Son 10 personas en su mayoría profesionales que fueron acusados de entorpecer la investigación y violación de medios de prueba, entre otras cosas.
Se cumplen hoy cuatro meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad de 9 de Julio y la investigación sigue como el primer día, sin ningún dato certero sobre el paradero del niño de 5 años que había ido por primera vez a la casa de su abuela en paraje Algarrobal a un almuerzo familiar.
En una de las causas conexas, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, -a pedido de la Fiscalía Federal- procesó con prisión preventiva a 10 de los presuntos “asesores” que se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy. La acusación más grave que pesa sobre ellos es “entorpecimiento de investigación”, aunque no es la única imputación.
También se los incriminó por atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad.
Se trata de Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Nuñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López y Federico Rossi Colombo.
De todos, Soria, es el más conocido de todos los detenidos, ya que se hacía llamar “el americano”, y se presentaba como agente de la CIA o de Interpol, por lo cual se le sumó el procesamiento de “usurpación de títulos de honores” además de una acusación de “suministro gratuito de estupefacientes”.
Entre ellos, en su mayoría son abogados; hay un psicólogo como el caso de Colombo y un oficial primero de la Policía de la Ciudad como ser Rubio.
Para sostener la acusación, la la Justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad de 9 de Julio, “entrenaban” a tres de los niños que estuvieron en el naranjal aquel 13 de junio pasado. También a Camila Núñez, testigo clave en la causa, y a la hija de Laudelina Peña, Macarena, según publicó Infobae.
La sospecha se inició, cuando la jueza ordenó que los menores y las nombradas regresen a sus domicilios particulares y el llamado “americano” intentó impedir el mandato.
Fallo
“El caso concreto y visible de la obstaculización de este grupo emerge del día en que Prefectura pretendió realizar un acto habitual como es el reconocimiento de quienes estaban en el interior del denominado ‘hotel’, aunado a que contaban con una orden judicial al estar menores adentro”, dice el texto firmado por la magistrada.
Luego añadió que no fue posible realizar el procedimiento “por las acciones que ellos habrían desplegado para evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching) resulta una faena dificultosa para las autoridades predispuestas por la casi inmediata intervención que tuvieron desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado”.
Frente a la situación planteada la jueza expresa que “el impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”.
Además establece que “la amplitud probatoria evidenciada respecto de todas las partes del proceso en el transcurso de las investigaciones desde el comienzo en instancia federal, las diversas oportunidades de efectuar los respectivos descargos garantizando plenamente los derechos de cada una de ellas, son fundamento de solidez de las constancias de la instrucción que permiten fundar el auto de procesamiento hacia los diez detenidos en las causas acumuladas”, indica el extenso documento judicial de más de 550 páginas.
