Este lunes vence el ultimátum que Argentina le dio al Reino Unido para suspender la explotación petrolera cerca de las islas. Ante el rechazo británico, el Gobierno prepara una ofensiva judicial internacional para frenar el proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino le dio plazo a Londres hasta el lunes 12 de octubre para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, que contempla la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
Ante la negativa británica, la Casa Rosada prepara una ofensiva judicial internacional.
La advertencia argentina tiene una consecuencia concreta: si el Reino Unido no suspende las actividades, el Gobierno avanzará con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales destinadas a frenar el emprendimiento.
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Malvinas, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
Las estimaciones difundidas sobre el yacimiento hablan de recursos petroleros del orden de los 1.700 millones de barriles. La primera producción comercial está prevista para 2028, mientras que las perforaciones comenzarían en 2027. El proyecto contempla inversiones millonarias y representa una apuesta económica estratégica para las autoridades isleñas.
Para la Argentina, sin embargo, la explotación de esos recursos sin su consentimiento constituye una actividad ilegítima en un territorio cuya soberanía reclama históricamente y que permanece bajo administración británica desde 1833.
El 28 de septiembre, Milei ordenó iniciar las acciones necesarias para recurrir al procedimiento arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y estableció un plazo hasta el 12 de octubre para que Londres suspendiera las actividades vinculadas con Sea Lion.
La respuesta británica fue contundente. El 30 de septiembre, el Reino Unido rechazó el arbitraje impulsado por la Argentina y ratificó que las actividades petroleras se desarrollan conforme a la legislación vigente en las islas y al derecho internacional.
Desde las Malvinas, las autoridades isleñas también minimizaron las advertencias argentinas y manifestaron su confianza en que el proyecto continuará avanzando.
Sin embargo, la ofensiva diplomática ya comenzó a generar algunas consecuencias. La empresa Halliburton confirmó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto, mientras que Navitas reconoció dificultades con determinadas contrataciones, aunque aseguró que el emprendimiento seguirá adelante.
La Argentina cuenta con un antecedente importante en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, recurrió a ese organismo para conseguir la liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana por una demanda de acreedores. El tribunal ordenó liberar el buque aproximadamente un mes después de la presentación argentina.
Aunque se trata de conflictos jurídicos diferentes, aquel episodio demuestra que el organismo puede adoptar medidas urgentes sin esperar una sentencia definitiva.
La ofensiva argentina enfrenta, sin embargo, una dificultad central: el tribunal no tiene competencia general para resolver la soberanía de las Islas Malvinas. Su intervención está limitada a controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de la Convención sobre el Derecho del Mar.
Por eso, la Cancillería deberá demostrar que la explotación petrolera vulnera obligaciones internacionales. El Gobierno también invoca las resoluciones 2065 y 31/49 de Naciones Unidas, que reconocen la disputa de soberanía e instan a evitar modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente una solución negociada.
El conflicto también comenzó a extenderse hacia Chile, donde las autoridades isleñas buscan fortalecer sus vínculos comerciales, especialmente con Punta Arenas. Las tensiones por las conexiones aéreas y marítimas agregan una dimensión regional a la controversia.
Según pudo saber A24.com, este lunes la Argentina podría formalizar su pedido de medidas provisionales y solicitar la suspensión de las actividades petroleras. El tribunal podría aceptar el planteo, establecer restricciones parciales o rechazar la solicitud por cuestiones de competencia.
El vencimiento del ultimátum no significa que las operaciones deban detenerse automáticamente. Tampoco implica que el tribunal vaya a pronunciarse de inmediato.Pero sí marca un nuevo capítulo en el conflicto entre Buenos Aires y Londres.
Por primera vez, el gobierno de Javier Milei intenta llevar esta controversia petrolera a un mecanismo internacional de arbitraje. El desafío será transformar una advertencia diplomática en una acción judicial eficaz.
Porque detrás de Sea Lion no solamente hay petróleo. También está en juego quién tiene derecho a disponer de los recursos naturales de un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa histórica.
Y esa discusión, más de cuatro décadas después de la guerra de 1982, sigue sin encontrar una solución.
En pocas palabras
Argentina denunciará: El Gobierno llevará la disputa por el petróleo de Malvinas a un tribunal internacional si el Reino Unido no suspende el proyecto Sea Lion.
Acción judicial: Se presentará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar solicitando medidas provisionales para frenar la explotación petrolera.
Soberanía en juego: La explotación sin consentimiento argentino vulnera las resoluciones de la ONU sobre la disputa territorial.
