Lo tramita la defensa oficial que representa a Bernardino Antonio Benítez, el tío del nene desaparecido en 9 de Julio en 2024.
La Defensoría Oficial a cargo de Enzo Di Tella, representante del imputado Bernardino Antonio Benítez, reclamó en la súltimas horas el apartamiento del presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni, que lleva adelante el juicio por Loan Peña. Según manifestó, existe “temor fundado de parcialidad”.
La recusación -como se denomina el trámite efectuado para desplazar a Ceroleni del juicio- fue presentada con una serie de fundamentos y pedidos que en paralelo Di Tella reclama que se sustancien.
Por ejemplo, que además de pasar el tema a la fiscalía federal a cargo de Carlos Schaefer, se trasalade también a las demás defensas que actúan en el juicio por Loan, para que puedan generar aportes al respecto.
En ese sentido, se presentó en la tarde de este viernes un pedido para “subsanar omisión”, pues el Tribunal ya envió el caso a la Fiscalía pero no se conoció que se haya trasladado a los demás abogados defensores que actúan en el debate.
POR QUÉ INTENTAN SACAR AL JUEZ
De acuerdo con la presentación del abogado del imputado Benítez, hay un “temor fundado de parcialidad”, expresado en diversas actitudes de quien orienta el debate desde el estrado.
La presentación, que consta de 26 páginas, fue hecha “en un marco de absoluto respeto y con cuestiones marcadamente objetivas”, expresaron desde el entorno de Benítez al anticipar los fundamentos incorporados al trámite para solicitar que otro magistrado ocupe el cargo de Ceroleni.
“Esta recusación excepcional que realizo, la primera en mi vida en el cumplimiento de mis funciones, me fue muy difícil llegar, pero resulta absolutamente necesario dentro del marco del estricto cumplimiento de mi función pública como Defensor Oficial. Más aún por la certeza de la inocencia que tengo sobre mi defendido. Quiero que Bernardino Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde a la producción de la prueba en este juicio oral y público. No que sea condenado por la presión social y mediática y sobre el concepto que generaron sobre Benítez los medios y la opinión pública (que si bien son muy importantes), que en este caso han tergiversado mucho la realidad y quizás influenciado en los actores judiciales”, introdujo Di Tella.
Y desarrolló: “Considero que las circunstancias acumuladas durante el desarrollo de este juicio han alcanzado una dimensión que excede ampliamente las naturales diferencias propias de un debate oral y que comprometen una garantía elemental de mi asistido. A tal punto que este planteo lo realizo mediante presentación por escrito y no lo oralizo en la audiencia de debate, pues temo que, al igual que en otras ocasiones, no se me dé el tiempo necesario para esgrimir los argumentos que aquí expongo”.
Según el defensor de Benítez, el Tribunal ha ampliado “sistemáticamente” las posibilidades de intervención de los fiscales en el juicio en lo que hace a objeciones, la introducción de hechos nuevos y las posibilidades de repreguntar a testigos.
“Se ha advertido -dice la presentación- que el Presidente ha interrumpido la palabra cuando las defensas formulan objeciones, al punto de no conceder directamente el uso de la palabra, si esta no es solicitada previamente. Pero lo que aquí se quiere no es “tener el uso de la palabra” por parte de las defensas, sino de ejercer un derecho constitucional”.
