Consta de 133 artículos pero solo entre el 30% y el 40% de su contenido está directamente vinculado con la cuestión de la soberanía y las Malvinas. El resto plantea modificaciones sustanciales en el funcionamiento del sistema de defensa y seguridad.
La iniciativa de reforma de la Ley de Defensa Nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei no se limita a endurecer la posición argentina frente al Reino Unido por la disputa de soberanía sobre las Malvinas. El proyecto propone, además, cambios de mayor alcance en el sistema de Seguridad Nacional y nuevas atribuciones para el control y la protección de los espacios marítimos. Esos cambios ya generan reparos entre especialistas, representantes de la industria pesquera y funcionarios relacionados con las áreas de seguridad y defensa.
El texto consta de 133 artículos. De acuerdo con los análisis que circulan entre los diputados que estudian la propuesta, entre el 30% y el 40% de su contenido está directamente vinculado con la cuestión de la soberanía y las Malvinas. El resto plantea modificaciones sustanciales en el funcionamiento del sistema de defensa y seguridad.
La iniciativa recibió numerosas críticas durante los últimos días. Entre otros cuestionamientos, se señala que incorpora disposiciones sobre materias que ya cuentan con legislación vigente y utiliza conceptos que fueron objetados por organizaciones vinculadas a la prensa, debido a los posibles efectos sobre la libertad de expresión. También incluye definiciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo que, según sus detractores, se superponen con normas existentes.
Pero uno de los aspectos que despierta mayor preocupación está relacionado con el control del mar. Diferentes informes señalan que el proyecto podría generar una superposición de funciones entre la Prefectura Naval Argentina y el Comando Conjunto Marítimo, bajo conducción de la Armada. En otras palabras, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una antigua discusión acerca de los límites entre las funciones de ambas instituciones.
La cuestión central es determinar quién debería establecer, ante un incidente en el mar, si se trata de un asunto policial, una infracción administrativa, un delito o una situación que pueda ser considerada una amenaza para la seguridad nacional y que, por esa razón, habilite la participación de las Fuerzas Armadas.
Actualmente, la Prefectura posee
responsabilidades específicas vinculadas con la seguridad de la navegación y el control de los espacios marítimos. El nuevo proyecto incorpora categorías relacionadas con la seguridad nacional que, según sus críticos, podrían ampliar el margen de actuación de las Fuerzas Armadas.
Un caso hipotético permite entender mejor el alcance de la discusión. Un buque pesquero que opere de manera ilegal, no comunique su posición o ignore una orden de las autoridades podría estar cometiendo una infracción pesquera, un delito aduanero u otra conducta que corresponda atender a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, si ese mismo hecho fuera considerado además una amenaza o un desafío externo para la seguridad nacional, podría plantearse la intervención de la Armada.
Según los informes revisados por la prensa, uno de los principales problemas del proyecto es que no establece con suficiente claridad quién debe realizar esa primera evaluación ni qué autoridad tendría el control en cada escenario.
A esto se suma otra discusión: la definición de los espacios marítimos sobre los cuales se aplicarían las nuevas facultades previstas por la iniciativa.
Los especialistas que examinaron el texto advierten que resulta necesario diferenciar con precisión entre el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva (ZEE), los ríos y los lagos, dado que cada uno de esos espacios está sujeto a un régimen jurídico diferente.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) establece distinciones importantes. Mientras que en el mar territorial el Estado ribereño ejerce soberanía, en la Zona Económica Exclusiva dispone de derechos soberanos específicos, principalmente relacionados con la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales.
Esta diferencia cobra especial importancia en el contexto de la actual disputa diplomática con el Reino Unido. El gobierno de Milei recurrió recientemente a la CONVEMAR para iniciar un procedimiento de arbitraje contra Londres por la explotación de recursos en zonas que la Argentina considera ilegítimamente ocupadas.
Por ese motivo, la manera en que la nueva legislación establezca las facultades estatales sobre cada uno de los espacios marítimos no constituye una cuestión exclusivamente técnica. También puede tener implicancias en la estrategia argentina frente a la disputa por la soberanía.
Otro de los aspectos que se encuentra bajo análisis es la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Según el proyecto, ese organismo estaría integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El Ministerio de Seguridad, en cambio, no forma parte de la estructura propuesta.
Para los críticos de la iniciativa, esta configuración podría favorecer una ampliación de las competencias del área de Defensa sobre cuestiones que, hasta ahora, se encuentran principalmente dentro del ámbito de la Seguridad Interior.
También generan cuestionamientos las definiciones amplias utilizadas para describir posibles riesgos, amenazas y desafíos externos. Una de las fuentes consultadas para este análisis advierte que esa amplitud podría permitir que situaciones de naturaleza muy diferente —desde un ciberataque o una operación financiera hasta una campaña de desinformación, una protesta que reciba apoyo externo, una actividad criminal transnacional o una navegación irregular— sean consideradas, bajo determinadas circunstancias, como un “desafío externo no cinético”.
Así, el debate que desembarca en el Congreso va mucho más allá de la cuestión Malvinas. El proyecto también plantea una discusión de fondo sobre los límites entre Defensa y Seguridad Interior y sobre qué autoridad debe intervenir en el control del territorio y de los espacios marítimos argentinos.
