El oficialismo carece de los respaldos necesarios en el Senado para suprimir las PASO. Los aliados rechazan las colectoras y el Ejecutivo posterga las definiciones electorales para fin de año.
El Gobierno no encuentra salida a su propósito de reformar la ley electoral. Le faltan los sufragios en el Senado y el respaldo interno suficiente para defender con firmeza las modificaciones propuestas.
El núcleo del debate gira alrededor de la continuidad o supresión de las PASO. El Ejecutivo impulsa su eliminación esgrimiendo el costo económico, mientras la oposición observa con cautela y aguarda. En las tratativas, algunos funcionarios de Balcarce 50 sugirieron a los gobernadores la opción de habilitar listas colectoras por distrito, una figura que esos mismos sectores criticaron en el pasado.
Otro escollo para el oficialismo reside en que varios de sus propios integrantes dudan de esa solución. Patricia Bullrich calificó las colectoras como “un retroceso” y confesó que no le “gustan”. Horas después matizó sus dichos: aunque no le agraden, “no encontramos un sistema mejor”.
“Existen diversas alternativas sobre la mesa: eliminar las PASO, volverlas no obligatorias ni cerradas para los afiliados, con financiamiento estatal que se diluya en el tiempo, y las colectoras”, reconoció un legislador esta semana tras la reunión de Labor Parlamentaria para la sesión del 16 de julio.
La Libertad Avanza enfrenta un problema adicional: descontada la negativa del peronismo, sus socios de la UCR, el PRO y los partidos provinciales tampoco muestran entusiasmo. “Pretenden que los gobernadores les resuelvan los problemas con candidatos en todas las provincias”, deslizó un senador opositor. “Una resolución en el corto plazo parece improbable”, agregó.
Ese clima domina el Senado, donde el Ejecutivo prioriza la aprobación de zonas frías. Todo lo que el oficialismo ofrece en negociación lo vuelca en ese proyecto, del cual planea extraer los $300.000 millones para financiar el presupuesto universitario.
A esta complejidad se suman gobernadores que rechazan las colectoras. Osvaldo Jaldo (Tucumán) transmitió su desacuerdo a Diego Santilli durante los actos por el Día de la Independencia. A su negativa se suman Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut).
En los despachos aliados del Senado, el tema pierde prioridad. Lo que antes dominaba la agenda ahora cede relevancia. Los socios recuerdan al oficialismo el acuerdo inicial: cualquier cambio electoral debía cerrarse antes de finalizar el primer semestre. Ahora advierten que el Gobierno deberá aguardar hasta el último trimestre. Los bloques aliados transmiten a los enviados oficialistas que una resolución para finales de noviembre, en pleno debate del Presupuesto 2027, resulta poco factible. La ley que el Ejecutivo remitirá el 15 de septiembre deberá incluir el gasto para las elecciones de 2027
