Un total de 22.501 titulares del plan social no recibirán el pago durante tres meses por haber realizado viajes fuera de la región de Latinoamérica.
El Gobierno nacional oficializó hoy la suspensión del pago por tres meses a más de 22.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habían realizado viajes al exterior, según determinó la justicia.
Se trata de un total de 22.501 titulares del programa Potenciar Trabajo, que perdieron “su condición de vulnerabilidad social” teniendo en cuenta “el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario”, se indica en los considerandos de la norma publicada hoy.
Según se recuerda en el texto, el 5 de octubre de 2023 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló una denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior.
De esta manera, quedó radicada una causa por supuesto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en la secretaría Nro. 2 del Juzgado Federal Nro. 1, con intervención de la Fiscalía Federal 5.
Luego, el 22 de noviembre de 2023 se libró un oficio al entonces Ministerio de Desarrollo Social para “determinar quienes se encuentran cumpliendo los requisitos de compatibilidad e incompatibilidad para ser beneficiario del mismo, así como todos los datos personales y laborales de los responsables de dicha área, desde el día de creación del beneficio mencionado hasta la actualidad”, una solicitud que fue reiterada el 28 de diciembre de 2023, ya con el nuevo gobierno.
Según se detalla en la resolución, el 9 de enero pasado, el ministerio realizó una presentación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, de la ciudad, en donde “se requirió autorización para el acceso a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los Beneficiarios del Potenciar Trabajo” y la justicia libró un oficio autorizando el acceso al entrecruzamiento.
En ese entrecruzamiento de datos, se analizó que los viajes detectados hayan sido “mayor a 30 días a cualquier destino, y/o que el viaje haya sido en avión o crucero y/o que el destino del viaje haya sido fuera de la región de Latinoamérica”.
