Manuel Adorni deberá justificar una veintena de inconsistencias en la declaración jurada que presentó para intentar justificar la evolución de su patrimonio.
El ex jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, tiene plazo hasta este miércoles para justificar ante la Justicia el meteórico despegue de su patrimonio desde su desembarco en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. Deberá hacerlo antes el fiscal federal Gerardo Pollicita luego de que un informe técnico detectara una serie de inconsistencias en la evolución de sus bienes y gastos.
El plazo original había sido prorrogado por 15 días hábiles a pedido de la defensa de Adorni. El juez federal Ariel Lijo aceptó el planteo y extendió el tiempo disponible para que el exfuncionario pudiera acceder a la documentación incorporada al expediente y preparar su respuesta. La nueva fecha límite vence esta semana.
Manuel Adorni junto a Javier Milei.
El requerimiento fiscal surgió después de un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que realizó un cruce entre las declaraciones juradas de Adorni, información bancaria, registros de propiedades, operaciones con activos virtuales y movimientos migratorios. El análisis consta de 207 fojas.
Las inconsistencias de Manuel Adorni
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el grupo familiar de Adorni registró ingresos en pesos por unos 229,7 millones de pesos, mientras que los gastos relevados alcanzaron aproximadamente 272,8 millones de pesos. La diferencia, cercana a 43,1 millones de pesos, es uno de los puntos que el exfuncionario deberá explicar ante la Justicia.
A ese desbalance se suma otro capítulo de la investigación referido a operaciones en moneda extranjera. La fiscalía detectó erogaciones por unos 402.578 dólares que, según el análisis incorporado a la causa, tampoco quedarían explicadas por los recursos declarados. El dinero habría sido utilizado, entre otras cuestiones, para operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres y viajes al exterior.
Manuel Adorni, exfuncionario del Gobierno de Javier Milei.
Uno de los puntos sobre los que deberá
responder Adorni es el origen de los dólares en efectivo que incorporó a sus declaraciones juradas a través de rectificaciones y que atribuyó a la venta de activos. La fiscalía le pidió que precise qué bienes fueron vendidos, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad de los fondos.
La situación patrimonial de dos inmuebles también forma parte del requerimiento. Adorni deberá explicar el origen de los fondos utilizados para la compra del lote en el country Indio Cuá, así como las erogaciones destinadas a la remodelación de la propiedad. En particular, la investigación puso el foco en pagos en efectivo realizados al contratista Matías Tabar, por unos 245 mil dólares.
También tendrá que responder por la adquisición de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y por los fondos utilizados para comprar el mobiliario de esa propiedad. La fiscalía busca determinar cómo se financiaron esas operaciones y por qué algunas de las erogaciones aparecen vinculadas patrimonialmente a su esposa, Bettina Angeletti.
Manuel Adorni y Bettina Angeletti
Las explicaciones solicitadas abarcan además préstamos declarados con familiares, la compra de una camioneta Jeep, gastos realizados durante viajes al exterior y determinados consumos que habrían sido abonados mediante terceras personas. La fiscalía también pidió precisiones sobre honorarios profesionales vinculados con operaciones inmobiliarias.
Otro capítulo de la investigación está relacionado con las criptomonedas. La Justicia pidió información a plataformas de activos virtuales para reconstruir operaciones y determinar el origen de los fondos con los que Adorni dijo haber iniciado sus inversiones. El exfuncionario había declarado públicamente que contaba con criptoactivos desde antes de su ingreso a la función pública.
La fiscalía también detectó movimientos en cuentas bancarias que, según el requerimiento, no estarían vinculados con ingresos salariales provenientes del Estado. Por eso, el descargo deberá incluir precisiones sobre el origen de esos depósitos y sobre otros fondos incorporados a las declaraciones juradas.
