Aceptó modificar el proyecto tras las presiones de Estados Unidos y los reclamos de bloques aliados.
Cambios en las sanciones
Las penalidades alcanzarían a las empresas que operen ilegalmente en Malvinas, sus proveedores y accionistas directos. Quedarían excluidas las filiales, subsidiarias y accionistas sin participación relevante en las actividades de exploración.
Otras modificaciones
El Gobierno aceptó incorporar al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del nuevo Consejo de Seguridad y crear una comisión bicameral de control. También se evalúa exigir autorización del Congreso para acciones militares drásticas. Por otra parte, se modificará el artículo que castiga la desinformación coordinada por agentes extranjeros, para excluir expresamente la actividad periodística, académica y el debate público.
