional en un territorio de escala reducida y alta sensibilidad ecológica. La promesa de diversificar ingresos y crear empleo convive con el temor a que una actividad intensiva modifique de forma permanente el frente costero, afecte especies clave y altere un paisaje marino que hoy figura entre los principales argumentos de quienes rechazan el proyecto.
Con la consulta pública abierta hasta el 30 de octubre, el pedido de referéndum impulsado por Salmon Free Falklands busca trasladar la decisión final a los habitantes del archipiélago, en un escenario donde la discusión sobre el futuro productivo de las Islas Malvinas quedó ligada a la solidez de la evidencia ambiental y a la confianza que la población deposite en el proceso oficial.
